El amparo promovido por el MP en contra del presidente Alejandro Giammattei, el ministro de Gobernación, y el director de la policía, era un llamado de atención a las autoridades del Ejecutivo para que salieran a defender la labor de la fiscal general, quien indicó que su “mandato constitucional se ha visto vulnerado por las críticas de ciudadanos en su contra a través del uso de distintas redes sociales”. Pero el amparo de Porras no solo no surtió efecto sino que mostró una posible ruptura en la alianza que el MP y el Ejecutivo han sostenido y que ha servido para instrumentalizar la persecución penal contra actores incómodos y opositores al gobierno.
Por Paolina Albani
Este 28 de agosto, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió no otorgar el amparo provisional que la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, solicitó cuatro días antes para limitar la libertad de expresión y de manifestación de la ciudadanía que exigía su renuncia en redes sociales, una acción que también intentaba criminalizar a medios de comunicación y a periodistas por documentar el rechazo de la gente frente a la cuestionada gestión de Porras.
Esto ocurrió horas después de que Prensa Comunitaria, Revista Ruda y la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación José León Castañeda de la Universidad de San Carlos (USAC), presentaran un amicus curiae, un documento en el que terceras personas u organizaciones presentan sus opiniones sobre un caso que los afecta, para frenar el amparo de Porras.
El día de hoy el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad conoció el expediente 4986-2023, relacionado al amparo que promovió la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público contra el Presidente de la República, el Ministro de Gobernación,
— CC Guatemala (@CC_Guatemala) August 28, 2023
#URGENTE 🚨 Corte de Constitucionalidad rechaza otorgar el amparo provisional solicitado por Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Cinthia Monterrosoo.
👉🏽 Los funcionarios buscaban censurar a ciudadanos, periodistas y activistas que criticaron su gestión en el MP. pic.twitter.com/PAVIdJ1wHy
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) August 28, 2023
El amparo promovido por el MP en contra del presidente Alejandro Giammattei, el ministro de Gobernación, y el director de la policía, era un llamado de atención a las autoridades del Ejecutivo para que salieran a defender la labor de la fiscal general, quien indicó que su “mandato constitucional se ha visto vulnerado a través del uso de distintas redes sociales”, haciendo referencia especial a los usuarios de Twitter X.
Algunos de los usuarios que Porras nombró en el amparo y cuyas críticas hacia su mandato habrían “pretendido limitar el ejercicio de la persecución penal y transgredir la autonomía e independencia del MP” y también habrían “promovido el desorden público, la obstrucción de la justicia y la deposición de funcionarios legalmente nombrados”, fueron: Bernardo Silva, Vicente Carrera, Virginia Estrada, Sergio Yoel Morataya, Gerardo Guerra, Juan Francisco y Samuel Bernardo.
Pero el amparo de Porras no solo no surtió efecto sino que mostró una posible ruptura en la alianza que el MP y el Ejecutivo han sostenido y que ha servido para instrumentalizar la persecución penal de actores incómodos y opositores al gobierno. Entre ellos: fiscales, jueces, magistrados y periodistas.
Este mismo día, la Fiscalía de Asuntos Internos detuvo a la abogada Claudia González, quien representa a la exfiscal Virginia Laparra y al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y allanó la casa de González y de los padres de Sandoval, por supuestas anomalías en la investigación contra la magistrada Blanca Stalling.
Un amicus curiae efectivo
Pasadas las 10 de la mañana, Prensa Comunitaria, Revista Ruda y la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la USAC, presentaron el documento para impedir que la corte accediera a la solicitud de la fiscal general y que, de ser aprobada, podría instrumentalizar a la policía en contra de los opositores de Porras, fueran quienes fueran.
Simón Antonio, de Prensa Comunitaria, advirtió que el amparo afectaría la libertad de expresión.
“Hay serios señalamientos contra medios y periodistas que reproducimos la manifestación de la población de hechos de interés público. Tendría efectos inmediatos contra periodistas y en eventos posteriores”.
Fernando Villagres, de la asociación de estudiantes de comunicación de la USAC, compartió que la preocupación por la posible represión del MP y la policía, se ha trasladado a las aulas.
“Desde nuestras aulas estamos siendo censurados por la administración y tampoco lo vamos a permitir. Hoy sumamos fuerzas para poder presentar este amicus curiae para que no se le dé lugar ni favor al amparo de la fiscal, para seguir pisoteando la democracia como resultado de la segunda vuelta”.
Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, quien acompañó al Movimiento Nacional de Tejedoras, terceros interesados dentro del amparo de Porras, indicó que aunque la acción de la fiscal quedó sin materia, el objetivo era conseguir protección para la manifestación del 25 de agosto pasado, sí podría tener repercusiones más allá de esta fecha.
“El objetivo es censurar la expresión de los ciudadanos en las redes sociales, victimizarse, y utilizar la fuerza pública en cualquier manifestación para reprimirla. La Constitución resguarda estos derechos. Solo hemos visto esto en Nicaragua. Esperaríamos que la CC rechace este amparo y no se lo otorgue”.
Angelina Aspuac, del Movimiento de Tejedoras, se presentó con una veintena de mujeres indígenas quienes mostraban carteles que exigían la renuncia de Porras y de su mano derecha, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, quien a lo largo del proceso electoral, presentó varias acciones para impedir la participación de Semilla o para promover la cancelación del partido.
“No estamos de acuerdo con el accionar del MP. Se está utilizando a esta institución para perseguir y evitar a toda costa que se respete la voluntad del pueblo en las elecciones. Desde el inicio vimos cómo, el Pacto de Corruptos, nombró cortes. Ahora que -perdieron la Presidencia- ven que el futuro gobierno puede atentar contra sus intereses. Cada acción es señal de miedo e inseguridad”.
Alex García y Sergio Morataya, dos de los ciudadanos que fueron mencionados en el amparo de Porras, expresaron su rechazo a la criminalización del MP.
“Fuimos víctimas de esta agenda regresiva de la fiscal general. Rechazamos y repudiamos este pacto de intimidación que atenta contra la libertad de expresión, contra tratados internacionales de derechos humanos. Sentimos miedo porque no sabemos de qué manera actuará la fiscal general”, dijo García.
Morataya señaló que lo que buscaba el amparo era “callarnos”, “nos acusan de obstrucción de la justicia, de intervenir en la autonomía e independencia del MP, pero cuál independencia si sabemos que está cooptada por las mafias”.
Ambos presentaron un amparo en la CC el 26 de agosto pasado con el acompañamiento de la organización Acción Ciudadana (AC), para contrarrestar la persecución penal y para defender la libertad de expresión de las personas que han mostrado malestar ante la gestión de Porras.
Dimos acompañamiento a ciudadanos señalados por el MP, por publicar en RR. SS. fueron incluidas en el amparo solicitado por la fiscal ante la CC, para contrarrestar la persecución y defender la libertad de expresión, juntos presentamos un Amicus Curiae y una solicitud ante la CC pic.twitter.com/S97uSjew2c
— Accion Ciudadana TI Guatemala (@AcGuatemala) August 26, 2023
Eddie Cux, abogado de AC, opinó que el amparo, que es una protección para los derechos de las personas cuando se ven atentados por el poder público, la fiscal general lo utilizó para atentar contra la ciudadanía. Ese día, Acción Ciudadana presentó una solicitud para que los ciudadanos nombrados por Porras pudiesen ser agregados al amparo como terceros interesados para poder presentar argumentaciones, defensa, y un amicus curiae.
Dimos acompañamiento a ciudadanos señalados por el MP, por publicar en RR. SS. fueron incluidas en el amparo solicitado por la fiscal ante la CC, para contrarrestar la persecución y defender la libertad de expresión, juntos presentamos un Amicus Curiae y una solicitud ante la CC pic.twitter.com/S97uSjew2c
— Accion Ciudadana TI Guatemala (@AcGuatemala) August 26, 2023
