Créditos: Mercedes Vaides
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Las Comunidades de Población en Resistencia, quienes vivieron la represión estatal durante el Conflicto Armado Interno que 36 años en Guatemala, viajaron hacia la ciudad capital para defender la democracia en el país.

Por Prensa Comunitaria

Estas comunidades están integradas por personas del pueblo Ixil y K’iche’, quienes durante la década de los ochenta tuvieron que huir como resultado de la represión estatal. En ese entonces, cientos de pueblos y aldeas fueron arrasadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este extremo fue considerado como genocidio por un Tribunal de Guatemala.

El ente internacional detalló que la fuga de pobladores se hizo hacia las zonas selváticas de Quiché, la Sierra Ixil y el Ixcán fronterizo con México. También hubo otras comunidades con las mismas características en Petén, en los diferentes lugares fueron conocidas como las CPR, Comunidades de Población en Resistencia o Comunidades Populares en Resistencia, en estas áreas permanecieron escondidos del mundo exterior y fuera del control gubernamental”, en particular del Ejército que les perseguía y atacaba.

La Comisión explicó que en tales lugares se asentaron 50 mil personas, pero desarrollaron su vida en condiciones materiales infrahumanas, creando al mismo tiempo un “profundo vínculo organizacional”.

La CIDH agregó que estas comunidades surgieron a la luz pública en 1990, año en el que decidieron denunciar los ataques sufridos por el Ejército. Tres años después, una delegación de las comunidades se reunió con el entonces presidente Ramiro de León Carpio.

Han pasado cuatro décadas desde ese suceso histórico y este jueves 26 de octubre, los sobrevivientes volvieron a la ciudad a realizar un conjunto de actividades. Primero, se reunieron en la Plaza de los Derechos Humanos, frente al Palacio de Justicia.

“Si somos pocos nos masacran, si somos muchos nos temen, si somos todos los tumbamos”, decía una de las pancartas que fueron colocadas en esta área. “La lucha sigue hasta ver caer a estos corruptos”, dijo una de las participantes.

En el lugar, las Comunidades de Población en Resistencia pidieron la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y Fredy Orellana, juez séptimo que ordenó al Ministerio Público (MP) invadir el proceso electoral. Posteriormente, iniciaron una caminata que tuvo, como primera parada, el Congreso de la República.

En el Legislativo, los sobrevivientes solicitaron que se apruebe la iniciativa 6300 para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público y que el presidente pueda remover a la fiscal general.

Frente al Congreso fueron recibidos por los diputados Samuel Pérez, de Semilla; Andrea Villagrán, reelecta por Semilla; y Édgar Batres, de Winaq. El diputado Pérez dijo que los pueblos indígenas están demostrando que se tendrá un mejor país y futuro.

Por su parte, Villagrán agradeció a los pueblos resistencia, ya que gracias a “su dignidad han mantenido una lucha defendiendo la democracia”. “No podemos permitir que un grupo de golpistas quiera arrebatarnos lo poco que hemos avanzado”, acotó.

“¡Qué viva la resistencia!”, expresó Batres en el inicio de su discurso. El parlamentario de Winaq mencionó que “no están para ignorar las demandas del pueblo que, a nivel nacional, es una: ¡fuera los corruptos!”, puntualizó.

Otros espacios

Tras su paso por el Congreso de la República, las Comunidades de Población en Resistencia se dirigieron hacia la Casa Presidencial, en donde refirieron que están “cansados” de tanta injusticia en contra del pueblo.

“¿Por qué no quieren respetar la democracia en nuestra patria? ¿Será que ellos se creen ser los únicos dueños de la nación? Nosotros somos los dueños de esta nación”, manifestó una representante del colectivo.

La marcha se dirigió a la Corte de Constitucionalidad (CC), en donde pidieron que se cumpla con garantizar el derecho de manifestación pacífica y que la máxima corte no emita resoluciones represivas que incitan a la violencia y la criminalización de los manifestantes.

La caminata finalizó en la sede central del Ministerio Público, en donde se unieron a las demás autoridades ancestrales que, desde el 2 de octubre, exigen la renuncia de la fiscal general.

Grupos

A la Comunidades de Población en Resistencia, provenientes de Chimaltenango, Escuintla, Suchitepéquez y Xela, se unieron en la marcha el Movimiento Ciudadano del Sur. Aproximadamente participaron en la caminata más de un centenar de personas.

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