Un mes antes de su destitución, la FECI dirigida por Juan Francisco Sandoval investigaba hechos sobre 101 diputados del Congreso de la República que se habrían beneficiado con sobornos de Odebrecht.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) analizó un recurso de apelación promovido por el Congreso de la República, por la solicitud de información que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en 2021, cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, en relación a 101 diputados señalados en la investigación por el caso Odebrecht.
La impugnación fue promovida por el Congreso, porque a su criterio, la autorización judicial del Juzgado de Mayor Riesgo “D” era “ilegal” y, los congresistas de quienes la FECI pidió la información gozan de antejuicio.
“La autoridad cuestionada omite tomar en cuenta que la información solicitada involucraba a personas que gozan del derecho de antejuicio, por tal razón, en observancia del principio de legalidad, para iniciar cualquier tipo de investigación dirigida contra los titulares de esa prerrogativa, se debe contar con la declaración de que ha lugar la formación de causa en su contra; y d) partiendo del hecho de que la información peticionada involucraba a Diputados al Congreso de la República de Guatemala”, alegó el representante legal del Legislativo.
En la apelación, el Congreso también hizo ver que impugnaron porque están “legitimados” para hacerlo, a raíz de que el recurso legal que inicialmente plantearon fue rechazado sin entrarse a conocer por la exjueza Erika Aifán.
CC: No hubo ningún agravio
Al analizar la apelación, la CC determinó que no hubo ningún agravio con el rechazo del primer recurso legal, que buscaba dejar sin efecto la autorización judicial para pedir información de los diputados.
“Cabe precisar que el involucramiento del Organismo ahora postulante se agotó al cumplir con remitir la información y documentación que le fue requerida por la Jueza ahora objetada, pues tal y como lo refirió el Tribunal de Amparo de primer grado, el artículo 157 del Código Procesal Penal en concordancia con el artículo 14 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, prevén la obligación de las entidades públicas de prestar colaboración, en este caso, al Ministerio Público y a los Tribunales, cuando les sean requeridos informes para la investigación”, resolvió.
En la resolución, la magistrada Dina Ochoa emitió un voto disidente, es decir, estuvo en contra de la resolución emitida.
Un caso que tomó otro rumbo
Tras la destitución de Sandoval y con la llegada de Rafael Curruchiche, la investigación del caso Odebrecht tomó otro rumbo. A la fecha no se ha presentado ninguna nueva acción contra los funcionarios del Congreso que figuran como señalados en una posible segunda fase de esa pesquisa por corrupción.
Por otro lado, se giraron órdenes de captura contra Sandoval y otros exfiscales que investigaron el caso contra la constructora brasileña. En enero, Curruchiche anunció órdenes de captura contra el expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), Juan Pablo Carrasco de Groote; la exfiscal general, Thelma Aldana; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López; y David Gaitán, exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Además, anticipó acciones legales en contra de Iván Velásquez, exjefe de la CICIG; y Luz Adriana Camargo, exfuncionaria de la Comisión.
¿Por qué el caso Odebrecht se está usando para perseguir a quienes investigaron la corrupción?
Un caso sin esclarecer
La investigación por corrupción de Odebrecht es una de las más grandes tramas de corrupción de Latinoamérica en los últimos años, llegó a alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países.
Odebrecht es una empresa constructora originaria de Brasil, señalada por dar sobornos en Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.
Según la FECI y CICIG, una presunta estructura criminal liderada por el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas. Estos cobros, según la investigación, consistían en porcentajes que iban desde el 5 al 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) realizó un examen especial de auditoría a los aspectos financieros, de cumplimiento y gestión, al contrato adjudicado a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A., estableciendo la posible comisión de ilícitos, por lo que se presentó la denuncia en la FECI.
“Para ello Odebrecht, desde su departamento de operaciones estructuradas, abrió una serie de cuentas bancarias en distintos países a título de empresas offshore, en apariencia no vinculadas con ella, con el fin de ocultar el origen ilícito de los montos cuando esos importes llegaran a los destinatarios finales”, indicó el MP.
El caso actualmente está paralizado y recientemente se anularon los acuerdos de colaboración eficaz firmados en ese proceso penal.
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