A cuatro días de las elecciones, el panorama electoral ha sido influenciado por la ausencia de independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha sido altamente cuestionado por la aplicación de criterios diferenciados e inconsistentes para otorgar, bloquear e, incluso, revocar, la inscripción de algunas candidaturas. Sobre todo, de binomios presidenciales con propuestas políticas antisistémicas. Esta interferencia de instituciones de gobierno y de las altas cortes, ha restado credibilidad a los magistrados encargados de la operatividad de las votaciones y, por consiguiente, al proceso, de acuerdo a las organizaciones que integran la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOEGT).
Por Paolina Albani
Este 21 de junio, el MOEGT presentó un nuevo informe sobre la situación del proceso electoral en donde señalaron varios hallazgos que respaldan la idea de una interferencia del gobierno.
Entorno a las inscripciones, la misión señaló que no se realizó un análisis legal y político que asegure la idoneidad de los candidatos y el derecho de ser electo de quienes a quienes aseguran han sido víctimas de señalamientos espurios.
Para la MOEGT, si bien la autoridad electoral negó la participación de candidatos que no tenían impedimentos legales o constitucionales, también se aceptó la participación de figuras con claras restricciones.
Como el caso de Zury Ríos, del partido conservador y de ultraderecha Valor, por ser hija de un dictador de facto; también inscribió a narcotraficantes confesos, como el actual alcalde de Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos, Exadillas Dionel Ramos Aguilar; líderes de culto como el vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Romeo Eduardo Guerra Lemus.
Es más, el TSE ha protegido estas candidaturas de señalamientos de campaña anticipada, que en otros casos les ha costado a binomios su inscripción como los casos de Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP); y de Roberto Arzú de Podemos; y las cortes ha rechazado amparos que evitarían la participación de postulantes como Ríos y Sandra Torres, de la UNE. Por ejemplo, el 13 de abril pasado, la CSJ denegó en definitiva los amparos presentados por Cabal y Todos, que las sacarían de la jugada.
“Desde 2019 existe una tendencia hacia el uso de recursos judiciales para manipular la competencia electoral”, señalaron en el informe.
Además, el Ministerio Público, específicamente, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y no de la Fiscalía de Delitos Electorales, presentó varias denuncias en contra del candidato de Cabal, Edmond Mulet, que diezmo a la percepción de interferencia.
Financiamiento de campañas: uso de fondos públicos y de trabajadores del gobierno
Por otro lado, la MOEGT confirmó que la mayor parte del financiamiento de la campaña de los partidos proviene de fuentes privadas y que hay una vulnerabilidad a la filtración de dinero ilícito. De esa cuenta, el sistema de Cuentas Claras del TSE refiere que el 78% de los gastos de campaña fueron de financiamiento privado y solo 22% provinieron del financiamiento público otorgado por el tribunal a través de la deuda política.
Sin embargo, ese 22% no incluye los fondos públicos, destinado a ministerios y municipalidades para su funcionamiento anual, y que has sido utilizados para financiar la campaña. Al 15 de junio, se han registrado 43 casos de uso de recursos públicos.
“Entre estos 43 casos reportados, se observó la participación de 53 personas que son candidatas y candidatos a cargos de elección popular, de las cuales, 42 buscan la reelección y, de estos, 39 son candidatos a alcaldes municipales.
Pese a la gravedad de estos ilícitos, a la fecha no se conocen acciones concretas de las entidades fiscalizadoras, de control o del Ministerio Público. El TSE ha indicado que los hallazgos los está analizando y trasladará los expedientes a los órganos correspondientes”, escribió la MOEGT en su informe.
Parte del uso de recursos públicos incluye recurso humano, algo prohibido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La MOEGT publicó que los partidos Vamos, UNE, Comité Cívico de Unidad Marquense, Cambio, Cabal, Unionista-Valor, Victoria, Bien, PPN, Podemos y Todos, utilizaron a trabajadores del Estado en horario laboral, para actividades de campaña electoral (18.6 % del total de casos), también se detectó que fueron utilizados para entregar productos y otros beneficios de programas del gobierno (16.3 %) o en la inauguración de obras públicas (14 %). Al menos 20 municipios en 15 departamentos cometieron estos ilícitos.
La misión reportó que, al 31 de mayo, cinco partidos políticos reportaron mayor gasto de campaña electoral. Ellos son: Valor con Q3.9 millones; Creo con Q2.5 millones; Vamos con Q2.2 millones; la UNE con Q2.0 millones; y Cabal con Q1.9 millones. Esto sigue reforzando que el financiamiento de campañas electorales es un modo de “inversión para ganar cuotas de poder político”.
En el otro extremo, los cinco partidos políticos que reportaron menor gasto fueron: Partido Republicano con Q170.2 miles, PIN con Q56.4 miles, URNG-Maíz con Q54.4 miles, Partido Popular Guatemalteco con Q36.7 miles, y Poder con gasto de campaña nulo.
“En el último mes de campaña se identificó una tendencia en noticieros de la televisión abierta de otorgar una cobertura preferente al candidato del partido oficial”, apuntaron.
2.8 millones de jóvenes no votarán
También se registró una debilidad en el proceso de empadronamiento. Como resultado, alrededor de 2.8 millones de personas quedaron fuera del padrón. Nueve de cada 10 son jóvenes entre 18 y 25 años.
La misión observó que la difusión de la campaña de empadronamiento fue deficiente y adujo que la comunicación de algunas reformas a los reglamentos electorales que se publicaron 10 días antes de la convocatoria a elecciones generales, también. Al grado que influyó en un mal desempeño de parte de los órganos electorales y partidarios.
Violencia
Durante la contienda electoral hasta el 15 de junio, el MOEGT identificó 15 casos de asesinatos, entre ellas, cuatro mujeres, y cinco intentos de asesinato (dos de ellas mujeres) y 15 amenazas de muerte.
En enero, hubo un intento de asesinato en contra del candidato a alcalde del partido Semilla e Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; y, en febrero, el asesinato del candidato a alcalde del partido Todos, en Chahal, Alta Verapaz.
En 2019, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y Petén confirmaron el mapa de distritos con conflictividad electoral y estos mismos departamentos siguen vigentes para 2023.
Esa conflictividad ha llevado a que la Junta Electoral Departamental de Izabal decidiera que los vecinos de El Estor, tendrá una hora menos para votar.
El magistrado Mynor Custodio Franco señaló que la decisión está fundamentada en los comicios de 2019, cuando un grupo de vecinos intentó quemar las urnas, pero se sospecha que la conflictividad que aducen en El Estor, en realidad se refiere a las acciones de la resistencia antiminera que ha logrado paralizar parcialmente las operaciones de la multinacional Solway Group, y cuyos integrantes han sido criminalizados con ayuda de las cortes y juzgados.
Igualmente, la violencia también ha estado dirigida contra medios de comunicación. En estos meses, “el funcionamiento de la prensa y el ejercicio del periodismo ocurrieron en un contexto sumamente hostil”.
Estos episodios han ido desde ataques a la prensa hasta los impedimentos para acceder a información de interés público, o impedir la participación de la prensa en actividades del TSE.
MOE observara elecciones en 282 municipios
La MOEGT también anunció que observará 282 municipios de los 340 y que presentará dos informes el día de las elecciones. El primero de la apertura y, el segundo, al cierre de los centros de votación. Además, presentará un tercero el 26 de junio con la valoración completa del desempeño de la jornada electoral.
Reunión a puerta cerrada y transporte gratuito
Este día el TSE convocó a organizaciones civiles como la Fundación para la Libertad y Desarrollo, Guatemala Visible, entre otros, pero no permitió el ingreso de la prensa. En esta reunión, de acuerdo a las organizaciones consultadas, los magistrados abordaron la situación logística previo al día de las elecciones.
Ahí enteraron a las asociaciones que las cajas para cada mesa de votación y para las juntas electorales, están casi en su totalidad distribuidas; que instalaran una “mesa de crisis” con el Ministerio Público, la policía, el Ministerio de Gobernación y otros, en donde atenderán los escenarios conflictividad que surjan.
También dieron a conocer que habilitarán un call center con 50 personas, para responder a las dudas de las Juntas Electorales, el día de las elecciones y estará habilitado por 24 horas.
Más tarde, el TSE dio a conocer que transportistas de Chuarrancho, San Pedro Ayampuc, Palencia, Villa Canales y Villa Nueva, brindarán transporte gratuito que estará identificado con un cartel del tribunal que leerá: “Transporte gratis. Servicio Cívico”. Asimismo, el Transmetro y Transpinula trabajarán sin cobro, el 25 de junio próximo.
