“Vivimos tiempos en los que nuestra mente es el principal botín de guerra. Dominar las mentes es dominar el mundo y tener el camino expedito para hacer cualquier barbaridad con la complicidad general”. Edith Sánchez
Por Luis Mack
¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la crisis que vivimos en la actualidad? Para responder la interrogante hay que empezar haciendo el recuento de los acontecimientos que se han desencadenado hasta la fecha, haciendo una correlación con el contexto en el que se desarrollaba cada arremetida del sistema.
Para iniciar hay que enfatizar que la crisis empezó apenas una semana después de conocerse el triunfo de Semilla, con la solicitud girada por el Juez Fredy Orellana y ejecutada por la FECI, de intentar suspender provisionalmente la personería jurídica del partido, alegando supuestos vicios en el proceso de conformación del partido. Los señalamientos eran, por un lado, que en las listas de afiliación partidaria había ciudadanos a los que se les había falsificado la firma; además de que existía un número de personas fallecidas a los que se les había afiliado.
La segunda acusación, la más importante, argumentaba que en el proceso de recopilación de firmas, el partido había pagado una cantidad de dinero por firma recolectada, por lo que el monto pagado podría tipificarse como lavado de dinero: “el Movimiento Semilla pagó Q7 por firma recolectada, por lo que multiplicado por más de 25 mil firmas, que necesitaba el Movimiento Semilla para constituirse como partido político, suman la cantidad aproximada de Q175 mil, desconociendo su fuente de financiamiento, lo que daría lugar a la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos”, argumentó el fiscal Rafael Curruchiche.
La primera incongruencia estaba en las figuras delictivas usadas: primero, se tipifica como Lavado de Dinero para que se pudiera usar la Ley contra la Delincuencia Organizada (Decreto número 21-2006), que en su artículo 82 establece la posibilidad de suspender temporalmente la personería jurídica de quién se investiga, y ya que dicha ley fue aprobada durante el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), tenía que ser cursada por la vía de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y no de la Fiscalía contra Delitos Electorales. El meollo del asunto es que si se usaba esta última, la acción legal hubiera sido abortada, pues se hubiera aplicado la prohibición del artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que prohíbe cancelar partidos en época electoral.
La segunda incongruencia se debe a lo rebuscado del delito al que se le acusa al Semilla, el Juez Orellana ordenó un absurdo: suspender al comité proformación del partido y su personería jurídica, considerando que los hechos denunciados datan de 2018, cuando dicho comité proformación existía. Sin embargo, 2023, esa instancia ya no estaba vigente, porque su vigencia terminaba al constituirse como partido. La tercera incongruencia, incluso peor, era que si el partido, tal como se argumenta en el expediente, se constituyó de manera anómala, todo lo actuado por el mismo hubiera sido nulo de origen, por lo que eso invalidaría todo lo actuado por el partido, desde el 2019, en adelante, incluyendo los cargos y acciones emprendidas por el partido en los procesos electorales de 2019 y 2023.
Lo sorprendente es que luego de casi dos meses de haberse emitido tal resolución, abiertamente anómala, y habiendo ya sido considerado por las máximas la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) en los sucesivos amparos planteados por las diversas partes interesadas en el proceso, ninguna autoridad judicial puso en su lugar al juez Orellana, inclusive, cuando intentó obligar al Registro de Ciudadanos y al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que acataran su orden, contraviniendo la protección otorgada por la CC el día 13 de julio. El problema, claramente, no es jurídico, sino político.
La cronología de las acciones legales e institucionales que han estado amenazando de forma sistemática el proceso electoral y la transición de mando han sido tan constantes y sostenidas que, finalmente el presidente electo Bernardo Arévalo, decidió denunciar, el 1 de septiembre, un golpe de Estado en curso que pretende evitar que el 14 de enero se concrete la transmisión de mando, especialmente si nos atenemos a las múltiples conjeturas y rumores que se han difundido desde el momento en que inició la crisis, el 12 de julio del presente año.
El peso del rumor en Guatemala
En Guatemala hay un terreno muy fértil para la circulación de noticias falsas, un aspecto que siempre ha resultado un misterio. ¿Cómo era que existía hasta hace muy poco una sección entera de noticias llamada “El Peladero”, que durante años se dedicó a difundir rumores? Lo interesante no era que existiera, sino el hecho que fue adquiriendo cada vez más importancia con el paso del tiempo, al punto que de ser una sección pequeña, se convirtió en una parte esencial del diario que lo publicaba ocupando más de una página. El segundo aspecto, es que muchas veces en las reuniones de análisis de coyuntura que he facilitado o a las que he asistido como oyente, frecuentemente alguien inicia la conversación diciendo: “He sabido de una fuente privilegiada”, y esta frase es suficiente para dar crédito a tal afirmación. Por supuesto, nunca se dice quién es la fuente ni cual es el origen de los datos, pero realmente a nadie le interesa confirmar la veracidad de lo dicho por el interlocutor.
Haciendo esta observación y, desde que inició el proceso de ataque al partido Semilla, existieron muchas especulaciones. Desde que se fraguaba un golpe de Estado -narrativa todavía vigente-, pasando por el temor de que los militares volvieran a ser preponderantes en las coyunturas políticas como en los años ochenta, hasta afirmar que existía un plan para asesinar al ahora presidente electo. En primera vuelta, por ejemplo, se difundió el temor de que no iba a celebrarse la segunda vuelta electoral, especialmente cuando el MP solicitó información de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos y de los digitadores, en una clara medida intimidatoria. Entonces, la misma presidenta del TSE expresó en algún momento su preocupación por que hubiera una masiva renuncia de integrantes de Juntas Receptoras que pudiera poner en riesgo la elección del 20 de agosto. Adicionalmente, se difundió un video unos días antes de las elecciones, en donde se decía que la UNE impugnaría cada mesa para entorpecer la elección, pero ninguno de esos rumores fue real. La segunda vuelta se desarrolló con total normalidad.
Un segundo rumor insistente que se ha desarrollado desde el inicio de la acción del juez Orellana se basa en saber cuál es la intención real de tal acción. Primero se especuló que era para eliminar a Arévalo como candidato, debido a que al quedarse sin partido desde su fundación, todo lo actuado por el mismo era nulo de origen. Esto hubiera permitido que subiera el siguiente en la lista: el candidato oficialista Manuel Conde. También se especuló que sin partido, los candidatos no podrían asumir sus puestos, ahora que ya Bernardo Arévalo es el presidente electo. Por eso, una expresión ambigua al final de uno de los discursos presidenciales se interpretó como la posibilidad de que, al impedírsele legalmente la toma de posesión de Arévalo, el Congreso elegiría a un presidente afín, mientras se convocaba a otro proceso electoral.
Lo cierto es que muchos de esos rumores simplemente eran falsos. Políticamente hablando, la forma en que se ha estructurado el embate de la oposición con el nuevo gobierno electo parece irse escalonando de forma progresiva, lo cual es un absurdo en materia política, pues permite la articulación del enemigo, y en el caso particular de Semilla, lo va dotando cada vez de mayor legitimidad y arraigo ciudadano. Por eso, en algún momento se dijo en forma de broma, que Consuelo Porras, el juez Orellana y el fiscal Curruchiche eran en realidad los jefes de campaña del partido Semilla, aspecto que quizá pesó mucho a la hora de que los votantes eligieran en segunda vuelta.
Durante uno de los análisis de coyuntura que realizo de forma constante, uno de los que me escuchaba dijo: “que estrategia más tonta la de los corruptos, nos están haciendo enojar cada vez más”. Unos días después, otra persona me comentó: “nos va a tocar sacarlos otra vez, tal como hicimos en el 2015”.
¿Consolidación democrática o golpe de Estado? Escenarios de la crisis política actual
“Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral”. Dan Brown
Desde que el Ministerio Público reveló que había una orden de un juez que suspendía temporalmente la personería jurídica del partido Semilla -una de las opciones que había obtenido suficientes votos para pasar al balotaje-, se han suscitado una serie incidentes que, en perspectiva, parecen encaminados a entorpecer el proceso electoral, sembrando dudas sobre la legitimidad del ahora presidente electo, Bernardo Arévalo, de manera que existen muchas especulaciones e hipótesis sobre las consecuencias que esas acciones legales e institucionales podrían tener para el sistema político guatemalteco.
Las presentes reflexiones están pensadas para establecer algunos escenarios de futuro inmediato, para intentar clarificar los extremos -positivos, negativos e intermedios- que podrían ocurrir de aquí al catorce de enero, que es la fecha clave de la crisis. La pregunta de fondo sería si ¿Bernardo Arévalo podrá asumir como presidente electo?, o en su defecto, ¿podría ocurrir una debacle que le tumbe o lo debilite en el camino?
Para armar los escenarios habría que definir las variables clave que se están moviendo en la crisis actual. Un listado fundamental de ellas podría ser los siguientes:
1. Actores institucionales: comportamiento de los entes legales e institucionales que están involucrados en el proceso (el juez Fredy Orellana, el centro de toda la controversia; el Juzgado séptimo de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la Junta Directiva del Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral).
2. Actores Nacionales e internacionales: el apoyo nacional e internacional con el que cuente Bernardo Arévalo y el grado aislamiento que tengan los tres actores institucionales que el presidente electo mencionó en su denuncia pública del 1 de septiembre: los fiscales Curruchiche y Porras, y el juez Orellana.
Para entender cómo se comportarán ese conjunto de instituciones y actores hay que sopesar dos aspectos clave:
a. Revelaciones: el impacto mediático y social de las revelaciones que cada cierto tiempo se hacen en el ámbito de las redes sociales. Por ejemplo, el audio filtrado donde supuestamente se oye al presidente Giammattei y a Miguel Martínez; o las pruebas del documento que sintetiza las supuestas comunicaciones que miembros del partido Semilla realizaron con diversos actores políticos que evidenciarían aspectos problemáticos para la imagen de legitimidad con la que cuenta el partido ganador de la segunda vuelta electoral.
b. Protestas ciudadanas: la consistencia y fuerza que vaya adquiriendo la protesta social que empiezan a emular las muy recordadas movilizaciones ciudadanas de 2015, para lo cual es fundamental saber si podría existir una amenaza de represión, tal como ocurrió en las manifestaciones de noviembre de 2021.
c. Alineación de los actores no involucrados: influirá igualmente la forma en que los diversos actores nacionales, que no se han pronunciado, puedan empezar a decantarse por uno u otro bando en disputa. Por ejemplo, de los colegios profesionales, solamente el Colegio de Médicos y Cirujanos se ha pronunciado, mientras que el sector organizado hace un llamado a favor de la transición ordenada y profesional, para respetar la voluntad expresada en las urnas, aunque de forma curiosa no menciona al presidente electo, y se refiere que desean que los casos judiciales abiertos sigan bajo el debido proceso, lo cual puede interpretarse como un aliento a la acción del juez y del MP.
d. Acompañamiento de los actores internacionales: en el ámbito internacional también pesarán las declaraciones y posibles sanciones que los gobiernos extranjeros (Estados Unidos y la Unión Europea) puedan realizar contra el país, así como la posición de quienes están acompañando este tiempo entre el fin del proceso electoral y el inicio del nuevo gobierno. En especial, jugará un papel fundamental el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene autorización oficial de acompañar y supervisar el proceso de transición de mando.
Teniendo en mente estas variables y las posibles influencias que pueden pesar en la correlación de fuerzas que tengan ambos grupos de actores, se pueden construir los siguientes escenarios a futuro inmediato:
Escenario pesimista
El Ministerio Público realiza revelaciones tan contundentes y comprometedoras que daña irreversiblemente la legitimidad del partido Semilla, con lo que el apoyo de la sociedad civil hacia el nuevo gobierno empieza a decaer y diluirse. Esto implica que los procesos penales abiertos y los que pudieran emprenderse en el futuro inmediato, representen realmente un impedimento para que el nuevo presidente ni los diputados del partido, asuman su cargo. Con dichas acciones, el pacto de corrupto se consolida, y mantiene en sus cargos a todos los actores relevantes, tales como Consuelo Porras, el fiscal Curruchiche, y el juez Orellana. En este escenario se consolida el golpe de Estado.
Escenario pesimista moderado
El Ministerio Público no logra avanzar en suspender al partido antes del 14 de enero, pero si logra probar que existen razones de peso para seguir investigando a varias figuras centrales del nuevo gobierno electo, o siembra la duda razonable sobre su legitimidad, que favorece la disminución del apoyo nacional con el que cuenta el nuevo gobierno, y el MP mantiene su estructura de mando. Pese a la disminución de los apoyos nacionales y a la merma del número de personas que acuden a las manifestaciones, los actores internacionales siguen enfatizando la necesidad de respetar la transición democrática, lo que incide en que aunque de forma accidentada y llena de sobresaltos, el presidente Bernardo Arévalo asume su puesto, pero lo hace tan debilitado y condicionado, que ha hecho acuerdos de gobernabilidad para poder mantener la apariencia de democracia. El problema en este escenario es que el impulso de cambio habrá menguado considerablemente, por lo que el nuevo gobierno simplemente hará transformaciones simbólicas y no estructurales. La clave de este escenario es que asume el nuevo gobierno, pero no existe una recomposición significativa de los actores institucionales que produjeron originalmente la crisis.
Escenario positivo moderado
El Ministerio Público no logra consolidar la suspensión del Partido Semilla ni logra probar la necesidad de seguir hostigando al partido, debido a las dudas razonables que existe sobre su imparcialidad y sus verdaderos motivos para realizar sus pesquisas investigativas, por lo que el MP puede perder alguna de sus figuras más odiadas (probablemente los fiscales cuestionados -Curruchiche y Monterroso-; quizá sobreviva la Fiscal General, pero tarde o temprano se encuentra el motivo para destituirla). La indignación ciudadana crece significativamente lo que moviliza a la ciudadanía, mientras que la comunidad internacional sigue respaldando el respeto a la democracia, por lo que se produce el relevo de poder el 14 de enero. Pese a estos aspectos, Bernardo Arévalo muestra un equipo de gobierno que evidencia que para alcanzar tal respeto a la transición, ha negociado con el sector de poder, de manera que existen figuras que provienen del sector empresarial y de la derecha moderada que permiten augurar una merma del impulso de cambio.
Escenario positivo
El ministerio público no logra consolidar la suspensión del Partido Semilla, ni tampoco logra probar la necesidad de seguir hostigándolo, además de que se dan detalles reveladores (como el audio filtrado del presidente) que comprometen seriamente la imparcialidad del ente investigativo, por lo que la crisis derivada de tales revelaciones provoca la salida de las principales figuras golpistas. El auge ciudadano contribuye a la renuncia de los actores que provocaron la crisis, y el impulso legitimador que esto provoca, fortalece grandemente al nuevo gobierno, por lo que no necesita hacer ninguna negociación con ningún actor, lo que permite no únicamente la transmisión de mando exitosa, el 14 de enero, sino también el nombramiento de un equipo de gobierno de lujo, con reconocidos cuadros académicos o progresistas provenientes de las mismas filas del partido o de sectores afines. El impulso de cambio se ha preservado, y los vientos de transformación empiezan a soplar, con alguna posibilidad de que vayan en aumento.
Escenarios de la crisis actual
