El propósito principal de este instrumento interamericano es fortalecer y preservar la democracia. Además, de promover una cultura democrática y las misiones de observación electoral también establece cómo debería ser defendida la democracia cuando está bajo amenaza. El documento fue firmado por los 34 países miembros en 2001, entre ellos Guatemala. Después de la segunda vuelta electoral en Guatemala y del hostigamiento y acciones del Ministerio Público contra el proceso, varios sectores, abogados, activistas y exdiplomáticos han hecho énfasis en la invocación de la Carta Democrática.
Por Prensa Comunitaria
Desde el 19 de julio, casi un mes después de la primera vuelta de las elecciones generales 2023, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha realizado sesiones para conocer la situación política del país.
Los embajadores ante la OEA de Antigua y Bermuda, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos, denunciaron “el intento arbitrario e ilegal” del Ministerio Público (MP) por judicializar el proceso electoral y reiteraron el llamado a las autoridades guatemaltecas a respetar el voto de la ciudadanía.
Tras observar las acciones del MP de Consuelo Porras en su intento de suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla y los allanamientos en dependencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los países miembros de esa organización hemisférica han pedido a las autoridades guatemaltecas respetar los principios de la Carta Democrática Interamericana.
La Carta señala que aquellas naciones que no respeten las normas y procedimientos de la democracia, cuyo aspecto más básico es el proceso electoral, serán excluidas del sistema como ya ha ocurrido con Nicaragua.
Según reseña la OEA, la Carta define un conjunto de valores y derechos esenciales, entre los cuales se encuentran: respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; elecciones periódicas, libres y justas; transparencia, probidad y respeto por los derechos sociales; ejercicio del poder sobre la base del estado de derecho y separación e independencia de los poderes públicos.
A pesar de las constantes amenazas hacia la vulneración del voto ciudadano y la democracia por parte del MP y el juez séptimo, Fredy Orellana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aún no ha llamado a que se aplique la Carta Democrática como ocurrió el 31 de mayo de 2016 con Venezuela. El país sudamericano dejó de pertenecer a la OEA en abril de 2019.
En el caso de Guatemala, para llegar al punto de expulsar al país de este organismo deben agotarse las etapas previas que se resumen en esfuerzos diplomáticos. En este marco, la OEA ha abordado la crisis electoral en las últimas seis sesiones del Consejo Permanente, envió una Misión de Observadores Electorales y Almagro ha realizado dos visitas al país.
En esta última además de sostener reuniones con funcionarios del Gobierno, del MP, operadores de justicia y sociedad civil, también ha acompañado las reuniones de transición de mando entre el equipo de Alejandro Giammattei y el presidente electo, Bernardo Arévalo. Actualmente, el proceso se encuentra suspendido temporalmente tras la extracción de material electoral por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lo que fue calificado por analistas como inédito y vulneración a la cadena de custodia del voto.
Hasta 2016, el Capítulo IV de la Carta Democrática fue invocado diez veces. En siete ocasiones se aplicó de manera preventiva para evitar que siguiera escalando crisis político-institucionales, que podrían haber puesto en riesgo el proceso democrático o el legítimo ejercicio del poder y derivar en rupturas del orden democrático.
En otros dos casos la Carta se aplicó en momentos considerados como rupturas del orden democrático. Y recientemente y por primera vez, se aplicó en función del artículo 20, con Venezuela. Dicho artículo establece que “el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes”.
Estas son las claves para entender cómo es el proceso previo a invocar la Carta Democrática y las implicaciones para un país que se resuelva su suspensión de esa organización hemisférica.
¿En qué momento surge la Carta Democrática?
La resolución de la Carta Democrática Interamericana se aprobó en 2001 luego que en la década de los 90 surgió un fenómeno en los países latinoamericanos: los golpes de Estado ya no se presentaban por la vía de un golpe militar pero sí por la imposición de los poderes del Ejecutivo que se apoderaban del órgano Legislativo y el Judicial.
¿Qué es la Carta Democrática de la OEA
La Carta Democrática otorga a los gobiernos del hemisferio una brújula para guiar su acción colectiva cuando la democracia enfrenta peligros, dice la OEA. Es una resolución de 28 artículos en donde se declara que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.
En la resolución se definen los procedimientos esenciales de la democracia, establece procedimientos para seguir no solamente cuando la democracia se interrumpe totalmente, como en un golpe de Estado, sino cuando el orden democrático ha sido seriamente alterado y la democracia está en riesgo. Los elementos esenciales democráticos acordados por los 34 Estados miembros sirven de base para evaluar las desviaciones.
¿Cuál es el objetivo de la Carta Democrática?
El objetivo es restablecer y fortalecer las instituciones. Evitar la violación de los derechos humanos, promover el respeto a la libertad de expresión, erradicar situaciones que pongan en peligro la seguridad y la paz en los países y que exista separación de poderes.
¿En qué situaciones se puede invocar la Carta Democrática?
Cuando existe una situación que pone en peligro la estabilidad democrática de un país. Cuando se produce una crisis democrática y el gobierno pide la asistencia. Cuando se altera el orden constitucional pero el gobierno no pide ayuda. Cuando se presenta un golpe de Estado.
¿En qué países se ha aplicado la Carta Democrática de la OEA?
Ecuador (2010), Honduras (2009), Bolivia (2008), Nicaragua (2004), Perú (2004) y Venezuela (2002).
¿Qué significa que se aplique la Carta Democrática?
El aplicar la carta significa poner en marcha mecanismos para hacer cumplir las obligaciones acordadas por cada Estado miembro.
Aunque se establece que un país pueda ser expulsado o suspendido como medida máxima, antes de llegar a esto se toman una serie de medias escalonadas que van desde gestiones diplomáticas, asistencias, observaciones, convocatoria a nuevas elecciones bajo observación. Para aplicar la suspensión se deberán agotar primero las medidas de gestión y luego la Asamblea General deberá someter a votación la suspensión del país en la OEA. Para aprobar esta medida se necesitan 24 votos de los 34 integrantes.
La Carta Democrática contempla que a pesar de una suspensión el país miembro debe seguir cumpliendo con sus deberes en materias de derechos humanos
¿Qué significa que un país sea suspendido de la OEA?
Si un país es suspendido del organismo hemisférico, podría enfrentarse, en primer lugar, a consecuencias diplomáticas. Estas se traducirían en un “aislamiento” del país en la región. Además, perdería su derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General y en los organismos hermanos de la OEA, como la Junta Interamericana de Defensa o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, la suspensión en la OEA no significaría la salida de ese país de otros organismos al que pertenezca en la región ni comprometería su misión en la ONU.
Por otro lado, las implicaciones de mayor peso serían las económicas. Al menos así ocurrió en el caso de Honduras, cuando fue suspendida del organismo en 2009 por causa del golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya. Organismos de crédito interamericanos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cerraron sus préstamos y ayudas.
Para Honduras, esto significó un recorte en los programas sociales del país durante dos años que acentúo aún más la pobreza de la población.
