“Acciones e intenciones muy visibles prueban que buena parte de la élite política, mediática y empresarial está a gusto con el proyecto de constituir un GuatePerú. O, al menos, no les molesta, si es que eso evita el peligro del “comunismo””, afirman los analistas Alberto Vergara y Aarón Quiñón.
Por Simón Antonio Ramón
Los analistas peruanos Alberto Vergara y Aarón Quiñón escribieron el artículo denominado ¿De Guatemala a GuatePerú? para hablar sobre la erosión de la democracia en Guatemala y Perú.
Este trabajo fue publicado el 17 de julio, en la edición 23 de la revista Foreign Affairs Latinoamérica editado por Council on Foreign Relations (CFR) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en la edición de artículos académicos sobre las democracias en la región, titulado “Democracias inacabadas” y “autocracias electorales”.
Según los analistas, en el contexto del régimen autoritario que se instaló en Guatemala se desarrollaron las elecciones del pasado 25 de junio, que no cumplieron con las reglas mínimas de la democracia desde la eliminación de candidatos de los partidos políticos, el amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación y el control de instituciones de alto nivel. “Estas entidades han sido vaciadas de jueces, fiscales y funcionarios independientes, muchos de los cuales tuvieron que exiliarse. En síntesis, son elecciones que no cumplen con los estándares democráticos mínimos”, remarcan.
El vaciamiento democrático consentido por las élites
Los dos analistas de origen peruano parten de la premisa que la democracia de los países no muere únicamente en la concentración del poder, “sino también por su dilución o vaciamiento democrático”. Guatemala y Perú se acercan a este fenómeno, señalan.
Su punto de partida es que en ninguno de los dos países se encuentra un dictador pero existe un quiebre democrático. “No proponemos que Guatemala y Perú se encuentren en una situación idéntica respecto de su régimen político, porque no lo están ni lo han estado: la democratización política y social han sido históricamente más débiles en Guatemala que en Perú, por lo cual los puntos de partida del análisis son diferentes”, describen.
Alberto Vergara y Aarón Quiñón afirman que hay sectores de la población que se sienten cómodos con este tipo hechos para beneficios gremiales e ideológicos. “Acciones e intenciones muy visibles prueban que buena parte de la élite política, mediática y empresarial está a gusto con el proyecto de constituir un GuatePerú. O, al menos, no les molesta, si es que eso evita el peligro del “comunismo”, cita el artículo.
Guatemala sin dictador con pactos entre legales y criminales
“Guatemala ya no es una democracia, aunque tampoco es una dictadura institucionalizada como la Nicaragua de Daniel Ortega. Es electoral limitado y sin dictador”, indican respecto al escenario en el que se desarrollan las elecciones en el país.
También señalaron que desde las instituciones públicas se ha desaparecido la frontera entre acciones y acuerdos legales y criminales. “Más que en pactos comprehensivos, se asienta en una confluencia de intereses particulares, incluidos los criminales, con vocación de depredar el Estado. Es importante resaltar que la naturaleza de este autoritarismo también determina su vulnerabilidad”, agregan.
El deterioro intencional y control de las instituciones públicas construidas en tiempos democráticos como pasó con la Corte de Constitucionalidad (CC), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Judicial (OJ), Contraloría General de Cuentas (CGC) y otras, es una muestra del vaciamiento. “En cualquier caso, se trata de un sistema en el que el vaciamiento representativo ha permitido que se lo apropien intereses ansiosos de impunidad para los que la democracia es un escollo”, describen Vergara y Quiñón.
Respecto a la persecución judicial contra sectores durante el tiempo que estuvo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalan que son acuerdos que alcanzaron varios sectores para mantener sus privilegios.
“La urgencia judicial ha llevado a las élites guatemaltecas a coordinar y erigir un régimen autoritario que, sin anular completamente el pluralismo ni coronar a un líder supremo, ha acabado con la democracia”, anotan.
En Guatemala se desarrollarán tentativamente las elecciones de segunda vuelta el próximo 20 de agosto, pero la guerra judicial contra el partido Movimiento Semilla que ha sido impulsado por los partidos perdedores incluyendo el partido oficial de las elecciones de primera vuelta, ha generado incertidumbre en la población lo que también ha provocado múltiples acciones por parte de la población con la finalidad de defender la institucionalidad democrática, concluyen en el apartado sobre Guatemala.
Perú se encamina a las condiciones políticas guatemaltecas si no da tregua
En el caso de Perú, los dos analistas aseguran que al igual que en Guatemala, la clase política en el poder han tomado el control de las instituciones desde el Congreso que destituyó a seis magistrados del Tribunal Constitucional, también la elección arbitraria de un defensor del pueblo, el acercamiento entre el Legislativo y Ejecutivo con la nueva fiscal general, el control de la Superintendencia de la Educación Superior (SENADU) para eliminar requisitos de meritocracia para otorgar licencias para universidades privadas -parecido como el fraude electoral en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)- , nombramientos repentinos como parte del acuerdo para la sobrevivencia de Dina Boluarte, presidenta en funciones desde 7 de diciembre de 2022.
Además, señalan que ya no hay organizaciones programáticas ni lazos con la sociedad, e incluso es difícil asegurar la existencia de políticos profesionales. “Los políticos son una capa de personajes débiles, pasajeros y funcionales para que agrupaciones de todo tipo (incluyendo las criminales) restrinjan la capacidad regulatoria del Estado”, afirman.
Al igual que en Guatemala, “la coalición en el poder” tanto entre el Congreso con el Gobierno de Boluarte no tiene aceptación de la población peruana. “Curiosamente, comandada por el Legislativo y no por el Ejecutivo como en Guatemala -la coalición en el poder- sobrevive a pesar de ser impopular, carecer de organización y asentarse sobre bases precarias (baste decir que, según fuentes confiables, la Presidenta quiso renunciar dos veces)”, indican.
