Las compañías seguirán controlando las redes móviles guatemaltecas después de que adquirieron, este mes, parte del espectro radioeléctrico para explotar la tecnología 5G, la cual permitirá conexiones más rápidas.
Por Prensa Comunitaria
Los réditos de la telefonía son cuantiosos. Solo este año Comunicaciones Celulares (COMCEL), comercialmente conocida con Tigo, ha acaparado Q59.11 millones de fondos estatales.
Entre sus clientes están los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Comunicaciones, el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y el Organismo Legislativo.
Mientras que Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA), que también opera bajo el nombre de Claro, consiguió, en 2023, múltiples contrataciones con entidades públicas que ascienden a los Q73.10 millones.
La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (EMETRA), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, entre otros órganos figuran como compradores de los servicios de esta segunda compañía.
Entre ambas empresas consiguieron adjudicaciones por Q132.21 millones en el presente ejercicio fiscal. Sin embargo, tanto Claro como Tigo reportan, cada año, grandes ingresos de dinero provenientes del erario.
En el portal de Guatecompras se detalla que, desde 2005, la primera adjudicación por Q1.4 millardos; y una segunda, a partir de 2006, alcanza los Q2 millardos.
Adquieren las frecuencias para 5G
Además, las compañías seguirán controlando las redes de telefonía móvil en Guatemala, después de que adquirieron este mes del espectro radioeléctrico la tecnología 5G, para explotar por 20 años, la cual permitirá conexiones más rápidas.
Las entidades mercantiles obtuvieron las frecuencias por medio de una subasta, en las que solo estas dos corporaciones participaron. Para hacer uso de las redes 5G, acordaron pagarle al Estado alrededor de Q1 millardo.
La Superintendencia de Telecomunicaciones manifestó que la mayoría de esos fondos se destinarán para mejorar la conectividad digital en centros educativos públicos, puestos de salud y comisarías.
Señalamientos
Las empresas fueron señaladas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de cometer actos irregulares. En el caso de Telgua, su exgerente Julio Carlos Porras Zadik, fue condenado después de que la compañía entregara Q15 millones a corporaciones vinculadas a Alejandro Sinibaldi.
El objetivo del dinero, según la investigación, era sufragar la campaña del Partido Patriota y resolver un conflicto que tenía con Tigo. El ejecutivo fue sentenciado por financiamiento electoral ilícito a tres años de prisión.
En tanto que Tigo fue señalada de pagar sobornos a diputados a cambio de la aprobación de una ley que le permitía obtener beneficios comerciales. La pesquisa involucró en estos hechos a Acisclo Valladares, antiguo directivo de la sociedad mercantil.
Valladares se declaró culpable en Estados Unidos de haber pagado dádivas a políticos, utilizando el sistema financiero de ese país. En Guatemala, tiene una orden de captura vigente, pero por otro caso de corrupción.
