Por Laura Chaparro Piedrahíta*
El año 2023 representa, sin duda, un año decisivo para Guatemala. Sin embargo, mientras muchos se preguntan qué se espera para el futuro del país, es imperativo también mirar a su pasado.
A menos de un mes de celebrarse las elecciones presidenciales generales el, 25 de junio 2023, las encuestas indican que existe un alto nivel de pesimismo entre los guatemaltecos, además de un bajo nivel de percepción en que la situación socio-política se resuelva en el corto plazo.
Esta se caracteriza por las severas violaciones a los derechos humanos y de la prensa, las muertes violentas como resultado de la delincuencia organizada, el uso excesivo de la fuerza ejercido por los militares y agentes de seguridad privada, y la exclusión de tres candidatos de la próxima contienda electoral.
Más crítico aún, la implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y las guerrillas representadas por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en 1996, y el proceso de justicia transicional que se adelanta en el país hace más de una década, no parecen estar incluidos en la agenda de ninguno de los candidatos que aspiran a la presidencia.
Para avanzar hacia el futuro, es necesario que el país resuelva primero su pasado. Entre 1960 y 1996 Guatemala se vio inmersa en un conflicto armado interno que trajo graves violaciones a los derechos humanos de miles de víctimas, en su mayoría campesinos, miembros de las comunidades indígenas y mujeres.
En el marco de las disputas de la Guerra Fría, los pueblos mayas se convirtieron en enemigos internos para los gobiernos militares, siendo desplazados en un contexto de violencia y uso desmedido de la fuerza estatal. ¿El resultado? Múltiples casos de ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y desmedidas formas de violencia contra las mujeres, la mayoría de los casos durante las dictaduras de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt.
Posteriormente, en 1996 se estableció un proceso de justicia transicional clave para investigar los abusos cometidos durante este período, brindar reparaciones a las víctimas y juzgar a los responsables de estas atrocidades.
Sin embargo, durante los últimos cinco años, en tres ocasiones diferentes, se han presentado proyectos de ley con los que se busca prohibir que se juzguen a miembros del Ejército, además de dejar en libertad a personas que fueron condenadas o que enfrentan procesos penales por cualquier hecho cometido en el contexto conflicto armado. De ser aprobada, estas leyes de amnistía representarían un grave retroceso para los sobrevivientes, las víctimas, y sus familiares.
La justicia transicional es clave para la construcción de la paz
El caso de Guatemala es uno de los muchos que ilustran la complejidad de la justicia transicional en América Latina. Continente pionero en la aplicación de enfoques de este tipo encaminados responder a los legados de violaciones masivas de los derechos humanos, a través del establecimiento de comisiones de la verdad, otorgamiento de reparaciones a las víctimas, y en muchas ocasiones procesos judiciales contra los perpetradores.
Según las Naciones Unidas, la justicia transicional abarca toda la gama de procesos y mecanismos relacionados con el intento de una sociedad de asumir el legado de violaciones y abusos pasados a gran escala para garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación, a través de cuatro pilares fundamentales: verdad, justicia, reparación y no repetición, centrándose principalmente en reconocer la dignidad y satisfacer los derechos de las víctimas.
Los primeros países en implementar modelos de justicia transicional fueron Argentina, en 1984; y Chile, en 1990, dos naciones que sufrieron el impacto de las dictaduras militares. Posteriormente Perú inició un período de transición atenuando una campaña sistemática de abusos amparados en una ley de emergencia promulgada unos años antes. Colombia es el último país en firmar un ambicioso Acuerdo de Paz en 2016, poniendo fin al conflicto armado interno más extenso del continente.
Así, la justicia transicional resulta clave para avanzar en la construcción de paz, pues señala el camino para transitar hacia una sociedad democrática en la que los ciudadanos son tratados dignamente.
Una ley de amnistía pone en riesgo los avances de la justicia transicional en Guatemala
Acciones como la iniciativa para aprobar una ley de amnistía propician la impunidad, dan la espalda a los derechos de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto, atentan gravemente contra los esfuerzos para avanzar hacia la construcción de la paz y el reconocimiento de la verdad, y desconocen la complejidad del conflicto armado y los abusos cometidos contra las comunidades.
Guatemala ha tenido importantes avances como el establecimiento del Programa Nacional de Resarcimiento creado en 2003 para resarcir a las víctimas. Frente al esclarecimiento de la verdad, el Informe de la Comisión sobre el Esclarecimiento Histórico (CEH), establecido para esclarecer los hechos y circunstancias que motivaron la guerra, ha dado cuenta, en su informe publicado en 1999 ‘Guatemala: Memoria del silencio’ de las atrocidades perpetradas durante tres décadas de conflicto que dejaron más de 200.000 personas damnificadas, y ha emitido una serie de recomendaciones (una de ellas, precisamente, sobre la falta de investigación de los victimarios por los delitos cometidos durante la guerra) para hacer más accesibles los cuatro pilares de la justicia transicional, aunque en la actualidad sólo unas pocas hayan sido implementadas en su totalidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en diversas sentencias que la falta de investigación, procesamiento y sanción sobre los responsables contribuyen a la impunidad y limitan la reparación por los daños causados. Hasta la fecha, la Corte ha dictado 29 sentencias por casos de violaciones de derechos humanos en Guatemala, 15 de ellas ocurridas durante el conflicto interno, e incluso ha otorgado medidas provisionales a las víctimas, ordenando al Estado suspender el trámite de la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, propuesta que aún continúa en el Congreso a la espera de ser aprobada.
Expertos en derechos humanos, organismos internacionales, organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado han alertado sobre los riesgos derivados de la posible aprobación de esta ley de amnistía. Por un lado, significa un gran retroceso en los avances logrados en la lucha contra la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, y especialmente para el progreso de la justicia transicional, el reconocimiento de la responsabilidad y la necesaria construcción de la memoria histórica, pues contribuiría a la repetición de estas agresiones, y promovería un círculo de violencia y represión en el país.
La falta de investigación y enjuiciamiento de estos atroces hechos también atentaría contra los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Finalmente, constituye un grave retroceso para el sistema de justicia, y el estado de derecho en Guatemala.
Las elecciones, un desafío y una oportunidad
Las próximas elecciones representan un enorme desafío para la justicia transicional en Guatemala, pero a su vez, una gran oportunidad para visibilizar la magnitud y la gravedad de la violencia en este país, además de llamar la atención sobre la importancia de la intervención del Estado para asegurar que las atrocidades cometidas con relación al conflicto interno armado no se repitan.
Para ello, el desarrollo de políticas públicas concretas orientadas a ratificar la responsabilidad del Estado en la administración de justicia y la creación de programas gubernamentales dirigidos prioritariamente a quienes más lo requieren, resultan clave.
Una vez elegido, el nuevo gobierno debe ratificar su compromiso para implementar, sin dilaciones adicionales los Acuerdos de Paz, intensificar el trabajo de la comisión de la verdad en búsqueda de las personas desaparecidas, reparar a las víctimas, y asegurar que los hechos que fomentaron las atrocidades de la guerra no se repitan, y que los problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado, entre ellos el racismo, la desigualdad y la falta de participación política, no contribuyan a que la anhelada paz se convierta simplemente en un sueño distante.
*Este articulo es parte de The Bridge (El puente), presentación con opiniones, comentario e investigación desde la perspectiva singular de la Comunidad de Global Voices.
