El Ministerio Público se ha quedado tocando tambores de guerra en una ofensiva sinfín cuyas víctimas más recientes son la abogada Claudia González y los padres de Juan Francisco Sandoval, el exjefe de FECI. Son los zarpazos de un animal herido que, golpeado por el triunfo del Movimiento Semilla en las presidenciales, se siente hoy menos seguro que antes.
Por Héctor Silva Ávalos
La justicia guatemalteca estuvo a punto de dejar sin castigo a varios guardaespaldas y sicarios de Juan Ortiz López, alias Chamalé, uno de los narcotraficantes más letales y poderosos del país, en 2011. A los esbirros de Chamalé, encabezados por el exmilitar Fredy Herald de León Barrios, los habían detenido en flagrancia en 2009 acusados de participar en el secuestro de varios menores de edad, pero gracias a una oscura maniobra de la Fiscalía contra el Crimen Organizado estuvieron a un paso de librarla. No lo lograron gracias a la intervención de un fiscal y una mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad: Juan Francisco Sandoval y Claudia González.
No era, aquél, un caso menor. Además de tocar directamente a Chamalé, sus implicaciones se extendían hasta otros crímenes, como el asesinato de Víctor Miguel Gálvez Pérez, líder comunitario en Malacatán, San Marcos, el 24 de octubre de 2009.
La jueza que llevó en 2011 el caso contra los sicarios del narcotraficante Juan Ortiz López Chamalé se llama Carol Patricia Flores Polanco. Ella, como los agentes de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de entonces, tampoco parecía muy anuente a condenar a los secuestradores. En principio, la jueza rechazó toda la prueba material en el caso contra los hombres de Chamalé.
Años después, en 2015, la CICIG investigó a la jueza Flores Polanco por posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito relacionados con la construcción de una vivienda de lujo valorada en USD350,000 en Santa Catarina Pinula.
Flores Polanco tenía especial animadversión a Claudia González, la mandataria a la que la CICIG había asignado en 2011 para intentar rescatar el caso contra los sicarios del narco Chamalé que la fiscalía de crimen organizado estaba por perder. Los mandatarios de la comisión internacional eran abogados y personas encargadas de investigar que ayudaban al Ministerio Público a fortalecer casos de corrupción, de crimen organizado y de alto impacto social y político.
“Ni siquiera le permitía hablar”, recuerda Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en Washington, D.C., donde se encuentra exiliado desde julio de 2021 por la persecución política a la que lo sometieron la fiscal general Consuelo Porras y el presidente Alejandro Giammattei.
“Y bueno, me tocó a mí meter todos los argumentos porque era evidente que a Claudia la jueza no le iba a permitir ni hablar. Al final con el recurso nos admitieron como prueba para el debate las seis armas de fuego incautadas a los seis secuestradores por un hecho ocurrido en Retalhuleu, en noviembre de 2009, donde secuestraron a tres víctimas”, cuenta Sandoval.
El exjefe de FECI no tiene dudas de que el trabajo de Claudia González fue esencial para rescatar el caso contra los secuestradores y sicarios al servicio de Chamalé. La abogada, como mandataria de la CICIG trabajó junto a varios fiscales de la FECI y con sus colegas en la comisión para llevar adelante y rescatar otros casos que implicaban a narcotraficantes, a empresarios y a políticos de cuello blanco.
En la hoja de vida de González destacan, por ejemplo, los casos contra la telefónica Tigo, el de Comisiones Paralelas y el de la magistrada Blanca Stalling.
El caso de Tigo, en el que González fue investigadora y mandataria, desveló la forma en que los intereses privados del empresariado guatemalteco han pactado con la clase política más corrupta del país. La CICIG lo resumió en un informe diciendo que diputados de varios políticos recibieron, entre 2012 y 2016, dinero gestionado en los primeros años por la oficina de la vicepresidenta Roxana Baldetti para aprobar leyes que favorecían a la telefónica. El dinero, estableció la comisión, “provenía de la empresa Tigo”.
“Producto de estos pactos y de la supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes”, estableció la CICIG, en parte con los insumos de investigación que proveyó Claudia González.
El expediente al que la CICIG y la FECI denominaron Comisiones Paralelas tenía que ver con operadores políticos que, por medios corruptos, intentaron influir en la elección de las altas cortes del país.
Todos estos casos tienen algo en común cuando se les echa un vistazo: los acusados están relacionados de alguna manera con esa alianza heterogénea de operadores políticos, diputados, funcionarios y empresarios que, por medios corruptos e ilegales, han saqueado al Estado guatemalteco y han secuestrado las instituciones encargadas de investigarlas; todos los implicados forman parte de la alianza a la que en Guatemala se conoce como el “Pacto de corruptos”.
De los casos en los que estuvo involucrada en defensa del Estado de Guatemala y sus ciudadanos, ha sido el de la magistrada Blanca Stalling del que ha echado mano el Ministerio Público de Consuelo Porras para criminalizar a Claudia González.
Todo parece, ahora, el cierre de un círculo. Blanca Stalling, una magistrada que había sido defenestrada y capturada en 2017 porque intentó influir de forma ilegal con un tribunal que llevaba un caso contra su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, por presunta corrupción en el seguro social, es la excusa de Consuelo Porras y su operador más leal, Rafael Curruchiche, para criminalizar a González.
A Stalling el Órgano Judicial la restituyó en su cargo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2022 y ordenó que se le devolvieran los salarios que dejó de percibir desde 2017, cuando fue arrestada.
La sombra de Blanca Stalling y sus cómplices en el “Pacto de corruptos” y en el MP volvió a cernirse sobre la justicia guatemalteca el lunes 28 de agosto, cuando, bajo órdenes de Consuelo Porras, Claudia González, la mujer que había pasado más de una década metiendo presos a narcotraficantes y a funcionarios corruptos, fue arrestada. La razón de captura: el MP la acusa de abuso de autoridad en el caso de la magistrada Stalling, defenestrada por la CICIG y reinstalada por el “Pacto de corruptos”.
Continuar la persecución política ante la soledad del MP
Claudia González escuchaba con atención desde la tercera fila de sillas instaladas en el pequeño salón de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington, D.C. aquella noche de primavera en marzo pasado. La abogada acompañaba con gestos leves -una sonrisa de complicidad, un guiño de indignación apenas perceptible- las palabras del orador principal aquella noche, el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, quien reseñaba en la capital estadounidense cómo el pacto gobernante y sus aliados habían copado el Órgano Judicial y al Estado tras la salida de la CICIG en 2019.
“El sector oscuro de Guatemala hizo un pulso con la ONU y ese pulso lo ganó el lado oscuro. Hacer justicia después de la CICIG se volvió muy tedioso”, decía el juez Gálvez aquella noche. Gálvez es otro de los exiliados; el pacto lo desterró en venganza por su rol en el caso conocido como Diario Militar, en el que aparecen implicados militares acusados de desaparecer y asesinar a opositores, estudiantes y civiles durante el conflicto armado interno.
La CICIG dejó Guatemala en septiembre de 2019, luego de que el entonces presidente Jimmy Morales desconoció el acuerdo con Naciones Unidas que le dio vida y obligó a salir del país a Iván Velásquez, el magistrado colombiano que fue el último jefe de la comisión. A partir de entonces inició una persecución contra los abogados e investigadores guatemaltecos que, como Claudia González, Leily Santizo, Virginia Laparra o Juan Francisco Sandoval, habían trabajado de cerca con la CICIG. Ya en la presidencia de Alejandro Giammattei, la persecución iniciada por Morales se convirtió en una especie de blitzkrieg.
En Washington, durante los días que antecedieron a la charla del juez Gálvez en WOLA, González había recibido preguntas sobre algunas de las víctimas de ese blitzkireg, exoperadores de justicia cuyos casos ella litigaba en Guatemala ante ese sistema judicial que, tras la caída de la comisión y el exilio de fiscales como Sandoval, había vuelto a ser secuestrado por el pacto. Habló, mucho, de Virginia Laparra, la exfiscal de FECI que fue detenida en febrero de 2022 y sometida a tortura sicológica por el gobierno de Giammattei, el Ministerio Público y los abogados de la Fundación contra el Terrorismo y a quien Amnistía Internacional declaró presa de conciencia a principios de este año.
Durante mucho tiempo, en Washington, en Guatemala y en foros internacionales, pero sobre todo ante el sistema judicial guatemalteco, Claudia González fue la voz de los perseguidos por el pacto que aún gobierna Guatemala. Habló sin descanso y litigó en favor de sus defendidos hasta que la detuvieron, el 28 de agosto pasado por supuesto abuso de autoridad en el caso de la magistrada Blanca Stalling, la magistrada acusada de corrupción.
Como los de sus defendidos, el caso de Claudia González tiene también tintes políticos. El arresto de la abogada ocurre solo una semana después del triunfo del Movimiento Semilla en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y en medio de una ofensiva, abanderada por el MP, contra el partido y los candidatos ganadores y fiscales electorales que certificaron ese triunfo.
Antes de los resultados finales de las elecciones, que dejaron a Bernardo Arévalo como presidente electo y a Karin Herrera como vicepresidenta electa, el MP había concentrado su arremetida en operadores de justicia que investigaron y litigaron casos que tocaban al poder político y económico, incluido el presidente Alejandro Giammattei, como la abogada González. Y lo había hecho sin mayores obstáculos, amparado en la impunidad de sicarios parajudiciales, como los abogados de la Fundación contra el Terrorismo y los netcenters afines.
Tras la victoria definitiva de Semilla, parece que Consuelo Porras y sus fiscales quieren cerrar el círculo de persecución y venganzas. Claudia González es, además de una de las mandatarias de CICIG que intervino en casos contra el pacto, defensora de personas a las que el Ministerio Público de Consuelo Porras lleva años criminalizando. Cuando en Guatemala no sobraban los abogados con ánimos de defender a los exoperadores de justicia como Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra o Leily Santizo, fiscales los dos primeros y mandataria de la comisión internacional Santizo, Claudia González aceptó el reto de representarlos.
La victoria de Semilla, además, trajo consigo el aislamiento explícito del MP y de Porras. Aunque Estados Unidos ya había listado como funcionarios antidemocráticos y corruptos a la fiscal general, a Curruchiche y a la fiscal Cinthia Monterroso, no fue hasta después del triunfo de Semilla que varios sectores de la sociedad guatemalteca perdieron el miedo de pronunciarse en público contra Porras, a quien el poder le ha llegado en buena medida de su alianza política con Alejandro Giammattei.
Ese pacto entre la fiscal y el presidente se definió en el primer semestre de 2021, cuando Juan Francisco Sandoval era aún jefe de la FECI y un exmiembro de la inteligencia estatal testificó que Giammattei había recibido un soborno millonario de mineros rusos y kazajos para permitir y ampliar operaciones en El Estor, Izabal, y en el puerto Santo Tomás de Castilla. Porras destituyó a Sandoval y lo orilló al exilio; en su lugar nombró a Curruchiche, quien desde que llegó al MP enterró los casos que involucraban al presidente.
Tras el gane de Bernardo Arévalo de León en las urnas, el pacto utilizó a Porras y al MP como punta de lanza para intentar obstaculizar las elecciones, la transición e incluso el ascenso del presidente electo en enero próximo. Desde junio pasado, cuando Semilla se coló a la segunda vuelta, Porras y Curruchiche han hecho todo lo posible por suspender al partido ganador y por meter presos a algunos de sus miembros. Pero el triunfo de la oposición también ha empezado a abrir las cortinas del miedo.
Lo explicó Quimy De León, historiadora y editora, en un panel sobre los resultados de la elección presidencial. “La gente venció el miedo y no acepta la criminalización… Hay un rechazo al régimen de miedo representado por Consuelo Porras y Rafael Curruchiche”, dice.
El miedo al MP de Porras, la aliada del presidente Giammattei, no ha sido gratuito. Los operadores de la fiscal general, con Curruchiche y Monterroso a la cabeza, metieron presas a abogadas a las que acusaron de abuso de autoridad solo porque ellas hicieron lo que debían, perseguir a criminales; también, con un caso montado y lleno de irregularidades procesales, tienen en la cárcel a Jose Rubén Zamora, uno de los periodistas más influyentes de Guatemala; y hoy, después de las elecciones, han intentado varias maromas jurídicas para cancelar a los ganadores.
Pero lo que ha ocurrido en las calles del país en los últimos días parecen dar la razón a las palabras de Quimy De León. Por días, luego de uno de los intentos por criminalizar a Semilla, decenas de ciudadanos guatemaltecos se han parado frente a la sede central del MP en Ciudad de Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal. Lo mismo ha ocurrido ante las sedes locales en el interior del país. En al menos tres entrevistas con medios de prensa, el presidente electo ha pedido a Porras que renuncie. Incluso el sector privado, al menos algunos de sus miembros más moderados aglutinados en el Consejo Nacional Empresarial, han instado a la fiscal general que se vaya. En redes sociales y a través de comunicados, decenas de académicos y ciudadanos se han unido al reclamo.
Consuelo Porras está hoy más sola, pero su poder sigue ahí, y el arresto de la abogada Claudia González así lo muestra.
“Ante la soledad de Consuelo Porras en este momento, la captura de Claudia fue una forma de mostrar músculo y decir aquí estoy y tengo poder. Algo que no la legitima, pero es una muestra más de que es capaz de seguir usando el MP contra los detractores”, dice Juan Francisco Sandoval.
La Guatemala convulsa de la transición
Una de las personas a las que Claudia González ha defendido es a Leily Santizo, como ella mandataria de CICIG.
A Santizo la fiscal general Porras mandó a meterla presa por primera vez en febrero de 2022. Un juez la envió a Mariscal Zavala, donde al poco tiempo de llegar capos del narcotráfico a los que ella había metido presos la amenazaron con “cortarla en pedacitos”. Gracias en gran parte a la labor técnica de Claudia González, su defensora, Leily Santizo pudo salir de la cárcel. Hoy, víctima de persecución y exilio, Santizo se solidariza con su compañera y colega.
“Claudia González es una mujer profesional y valiente, que asumió la defensa técnica de algunos operadores de justicia que hemos sido criminalizados. En lo personal y profesional para mí es un orgullo haber compartido el compromiso de luchar contra la corrupción con mujeres que deben ser un ejemplo que seguir en Guatemala, como ella”, dijo a Prensa Comunitaria.
Santizo tiene mucho que decir sobre la captura de su defensora y sobre la persecución protagonizada por la fiscal general Porras y sus aliados. En esta conversación con Prensa Comunitaria, comparte algunos de sus pensamientos:
¿Cree que la captura de Claudia González es la consumación de la venganza que el pacto de corruptos emprendió contra todos ustedes?
La estrategia de criminalización va más allá de la venganza del “Pacto de corruptos”: pretenden dar un escarmiento y un ejemplo, que cualquier persona que se atreva a perseguir la corrupción a más alto nivel será castigada. Tenemos un sistema de justicia en el que sus instituciones se encuentran cooptadas, el Ministerio Público está dirigido por una persona que carece de las habilidades técnicas y de dirección mínimamente requeridas para un cargo de esa naturaleza, sin criterio que le permita establecer hacía dónde debe ir la persecución penal estratégica. Y se dejó de investigar a las estructuras de delincuencia organizada con la única finalidad de asegurar impunidad. Los graves actos de corrupción que son de conocimiento público se dejan pasar, y si se denuncian esos hechos, quien lo haga es terriblemente perseguido.
Consuelo Porras no solo pervirtió la función del Ministerio Público, se convirtió en el instrumento perfecto para cobrar las supuestas ofensas cometidas por el expersonal de FECI Y CICIG por haber investigado y litigado casos vinculados con la participación en hechos delictivos de funcionarios públicos, entre estos diputados, ministros, viceministros, particulares y empresarios.
Del Ministerio Público han sido destituidos las personas con las mejores capacidades, con muchísimos años de experiencia, especialmente con vocación de servicio. Los procesos penales iniciados en contra del expersonal de FECI y CICIG carecen de plataforma fáctica, probatoria y jurídica. De esa cuenta, los casos son asignados a los jueces alineados al actuar de la fiscal general; si esos procesos fuesen conocidos por jueces imparciales y objetivos, el resultado sería la falta de mérito.
¿Cree que el MP tiene la intención de amedrentar a las nuevas autoridades electas, que con claridad han pedido la renuncia de la fiscal general?
La intención es alinearlas a su proceder corrupto. La persecución penal a los miembros del partido político al cual pertenece el presidente electo tiene como finalidad demostrar que si está con ellos no habrá problema y puede asumir la presidencia; si en cambio busca reducir la corrupción, responder de la mejor manera al pueblo que los eligió, terminar con los privilegios, contar con funcionarios probos, lo van a querer destruir.
¿Qué papel asigna a la Fundación contra el Terrorismo en la persecución de Claudia González en particular, en la suya y general a todas las personas a las que ella ha defendido?
La Fundación contra el Terrorismo es el mal necesario de los corruptos: hacen el trabajo sucio que ellos jamás harían de frente, porque eso destruiría por completo una deteriorada imagen y reputación a nivel nacional e internacional. Sabemos perfectamente quiénes están atrás de estas personas, que al parecer son quienes dirigen el Ministerio Público. Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla presentan denuncias, que en cualquier otro momento hubiesen sido desestimadas; sin embargo, en el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras se les da trámite y se solicitan ordenes de aprehensión sin realizar una sola diligencia de investigación y en algunos casos con evidencias manipuladas o falsas.
***
Pocas personas representan un simbolismo mayor del momento guatemalteco actual que sus presos políticos y sus exoperadores de justicia exiliados, como Claudia González, Leily Santizo, Juan Francisco Sandoval y muchos otros.
Una de las primeras preguntas que Bernardo Arévalo, el presidente electo, respondió cuando aún era solo el candidato sorpresa que había pasado a segunda vuelta, tenía que ver, precisamente, con el futuro de los exfiscales expatriados.
Arévalo respondió con un guiño bastante claro; les pediría, dijo, que le asesoren en la lucha contra la corrupción que él emprenderá. “Vamos a asesorarnos de la gente que más conoce cómo funciona la corrupción adentro del Estado guatemalteco… y estos son los fiscales, jueces que han sido perseguidos y acosados, enjuiciados espuriamente, algunos de ellos encarcelados… porque trabajaban en contra de la corrupción… Con ellos vamos a asesorarnos”, dijo el presidente electo en una entrevista con la cadena CNN.
Aún es muy pronto para saber cuál podrían ser las rutas para el eventual retorno de los exiliados o para la liberación de los presos, pero las palabras de Arévalo abrieron ya la posibilidad política. La respuesta del MP y de la Fundación contra el Terrorismo, reconvertidos en los bastiones más recalcitrantes desde los que aún opera el pacto que aún gobierna el país, ha sido inmediata con la persecución judicial y legislativa de Semilla y la captura de la abogada Claudia González.
El miércoles 31 de agosto, un par de días después de haber sido capturada, González recibió, en la cárcel de Mariscal Zavala, la peor noticia: su madre murió esa mañana. La justicia guatemalteca le dio un respiro de horas y le permitió atender el funeral. Fue un momento. Claudia González volverá a prisión y, con ella, todas las preguntas, incertidumbres y amenazas que siguen existiendo para la democracia en Guatemala.
