Créditos: Simón Antonio
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Álvaro Ramazzini y Factor Méndez entregaron una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que denunciaron que antes de llegar a la primera vuelta “el proceso electoral estuvo marcado por anomalías y subjetividades, y ahora existe una judicialización de la segunda vuelta. “En esta etapa hay un tenaz abuso de la judicialización del proceso electoral, utilizando el derecho penal como elemento de intimidación en temas que son del ámbito exclusivo del derecho electoral”, denunciaron.

Por Simón Antonio Ramón

El obispo Álvaro Ramazzini, cardenal de la iglesia católica de Guatemala y el columnista de prensa y académico Factor Méndez, integrantes de la Convergencia Nacional de la Resistencia (CNR) que articula organizaciones sociales y religiosas, se reunieron este jueves con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemus, con la finalidad de dar a conocer su perspectiva de la realidad electoral del país.

En la reunión se denunciaron anomalías y la judicialización del proceso electoral por parte del Ministerio Público (MP).

Según Ramazzini, presentaron una carta al secretario general de la OEA, a quien que piden sea traslada al consejo permanente. “El proceso electoral desde un inicio estuvo marcado por anomalías y subjetividades, hasta llegar a la primera vuelta electoral en la cual el resultado sorprendió a todos”, señala el documento.

Al referirse a la segunda vuelta donde los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Movimiento Semilla disputarán la presidencia, se denunció la judicialización del proceso cuyas acciones han sido encabezadas por el MP en los últimos días. “En esta etapa hay un tenaz abuso de la judicialización del proceso electoral, utilizando el derecho penal como elemento de intimidación en temas que son del ámbito exclusivo del derecho electoral”, afirmaron.

Además, señalaron el acoso que mantiene el Ministerio Público contra las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la orden de captura contra la directora del Registro de Ciudadanos (RC), la investigación penal contra las y los digitadores de las mesas electorales.

“Igualmente grave es el hecho de que el MP mantenga actitudes de investigación y acoso contra las autoridades electorales en momentos en que con una actitud digna el TSE, en apego al marco jurídico, defiende el resultado del voto y la voluntad ciudadana”, señalaron.

Una visita de la CIDH

En la petición se pidió la extensión del mandato de la Misión de Observación hasta el 14 de enero de 2024, que se manifieste a favor de las autoridades electorales como parte del cumplimiento de su mandato y de la Carta Democrática Americana, que pida al Estado y al MP que deje de usar el derecho penal como instrumento político y que gestione ante el gobierno una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala.

“Porque no sabemos que pueda pasar después, estamos en el país de las incertidumbre, de las dudas, de las sospechas, de las suspicacias y entonces es mejor avisar de lo que pueda pasar y después no lamentar de lo que no hablamos a tiempo, es por eso”, dijo el cardenal respecto a la petición de la extensión del mandato de la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE-OEA).

Mientras Ramazzini y Factor Méndez, estaban reunidos con Almagro en el hotel Intercontinental, en el Parque de la Industria la Fiscalía de Delitos Electoral desarrollaba una diligencia donde se encuentra el sistema informático electoral y donde se guardan de forman temporal todas las actas y papeletas utilizadas en la primera vuelta electoral, hecho que fue calificado por Ramazzini como “abuso de autoridad por parte del MP”.

Luis Almagro se encuentra en el país desde el martes 1 de agosto atendiendo una invitación del gobierno de Alejandro Giammattei, tras varias sesiones del consejo permanente de la OEA en las cuales se ha externado la preocupación de representantes de varios países sobre la judicialización del proceso electoral guatemalteco. La visita se desarrolla en un contexto de tensión y persecución política previo a la segundo vuelta electoral.

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