La resolución de la CC de suspender los resultados electorales y no adjudicar cargos hasta no dilucidar todas las impugnaciones de los partidos políticos perdedores de las elecciones presidenciales pone en aprietos al Tribunal Supremo Electoral y tensa la alternancia del poder.
Un sumiso TSE ha dicho que acata la resolución sin pedir siquiera aclaración a menos de dos meses para la segunda vuelta electoral. Los mismos partidos que debilitaron el proceso electoral y que han actuado en contubernio con el gobierno desde hace cuatro años aseguran que les han robado las elecciones. En medio de la incertidumbre que planea son muchas las voces que se han levantado a pedir el resguardo de la decisión que tomaron los guatemaltecos, el 25 de junio pasado y que descansa en las papeletas y las actas de las Juntas Electorales.
Por Lucy Chay
El Centro de Operación del Proceso Electoral (COPE) ubicado en el Parque de la Industria amaneció este domingo 2 de julio custodiado de policías e integrantes del ejército. En el lugar se guardan todas las cajas que contienen las papeletas que se utilizaron en la primera vuelta de las elecciones generales el pasado 25 de junio cuando la población guatemalteca salió a elegir presidente, vicepresidente, alcaldes y diputadas/os. Allí también están depositadas todas las actas de los resultados firmadas por las mesas receptoras de votos y las Juntas Electorales Municipales y Departamentales.
La seguridad del lugar es la mayor preocupación a nivel nacional e internacional luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) a petición de nueve organizaciones políticas suspendió los resultados electorales y demandó una nueva revisión de los escrutinios.
La demanda al resguardo de los votos es colectiva.
Al llamado se han unido las misiones de observación electoral nacionales e internacionales, las agrupaciones pro derechos humanos, columnistas, periodistas, abogados y ciudadanos que desde temprano han publicado el resultado de los datos de la mesa en la cual votaron luego de revisar el Programa Informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) instó a las autoridades electorales, de manera urgente, a “disponer de las medidas necesarias para resguardar la bodega en la que se encuentran almacenadas las cajas electorales que contienen las actas originales y las papeletas electorales”.
Los comunicados y llamados a respetar la decisión de las y los guatemaltecos depositada en las urnas va en aumento conforme se avanza en el análisis, alcances y efectos negativos, que la decisión tomada por la CC pueda tener sobre el proceso electoral.
“Estados Unidos está profundamente preocupado por los esfuerzos que interfieren con el resultado de las elecciones del 25 de junio. Las acciones para interferir con el resultado de las elecciones violan el espíritu de la Constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático. Socavar las elecciones sería una grave amenaza para la democracia con implicaciones de largo alcance”, advirtió la tarde de este domingo el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
Un golpe electoral
El sábado 1 de julio el Mirador Electoral ya adelantaba que se gestaba un “golpe electoral”. “Ante los resultados desfavorables, producto del hartazgo ciudadano, varios partidos políticos que han sido afectados con los mismos, han interpuesto acciones legales que pretenden, como lo han expresado varios de ellos, anular las elecciones celebradas el 25 de junio”, señala el comunicado publicado horas antes de la resolución de la CC.
El Mirador se refería a las acciones presentadas por nueve organizaciones políticas, entre las cuales destacan los partidos que más recursos invirtieron en la campaña electoral y cuyos binomios presidenciales no lograron pasar a segunda vuelta o no obtuvieron los resultados que esperaban en sus listados de diputados o corporaciones municipales.
“Están todavía en shock, porque nunca se imaginaron que Semilla iba a lograr pasar a la segunda vuelta”, señaló Manfredo Marroquín, integrante del Mirador.
Los partidos Vamos, UNE, Valor, Cabal, Cambio, Mi Familia, Podemos, Creo y Azul, pidieron suspender la adjudicación de cargos y la oficialización de los resultados, porque consideran que existen dudas o anomalías en el conteo de votos.
Pero no solo el contenido de la solicitud de amparo genera suspicacias. El que los partidos hayan acudido directamente a tocar la puerta de la CC antes que ir la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como lo establece el procedimiento normal en temas electorales ha levantado muchas banderas rojas.
“La Corte de Constitucionalidad no tiene competencia para conocer el tema, si los amparos son en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la competencia es de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y si, por el contrario, se dirigen contra la Junta Electoral la competencia sería de un juez ordinario o sala de apelaciones”, señaló el abogado Oswaldo Samayoa en su cuenta de Twitter.
Por esta misma razón, el fiscal del partido Movimiento Semilla, cuyo binomio presidencial pasó a segunda vuelta, presentaron tres acciones ante la CC. Los integrantes de la agrupación han pedido aclarar la resolución la cual consideran ambigua, constituirse en terceros interesados en el amparo y que la Corte revoque su resolución por no ser el órgano competente para conocer las acciones promovidas para frenar la oficialización de datos electorales.
“Es inaudito que el máximo tribunal en materia de defensa del orden constitucional haya resuelto en un amparo provisional donde no tenía competencia y que luego de resolver reconozca que no era su competencia razón por la cual traslada los expedientes a la traslade a la CSJ”, señaló el fiscal del partido Semilla, Juan Gerardo Guerrero.
Los alcances de la resolución
La resolución dada por la CC el sábado por la noche ordena a las Juntas Electorales Departamentales (JED) y del Distrito Central convocar a una nueva audiencia de revisión de escrutinios en la que los “sujetos legitimados” podrán plantear nuevamente hacer las impugnaciones que consideren pertinentes, independientemente si se hubieran realizado las audiencias.
Luego la autoridad electoral deberá realizar el cotejo entre las actas del proceso electoral para determinar si cumplieron con los requisitos legales. En el caso de que se identifiquen alteraciones en los resultados de la votación, las Juntas Electorales Departamentales y Distritales deberán realizar las modificaciones del caso.
La CC también deja abierta la puerta para que en caso se amerite un nuevo conteo de votos se deberán razonar las resoluciones.
Con dicha decisión, el TSE no podrá oficializar los datos y se suspende la adjudicación de cargos de nuevas corporaciones municipales y de los diputados que integrarán el Congreso para el periodo 2024-2028. Eso también suspende que se oficialice a los dos binomios presidenciales que se disputarán la segunda vuelta electoral, y cuyos resultados preliminares favorecían a Sandra Torres, del partido UNE y Bernardo Arévalo, de la agrupación Semilla.
En la resolución la CC no aclara si la revisión de escrutinios será a nivel nacional o solo en algunos casos. Hasta ayer las Juntas Electorales Departamentales esperaban las instrucciones del TSE para conocer la forma en la que se realizaría el proceso.
Un proceso que podría ser demasiado lento como quedó demostrado en las elecciones generales de 2019 cuando luego de 14 días los fiscales de varios partidos políticos que habían impugnado los datos de las actas de las Junta Receptoras de Votos (JRV) desistieron de seguir revisando acta por acta de todo el proceso electoral.
Mientras el TSE no define cómo procederá, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que la impugnación de votos el día de los comicios fue bajo y reitera que los mismos partidos que tuvieron mayor cantidad de fiscales por mesa son los que ahora están presentado acciones en contra del resultado.
“A pesar del elevado número de fiscales partidarios, el total de votos impugnados fue relativamente bajo, es decir, las propias organizaciones políticas encontraron poco que objetar el día de la elección. Por ejemplo, la elección presidencial se impugnó menos del 0.01 por ciento de los votos emitidos. La misión desea enfatizar que algunos de los partidos políticos que ahora buscan, por la vía de amparo, impugnar los resultados electorales, fueron precisamente los que contaron con mayor presencia de fiscales en las mesas de votación el 25 de junio”, dice el comunicado.
Lo mismo señaló el presidente de la Junta Electoral Departamental de Quetzaltenango, el jueves pasado cuando fiscales de partidos políticos pedían la revisión de actas. “Si usted pretende realizar algo que en un momento determinado no acreditó como agravio ante cualquier Junta Receptora de Votos entonces sus objeciones no van a ser atendidas”, respondió Mynor Domínguez al fiscal del Partido Familia que señalaba problemas en las actas.
En un comunicado la noche de este domingo 2 de julio, el TSE señala que las Juntas Electorales Departamentales deberán organizarse para llevar a acabo las audiencias de revisión de escrutinios de nuevo, aunque el proceso ya lo habían finalizado el 30 de junio. Los magistrados señalan que ejecutarán lo resuelto por la CC y “en tanto se dilucidan las situaciones aludidas en la resolución, se suspende la calificación y oficialización de los resultados de las elecciones generales”.
Aunque la resolución de la CC manda a que el proceso de revisión de escrutinio se realice cuanto antes para no afectar la fecha establecida para la segunda vuelta programada para el 20 de agosto próximo y que se respeten los plazos establecidos para la alternancia del poder, las Junta Electorales Departamentales tendrían menos de dos meses para cumplir con la orden.
A eso se suma la incertidumbre por la puerta abierta que ha dejado la resolución para un reconteo de votos cuando se amerite cuadrar los datos de las actas, una acción que podría extender por meses la oficialización de los resultados.
El TSE reitera en un escueto comunicado que “los guatemaltecos pueden seguir confiando en la autoridad electoral” para proteger el régimen democrático del país, un régimen que ya ha demostrado que los plazos para la alternancia de autoridades es lo que menos le quita el sueño, y cuyo gran ejemplo lo representan los magistrados de la CSJ que debieron haber entregado sus cargos hace cuatro años.
A siete días de los comicios generales los datos oficiales de los nuevos integrantes del Congreso, de las corporaciones municipales y de los que se disputarán la silla presidencial han sido suspendidos de forma oficial por el TSE.
El único dato que quedó claro para los guatemaltecos que no durmieron y permanecieron despiertos hasta la madrugada del lunes 26 es que los que disputarían la segunda vuelta electoral eran Sandra Torres y Bernardo Arévalo.
Luego de esa conferencia dada por los magistrados del TSE a las 3 de la mañana, los conflictos y las inconformidades de los perdedores empezaron a brotar.
Hoy, los magistrados del tribunal electoral por medio de un comunicado, sin mayores explicaciones, han informado que han puesto a cero de nuevo el tablero.
Momento en el que la Policía Militar del ejército de Guatemala intenta ingresar al Parque de la Industria en la zona 9 capitalina, en este lugar funciona el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en su interior se resguardan las cajas electoral que contienen las papeletas de votación de todo el país.
