Créditos: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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La alta cantidad de partidos políticos y la descalificación de candidatos son dos elementos que han modificado el tablero electoral, lo cual ha provocado que se necesite un menor porcentaje de votos para obtener los puestos públicos.

Por Prensa Comunitaria

Desde 2007, la cantidad de agrupaciones que participan en los comicios ha aumentado. En aquel año, el número de organizaciones involucradas fue de 14. En la actual contienda, la cifra llega a 29, luego que quedara fuera el partido Prosperidad Ciudadana.

De igual manera, la cantidad de binomios presidenciales ha tenido un incremento significativo. En los comicios en los que ganó Álvaro Colom fueron 14 los inscritos, hoy estarán 22 en la papeleta que se le entregarán a los ciudadanos el 25 de junio próximo.

Por eso, ante un elevado número de partidos políticos, la distribución de los votos es mayor y se requieren relativamente menos votos para pasar a la segunda vuelta electoral o para conseguir una diputación o una alcaldía.

Por ejemplo, hace cinco procesos electorales, Otto Pérez Molina necesitó 771 mil 813 sufragios (23.53% de los votos válidos) para estar en el balotaje. Sin embargo, en esa ocasión perdió ante Colom. Para entonces, el padrón era de 5.9 millones.

En cambio, Alejandro Giammattei solo necesitó 608 mil 83 votos (12% de los votos válidos) para llegar a la segunda vuelta, incluso, con un padrón conformado por 8.1 millones de ciudadanos. Posteriormente, venció a Sandra Torres.

Giammattei no tenía oportunidad de ganar los comicios en aquel año, pero resultó beneficiado de la eliminación de las candidaturas de Thelma Aldana y Zury Ríos, quienes lo superaban en las encuestas.

Una situación similar ha ocurrido en el actual proceso electoral, ya que Edmond Mulet, Sandra Torres y Zury Ríos se perfilan como los posibles contendientes en un balotaje, ante la eliminación de Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda.

Si bien el bloqueo de candidaturas ha producido el inesperado crecimiento de ciertas propuestas presidenciales, es en el Congreso de la República en donde esta estrategia de fragmentación resulta funcional.

Ello se debe a que las distintas redes o grupos de poder están en capacidad de postular a sus candidatos por la lista nacional o los distintos distritos, aun por diferentes partidos. Esa división, en algunos casos, puede disminuir el número de votos para ganar una curul. Mientras más partidos existan menor será la cifra repartidora para definir las diputaciones de cada distrito.

No obstante, una elevada cifra de bloques parlamentarios hace que crezcan los costos de transacción. El próximo gobierno deberá mantener una mayoría legislativa, como ha ocurrido en las dos últimas gestiones, pese a ese fraccionamiento partidario.

Tal circunstancia significará negociar con un mayor número de interlocutores e intercambiar prebendas. Además, la fragmentación posibilita que la mayoría de los partidos políticos reciclen grupos de poder regional.

Esto incluye desde estructuras de poder tradicional como los López Villatoro de Huehuetenango; los Arévalo de Totonicapán; los López de Quiché; los Castillo en Santa Rosa; personas que jugaron un papel central en la ofensiva autoritaria como Degenhart y Jovel; hasta grupos y personas ligadas a grupos criminales.

En las elecciones generales se disputan la presidencia y vicepresidencia, 160 diputaciones y 340 corporaciones municipales, además de la elección de 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen). En total, se disputan más de 4 mil 300 cargos a elección popular.

Estructuras débiles

Renzo Rosal, analista político independiente, manifestó que la dispersión de partidos o vehículos electorales proviene desde la conformación del sistema político, ya que cuando se le va encontrando falencias al mismo se produce como resultado esta situación.

“El sistema, en el caso guatemalteco, da como resultado tener estructuras partidarias muy débiles, en donde lo que se privilegia es que más o menos cuenten con organización territorial y que tengan financiamiento, no importa cuál sea el origen”, agregó.

También explicó que en la actualidad hay partidos satélites, que son “subalternos” o “islotes” de otros. De hecho, señaló que las agrupaciones FCN-Nación y Vamos se convirtieron en agrupaciones “nodriza”, en las que hay alrededor otras seis u ocho organizaciones políticas.

La forma en la que está diseñado el sistema también da como resultado, según Rosal, que se haga uso excesivo de fondos provenientes del Estado. “Hoy no sabemos cuánto financiamiento público se está usando para fines electorales”, añadió.

“No solo por parte del partido oficial, que es muy obvio (que lo está utilizando) y es supermillonario, sino también seguramente están aprovechando del mismo financiamiento público otros partidos y otros candidatos, especialmente en el ámbito territorial”, subrayó.

No obstante, el politólogo expuso que la “madre de las madres” es el financiamiento ilícito, el cual está “corriendo más y mejor”. Por último, mencionó que este factor ha “ensuciado” cada vez más al sistema de partidos políticos y, como consecuencia, al sistema electoral. 

“Gran negocio”

La proliferación de partidos políticos demuestra que se han convertido en un gran negocio, afirmó Jahir Dabroy, investigador en temas sociopolíticos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

“Ahora podemos ver una sobreoferta política, que en términos ideológicos no difiere prácticamente nada una de otra. Incluso, hay muchos (partidos) que no tienen siquiera la claridad de lo que es una definición ideológica”, comentó.

El analista dijo que el “grueso” de las propuestas políticas carece de planes de gobierno. “Los partidos no tienen un corte político ideológico, sino más bien una oferta de candidatos que, al final de cuentas, son personajes políticos”, acotó.

Por aparte, Dabroy consideró que recibir financiamiento ilícito es una práctica complicada por las reformas legales que se hicieron en 2016. Sin embargo, manifestó que extraoficialmente se sabe que hay grupos, como el crimen organizado y el narcotráfico, que están detrás de muchas campañas políticas.

“El narcotráfico se está moviendo mucho, no solamente financiando proyectos, sino incluso llevando candidatos como alcaldes, alcaldesas o diputaciones al Congreso. Prácticamente podemos llegar a toparnos con un Congreso que legisle a favor del narcotráfico, lo cual sería preocupante”, puntualizó.

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