Once años ha esperado el pueblo Maya K’iche de Totonicapán por la masacre perpetrada por el ejército de Guatemala en el kilometro 169 de la carretera Interamericana en 2012. Una patrulla del ejercito al mando del coronel Juan Chiroy Sal se movilizó para reprimir la protesta de miles de personas en este punto que, se movilizaban contra las políticas antipopulares del gobierno del exgeneral Otto Pérez Molina. El 4 de octubre más de una decena de personas resultaron heridas por el fuego de los fusiles del ejército, seis murieron en el lugar y dos más murieron años después resultado del ataque.
Por Simón Antonio Ramón
El 15 de junio se inició el debate oral y público contra nueve militares acusados por los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa, por la masacre en la Cumbre de Alaska el 4 de octubre de 2012. Seis personas murieron y 14 resultaron heridas, todos participaban en una manifestación convocada por la junta directiva de la Alcaldía Indígena K’iche de los 48 Cantones de Totonicapán.
El contingente militar estaba al mando del coronel Juan Chiroy Sal, quién es acusado en el juicio junto a los soldados Edin Adolfo Agustín Vásquez, Dimas García Pérez, Abner Enrique Cruz Pérez, Abraham Gua Cojoc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Manuel Lima Vásquez, Marcos Chun Sacul y Felipe Chub Coc.
“El 4 de octubre de 2012, el Estado de Guatemala a través de las fuerzas de seguridad específicamente el ejército, se organizaban deliberadamente para realizar las acciones que tuvieron como consecuencias la represión, las lesiones, la pérdida de la vida de personas”, afirmó ante el tribunal”, dijo la abogada Jovita Tzul.
En una entrevista a la exfiscal Claudia Paz y Paz en Plaza Pública, afirmó que el coronel Juan Chiroy Sal fue el primero en abandonar a la tropa, siendo el principal responsable del ataque a la multitud en el lugar. “Chiroy Sal no respetó los procedimientos… y abandonó a su tropa en medio del conflicto, siendo éste el primero en retirarse en un picop. Actos que desembocaron en la matanza de seis personas”.
Ese día en la ciudad de Guatemala, una delegación de autoridades indígenas de los 48 Cantones llegó a la Casa Presidencial para entregar un pliego de peticiones y exigir al Gobierno de Pérez Molina diera marcha atrás con una serie de políticas y medidas que afectaban a la ciudadanía.
El gobierno se contradijo con una serie de versiones que buscan criminalizar al pueblo K’iche, negando que en la Cumbre de Alaska la presencia del ejército, luego que haya ido armados, luego que hayan disparado, el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla en ese momento frente a lo contundente de las fotografías publicadas por los medios independientes, en donde se veía a los soldados disparando a la población llegó a afirmar que eran disparos al aire.
En el inicio del juicio en la sala de audiencias estuvieron presentes las compañeras y esposas de los seis k’iche masacrados ese día, sin víctimas también, pues quedaron viudas y con hijos luego de la masacre. Con ellas estuvieron presentes representantes de la actual junta directiva de los 48 Cantones.
Sala de audiencias en la Torre de Tribunales
En la intervención del fiscal del Ministerio Público (MP) Mynor Hernández señaló que, los militares salieron de la ciudad de Guatemala a las 10:00 de la mañana para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC), para dispersar a la manifestación. En ese momento la fuerza antimotines era la encargada de dispersar la movilización del pueblo K’iche, pero les fue imposible hacerlo.
“En el kilómetro 167 aproximadamente de la ruta Interamericana donde se encontraban estacionados las patrullas de las fuerzas especiales de la PNC, los agentes le hicieron el alto a los vehículos donde se transportaban el señor Juan Chiroy y el personal bajo su mando, para que no llegaran hasta donde estaban los manifestantes. Pero los vehículos continuaran continuaron su marcha”, afirmó el fiscal.
El fiscal indicó que entre las dos o tres de la tarde, una delegación se dirigió a los militares para dialogar sobre la manifestación y estos lo asumieron como una agresión. “Un grupo de personas manifestantes se dirigía al kilómetro 169 de la ruta antes sindicada –ruta Interamericana- con la finalidad de dialogar. Cuando los elementos observaron que personas relacionadas a la manifestación que se acercaban empezaron a atacarlos, por lo que, con el ánimo de defenderse, activaron sus armas”, señaló el fiscal.
El planteamiento de las y los querellantes
Ese 4 de octubre, la manifestación de los 48 Cantones había comenzado a las 6 de la mañana en los puntos acostumbrados a manifestar, en la Cumbre de Alaska donde ocurrió la masacre, Cuatro Caminos, La Cuchilla y la entrada de Quiché lugar conocido como Los Encuentros.
Una delegación de la junta directiva de los 48 Cantones había viajado a la capital a buscar un dialogo con el entonces presidente Otto Pérez Molina, sin embargo, fueron atendidos hasta después de que ya había ocurrido la masacre.
El abogado José Santos Sapón, mandatario legal de los 48 Cantones señaló que la junta directiva de esa fecha llevó tres planteamientos sobre temas estructurales que afectaban al país y que a la fecha siguen afectando.
“Un planteamiento sobre la energía eléctrica que no es nuevo, que inició desde 1996 cuando se privatizó el servicio de energía eléctrica en Guatemala, el pueblo de Totonicapán ha exigido para todo el pueblo de Guatemala un servicio eléctrico de calidad, con un costo aceptable para la mayoría de la población pobre”, señaló.
El abogado señaló que las otras dos peticiones se referían al cambio del pensum de la carrera del magisterio y el intento de reformas a la Constitución como el artículo 66 que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas.
“La manifestación del 4 de octubre no es resultado de la casualidad, es un hecho que constituye en ejercicio del derecho de petición porque miembros de junta directiva de 48 cantones se encontraban en Guatemala para tener un diálogo con el señor presidente en ese entonces el general Otto Pérez Molina”, dijo Santos Sapón, quien además presidió posteriormente la Alcaldía Indígena Maya k’iche de los 48 Cantones de Totonicapán.
La convocatoria de ese 4 de octubre estaba debidamente notificada a las instituciones del Estado señaló la abogada Jovita Tzul, sin embargo, el Estado no la asumió como una exigencia legítima.
“El 4 de octubre de 2012, el Estado de Guatemala a través de las fuerzas de seguridad específicamente el ejército, se organizaban entonces deliberadamente para realizar las acciones que tuvieron como consecuencias la represión, las lesiones, la pérdida de la vida de personas”, afirmó ante el tribunal”.
La abogada Lucía Xiloj señaló que la masacre era parte de la política de seguridad que Pérez Molina había impulsado. “La masacre ocurrió en el gobierno de Otto Pérez Molina con una política de seguridad represiva. El operativo estaba preconcebido, cualquier manifestación era considerada ilegal”, señaló.
La abogada hizo alusión a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de seguridad pública. “Las funciones de las fuerzas de seguridad en una protesta social según la Corte IDH es individualizar a personas violentas. Entonces, el uso de la fuerza debió ser la excepción”, señaló.
Abogados de los militares niegan su culpabilidad
A pesar de los señalamientos de la fiscalía y de los abogados querellantes, la defensa de los miliares insiste que sus defendidos son inocentes y que están siendo acusados con pruebas que fueron recogidas de manera ilegal.
Por su parte el abogado Carlos Moscoso Díaz, señaló que sus defendidos no pueden ser condenados por el delito de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado tentativa, sino por homicidio en situación tumultuosa. Además pidió una absolución.
En la fase de presentación de incidentes, el abogado José Santos Sapón pidió que se acepte que el perito Sergio Estuardo Palencia Frener presente el informe de peritaje sociocultural de manera virtual ya que se encuentra en Estados Unidos. Además, pidió que se sustituya al perito peruano Rodolfo Robles Espinosa quien realizó el peritaje militar para que sea presentado por el también peruano Clever Alberto Pino Menau.
El Tribunal de Mayor Riesgo presidido por la juez María Eugenia Castellanos Cruz, y las juezas Elia Raquel Perdomo Ruano y Marlín Mariela González, no pudieron resolver el incidente planteado porque, la jueza Elia Perdomo fue suspendida de sus labores por motivos de salud, por lo que la audiencia fue suspendida y será reanudada el próximo 28 de junio.
