La Sala de Apelaciones resolvió que no era viable aceptar la solicitud del exmandatario de la CICIG, David Gaitán Arana, quien buscaba que el Juzgado Cuarto Penal fuera apartado del caso en su contra. Esto implica que el proceso de criminalización se reactive y siga su curso.
Por Prensa Comunitaria
Los magistrados de la Sala Cuarta de Apelaciones rechazaron la solicitud que planteó el abogado y exmandatario de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), David Gaitán Arana, quien pidió separar al juez “B” del Juzgado Cuarto Penal, Pedro Rodolfo Laynez Lux, dentro del proceso penal que el Ministerio Público (MP) inició contra exfiscales que investigaron el caso Odebrecht.
La Sala resolvió ocho meses después de haberse planteado la solicitud del abogado, quien duda de la imparcialidad del juez encargado de la investigación. La Sala denegó la petición indicando que la carpeta judicial se encuentra en etapa de investigación y que en el momento en el que se encuentra el proceso no procede la solicitud de apartamiento.
Al haberse emitido dicho fallo, el caso de criminalización que dirige el MP de Consuelo Porras contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval y otros operadores de justicia podrá seguir su curso en el juzgado que dirige Laynez Luz.
El abogado anticorrupción Gaitán Arana, actualmente en el exilio, enfrenta una orden de aprehensión desde 16 de enero de 2023, junto a la exfiscal general Thelma Aldana, por los delitos de abuso de autoridad, obstrucción de Justicia y conspiración.
MP persigue a investigadores y no a los señalados
En este caso de criminalización, el MP persigue a los exfuncionarios que autorizaron acuerdos de colaboración eficaz para que dos exdirectivos de Odebrecht y un representante legal de la constructora pudieran dar su primera declaración desde Brasil, autorizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un juzgado guatemalteco en septiembre de 2017.
En enero de este año, el fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche también anunció que emprendería acciones legales “para que responda por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos” el exmandatario de la CICIG, Iván Velásquez, actual ministro de la Defensa de Colombia y la exfuncionaria de la Comisión, Luz Adriana Camargo.
Desde Bogotá, la capital de Colombia, el presidente, Gustavo Petro, se pronunció por el anuncio del MP de Guatemala en contra de Velásquez, en tanto Gaitán emitió una declaración en un comunicado de prensa, indicando que lo persiguen por estar copiado en correos electrónicos de conversaciones que fueron transparentes y que estaban en ley.
El caso Odebrecht fue presentado por el MP y la CICIG en enero de 2018, en donde establece que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A. a cambio de adjudicación de contratos para la construcción de carreteras, que también beneficiaron al excandidato presidencial del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Manuel Baldizón.
Sin embargo, la investigación, tras la salida de Sandoval, tuvo un giro inesperado. Mientras los funcionarios vinculados al caso gozan de libertad, se persigue a quienes descubrieron la investigación.
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¿Por qué el caso Odebrecht se está usando para perseguir a quienes investigaron la corrupción?
