Un grupo de personas que afirma representar a campesinos, sindicatos, exmilitares y empresarios se instaló frente al MP en ciudad de Guatemala. El principal dirigente y la organización tiene vínculos con grupos que apoyan abiertamente a la fiscal general Consuelo Porras y a partidos políticos del pacto de corruptos. Este grupo dice exigir la renuncia de Porras.
Por Prensa Comunitaria
Frente al Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona, zona 1 de la ciudad de Guatemala, se ha modificado nuevamente el paisaje. Las rejas que desde hace menos de dos meses impiden la entrada libre al lugar, están cubiertas por distintas pancartas del Grupo Pro Justicia y rodeada de docena y media de sanitarios móviles.
Esta es una agrupación completamente desconocida que había pasado desapercibida hasta su llegada el 28 de agosto a la sede del MP.
El medio Factor 4, publicó en sus redes sociales una serie de vínculos de esta organización y de su principal líder Julio Enrique Pérez Ordoñez con Julio Rivera Clavería, excandidato presidencial del partido Mi Familia señalado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI de formar parte de la Red Moreno.
El medio también señaló los vínculos del grupo con la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), de ahí su membresía con grupos de exmilitares. Además, de otras personas vinculadas al actual gobierno de Alejandro Giammattei, y al partido de Zury Ríos que forman parte de esta agrupación.
1/7🧵#Urgente | Una "organización campesina" llamada @GpoProjusticia, se encuentra acampando en las afueras del @MPguatemala, manifestando en favor de la democracia. Nos dimos a la tarea de investigar qué es esta organización y esto encontramos (sigue el hilo) pic.twitter.com/Si7WGaR3mG
— Factor 4 (@Factor4_GT) August 29, 2023
La instalación de este grupo frente al MP se da a pocas horas del llamado de las autoridades de las alcaldías indígenas de los pueblos originarios a movilizarse y exigir la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras Argueta y de los fiscales Rafael Curruchiche Cucul y Cinthya Edelmira Monterroso.
El llamado de las autoridades indígenas a la ciudadanía fue realizado desde Totonicapán, tiene el objetivo de garantizar el respeto de la decisión del pueblo guatemalteco en las urnas.
Tanto las movilizaciones ciudadanas como el llamado de las autoridades indígenas no tienen vinculación con este grupo, afirma una persona cercana a una de las alcaldías indígenas consultada vía telefónica por Prensa Comunitaria.
El escenario
Los integrantes de dicha agrupación que se hace llamar Grupo ProJusticia han instalado una tarima, equipo de sonido y una planta eléctrica. Pero lo que más llama la atención y que ha generado cientos de comentarios en redes es la fila de 20 sanitarios móviles que fueron colocados frente a la sede del MP y que se erigen como un muro verde que resguarda el edificio donde se ubica la oficina de la fiscal General. Un picop Ford 150 con vidrios polarizados completa el escenario.
Pérez Ordóñez, quien se presenta como director ejecutivo del Grupo Pro Justicia, señala que la agrupación se originó en 1991, con la idea de llevar proyectos de desarrollo a las comunidades.
Afirma tener una coordinación con 596 organizaciones, entre ellas empresariales, de veteranos militares y de campesinos, cooperativas, sindicatos y de solidaridad. El grupo está conformado por 3 millones 500 mil familias, cada una de ellas llena un censo y cuenta con un expediente específico, subraya Ordóñez.
Grupo Pro Justicia frente al Ministerio Público
El entrevistado da detalles sobre la jornada de protestas frente a la sede del MP. El objetivo, dice, es permanecer ahí toda esta semana y para ello colocaron una tarima, desde donde cualquier persona puede pronunciarse. No importa si es de uno u otro partido político.
Ordóñez manifiesta que no es la primera vez que se involucran en este tipo de manifestaciones.
En 2015, durante las jornadas de inconformidad con el gobierno de Otto Pérez Molina también lo hicieron y lograron convocar a “una gran cantidad de personas”. Distintos actores que participaron en las protestas contra OPM en la ciudad de Guatemala señalaron que no conocen de la existencia de este grupo, tampoco recuerdan haberlos visto en esas jornadas.
Sobre el financiamiento del grupo dijo que trabajan con fondos propios. “Todos los miembros activos aportan una cantidad de dinero al año, como membresía y con eso se mantiene el funcionamiento de proyectos pequeños y de oficina. Los proyectos medianos y grandes, en cambio, se gestionan a nivel internacional, pero también contribuyen algunas empresas de conciencia, a nivel nacional, que quieren apoyar a los grupos menos favorecidos”, señaló Ordóñez.
Para este plantón se puede calcular un gasto inicial de unos Q107 mil – USD13 mil-.
La empresa Rentable, que suministró aproximadamente 20 unidades de sanitarios móviles cobra Q650 por unidad incluyendo la limpieza por día, es decir, se estarían invirtiendo unos Q91 mil solo en el uso de los baños durante una semana de la actividad.
Además de Q6 mil en diésel para mantener la planta eléctrica funcionando alrededor de 12 horas, 2 galones por hora, durante una semana. Sumando unos Q10 mil 500 en sonido y alquiler de tarima.
Ya han transcurrido varios días desde que se ubicaron frente al MP y la presencia de miembros de dicha organización ha sido mínima.
Al consultar las redes sociales del grupo no se logró ubicar ninguna convocatoria pública para esta actividad, la última publicación que realizaron fue del 24 de diciembre de 2020.
Esta agrupación que parece estar más cercana al oficialismo y a los grupos que respaldan abiertamente a la fiscal general, podría responder su presencia en el MP a la estrategia de suplantación de movimientos sociales para contrarrestar la movilización de la ciudadanía frente a esta institución, expresó una de las fuentes consultadas por Prensa Comunitaria sobre esta agrupación y quien pidió omitir su nombre.
Un caso similar ocurrió en el departamento de Huehuetenango entre los años 2017 a 2020 en el municipio de San Mateo Ixtatán, en este lugar, Arnoldo Noriega Pérez, un exguerrillero y quien actualmente es asesor presidencial para la conflictividad con el Gobierno de Giammattei, creó organizaciones de cartón para suplantar la representación de Cocodes, autoridades ancestrales y organizaciones en defensa del territorio para instalar un falso diálogo.
Noriega al frente de dos empresas de Pedro Muadi, expresidente del Congreso de la Republica en el periodo de Otto Pérez Molina, creo una serie de ONG de cartón, para apoyar a la empresa Energía y Renovación SA y promover la construcción de una red de hidroeléctricas de manera ilegal. La estrategia, aunque contó con todo el apoyo de Giammattei fracasó.
Energía y Renovación: una empresa hidroeléctrica depredadora
