En el marco del proceso electoral, Cori Bush pidió a las nuevas autoridades atender las demandas de los pueblos indígenas y a brindar mayor protección ante la vulneración de sus derechos humanos debido a la defensa de su territorio frente a proyectos mineros.
Por Prensa Comunitaria
La demócrata y miembro de la Cámara de Representantes, Cori Bush, expuso al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, las amenazas y ataques que ha sufrido el pueblo Xinka por la defensa de su territorio ante el proyecto minero El Escobal, ubicado en Santa Rosa. Bush manifestó su “profunda preocupación” por la seguridad de esta población indígena y pidió al Departamento de Estado “afirmar públicamente el derecho del pueblo Xinka al consentimiento libre, previo e informado” sobre proyectos mineros.
En Guatemala, la empresa canadiense Pan American Silver es propietaria de El Escobal, que antes era propiedad de la minera San Rafael y cuyas operaciones están detenidas desde 2017, luego de un fallo que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor del pueblo Xinka debido al incumplimiento por parte del Gobierno de consultar a la población sobre la extracción de plata.
Desde 2011, esta población y las comunidades agrícolas han defendido su territorio frente al proyecto minero ante el impacto en los recursos hídricos, los sitios culturales y la autodeterminación local, dice la carta.
La congresista recuerda que, en 2013, agentes de seguridad privada de la empresa minera dispararon contra manifestantes pacíficos. En el hecho resultaron seis personas heridas. Esto condujo a una demanda civil en Canadá por la que Pan American Silver asumió la responsabilidad por el tiroteo y otras violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la criminalización contra en contra de quienes defienden el territorio y los actos de violencia continúan impunes, denuncia Bush.
“Cuando defendemos los derechos humanos debemos hacerlo en todas partes. Es por eso que lideré a mis colegas para instar al @StateDept a afirmar los derechos del pueblo Xinka”, escribió la congresista en Facebook junto a una fotografía con integrantes del Parlamento Xinka.
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Sin consulta pese a orden de la CC
En septiembre de 2018, la CC ordenó un proceso de consulta. Sin embargo, hasta 2020, los Xinka fueron excluidos. El proceso finalmente comenzó después de un acuerdo en octubre de 2020 entre el pueblo Xinka y el Gobierno de Alejandro Giammattei.
La primera fase consistía en un estudio sobre los impactos culturales y espirituales de la mina en las tradiciones Xinka y acuerdos sobre la divulgación de información. Este se completó en julio de 2022.
Pero las acciones del gobierno de Guatemala y Pan American Silver continúan obstaculizando el proceso de consulta. “El gobierno guatemalteco no logró asegurar el financiamiento requerido por la Corte de Constitucionalidad para que expertos técnicos lleven a cabo la siguiente fase del proceso, obligando al propio pueblo Xinka a financiar este trabajo sin el apoyo necesario”, denuncia la congresista en la carta.
Mientras, Pan American Silver continúa financiando programas sociales en las comunidades Xinka a pesar de la orden judicial de suspender sus operaciones. Estas acciones amenazan la libertad de la consulta.
“Estamos profundamente preocupados por la seguridad de los miembros de la comunidad que participan activamente en la resistencia pacífica de la mina Escobal y líderes Xinkas que participan en el proceso de consulta, así como por las posibles violaciones del derecho internacional, que exige el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de la aprobación de proyectos de desarrollo que les afectarán”, enfatiza la carta.
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Entre las demandas planteadas por la congresista se encuentra que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplíe medidas cautelares a cinco miembros de la comunidad Xinka adicionales a las que ya ha otorgado.
También insta al Departamento de Estado, en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, a abogar estas medidas y brindar apoyo para garantizar “una respuesta eficaz” en caso de que se produzca una mayor represión contra el pueblo Xinka.
“Esta situación representa una oportunidad para que el Departamento de Estado afirme el concepto básico de que los derechos de los pueblos indígenas no deben ser pisoteados para que las empresas multinacionales puedan beneficiarse apresuradamente de la extracción de recursos violando el derecho internacional”, agrega la carta.
En el marco del proceso electoral, la parlamentaria estadounidense instó a las autoridades a priorizar las demandas de los pueblos indígenas, monitorear la violación de sus derechos humanos e insistir en mayor protección para los líderes y miembros de la comunidad Xinka.
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