Por Sergio Palencia Frener*
Desde el inicio fue estrategia gubernamental llamar a la OEA. La estrategia ha sido la aparente y teórica separación de poderes de Estado. El presidente Giammattei aduce no poder solicitar la renuncia de la fiscal Porras, esta misma afirma que no lo hará. Luego Giammattei acusa al candidato ganador del Movimiento Semilla, Arévalo, como promotor de la actual crisis. Se habla de la necesidad del diálogo concertado entre autoridades indígenas, OEA y el gobierno.
El resultado de las pláticas a puertas cerradas entre Giammattei y las autoridades indígenas fue, básicamente, repetir que no se puede pedir la renuncia de Porras. Luego el mismo Giammattei deja abierta una estrategia de desgaste donde las autoridades indígenas y la OEA hipotéticamente visitarán a la Corte de Constitucionalidad e incluso a la Fiscal Porras. Esta “separación de poderes” es estrategia del “Pacto de corruptos” para entrampar la demanda popular de la renuncia y ganar tiempo.
Materialmente, sin embargo, está en marcha un proceso de desabastecimiento de la población en general que tiene como objetivo desesperar a la población y quitarles el apoyo a las autoridades indígenas. Uno, mediante la escasez de agua en los barrios urbanos, política llevada a cabo por el mismo gobierno en contubernio con el alcalde capitalino Quiñónez. Dos, crear caos a partir de la competencia entre vecinos por la gasolina, la comida y abarrotes de primera necesidad, algo que ya pasa en Mazatenango o en Nebaj.
Pero el más peligroso fruto del entrampamiento en las pláticas con el gobierno es el ataque paramilitar a los puntos de manifestación y asambleas. Ayer se registraron disparos de finqueros y paramilitares en Santa Elena, Petén, como amenazas directas de empresarios armados contra uno de los bloqueos en Alta Verapaz. En la capital, Cayalá y Carretera al Salvador han sido espacios sumamente antagónicos – de clase, de apoyo al régimen – al paro, con empresarios armados y acompañados de seguridad de centros comerciales con armas largas.
A esto hay que agregar la nula legitimidad que tiene la Corte de Constitucionalidad, no sólo porque está integrada por el Riosmonttismo y alfiles de Giammattei, sino porque se ha reelegido arbitrariamente a través de un contubernio con la hegemonía de Giammattei en el Congreso, de la agenda política de los partidos golpistas VAMOS, la UNE y, por supuesto, los empresarios del CACIF.
Dos posibilidades del entrampamiento por negociación: uno, la desesperación y división del malestar popular ante el golpe y su transformación discursiva en “esa instancia no me pertenece”; dos, el tiempo necesario para atacar los puntos de bloqueo mediante paramilitarismo empresarial o antimotines, por lo menos cuando aún esté la mirada de la OEA. El gobierno podría responder que no puede controlar esos ataques, algo que viene practicando con el paramilitarismo desde, por lo menos, la década de 1960 con Mano Blanca o el Ejército Secreto Anticomunista.
Esta estrategia de desgaste es un método estatal para salir de crisis en momentos en que se busca imponer una agenda, una política o, en este caso, impedir que un candidato ganador acceda a la presidencia. Es un panorama difícil donde no sólo se prueba la paciencia de la razón y el espíritu sino del hambre del estómago y un potencial malestar al interior de las propias familias de los manifestantes.
Me parece que la única manera de consolidar el movimiento es no separarse del motivo y razón de la autoridad: las asambleas de aldeas, de barrios.
La creación de una política alterna hacia abajo con quienes han sostenido los puntos de manifestación, una lucha por quitar la hegemonía de los comités únicos de barrio en Ciudad de Guatemala o al monopolio clientelista de la municipalidad en el altiplano. Es necesario persistir en la forma asamblearia, de integración de varios pueblos indígenas del altiplano, a través de convocatorias, diálogos, reflexiones en conjunto. No sólo de líderes, sino de pueblos, de aldeas. Esto se ha venido haciendo por parte de las autoridades indígenas, hay que seguir desarrollándolo. A la resistencia en la ciudad le toca profundizar la política del barrio.
Un punto crucial será exigir al alcalde Quiñónez que devuelva el acceso al agua a los vecinos de las zonas 6, 17, 18, entre otras.
El gran peligro con de la supuesta negociación de Giammattei es que el énfasis de la política se centre solamente en visitar Cortes o funcionarios, en dejarse atrapar por su discurso. Si esto sucede, podrían cerrarse los horizontes políticos, se podría caer en la impotencia del “no se puede cambiar, es muy difícil” mientras se exacerba el hambre, la sed y la violencia contra los manifestantes. El pan y el agua de la vida biológica serán tan necesarios como el pan y el agua del seguir congregándonos en aldeas, barrios y piquetes.
*Profesor-investigador de antropología histórica en la Universidad William & Mary, Estados Unidos. Ha publicado diversos trabajos sobre historia y etnografía de Mesoamérica. Su más reciente libro, Rebelión estamental y el origen del Estado finquero en Guatemala, 1780-1940 (UNAM, 2021), estudia la política de casta finquera y distintos momentos de resistencia de las comunidades mayas del país.
