“Las viudas esperan que se haga justicia con las muertes de sus esposos y también que se haga ver que al final lo que se quería era que la comunidad fuera escuchada por el gobierno lo cual no fue así”, señaló la abogada maya K’iche’ Lucía Xiloj, por parte de las viudas y los sobrevivientes.
Por Simón Antonio Ramón
El próximo 15 de junio en el Tribunal de Mayor Riesgo B, iniciará el juicio en contra de nueve militares que dispararon contra seis integrantes de los 48 Cantones del pueblo maya K’iche’ que manifestaban, en octubre de 2012, contra la eliminación de la carrera del magisterio, la reforma constitucional del artículo 66 que se refiere a derechos de los pueblos indígenas y el alza del costo de la energía eléctrica.
Después de esperar justicia por 11 años, las familias y sobrevivientes de la masacre del 4 de octubre de 2012, en el Kilómetro 169 de la Carretera Interamericana, en el lugar conocido como cumbre de Alaska, finalmente verán ante la justicia a los militares acusados.
Ese 4 de octubre, la Junta Directiva de los 48 Cantones buscaba entrevistarse con el presidente Otto Pérez Molina, al mismo tiempo que en Totonicapán la población se movilizaba en Cuatro Caminos, la entrada a Quiché, la Garita, la Cuchilla y la cumbre de Alaska.
Los nueve militares acusados, que actuaron bajo el mando del coronel de infantería Juan Chiroy Sal, quien ahora gozan de medida sustitutiva, enfrentarán el juicio oral y público por los delitos de ejecución extrajudicial y extrajudicial en grado de tentativa. Según el Código Penal guatemalteco, este delito se comete cuando lo integrantes de cuerpos de seguridad del Estado están en ejercicio de sus cargos.
El juicio se da en el contexto de un largo proceso en el que la jueza Carol Patricia Flores, en una primera parte, envía a juicio a la y los ahora acusados por los delitos de homicidio en estado de emoción violenta e incumplimiento de deberes.
Sin embargo, después de varias acciones legales promovidas por las víctimas y la organización comunal de los 48 Cantones, de Totonicapán, tanto en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como en la Corte de Constitucionalidad (CC), se determinó que los delitos por los que serían juzgados los militares fueran por ejecución extrajudicial y extrajudicial en grado de tentativa.
“Las viudas esperan que se haga justicia con las muertes de sus esposos y también que se haga ver que al final lo que se quería era que la comunidad fuera escuchada por el gobierno lo cual no fue así”, señaló la abogada querellante maya K’iche’ Lucía Xiloj, por parte de las viudas y los sobrevivientes.
Para la socióloga maya K’iche’, Gladys Tzul, la masacre produjo secuelas en distintos niveles, desde la memoria colectiva hasta el papel que jugaron los políticos vinculados a estructuras de poder a nivel a nacional, pero al final, dijo, el juicio llega como una señal de esperanza.
“En las comunidades hay mucha expectativa, hablamos con autoridades comunales todo el tiempo, con las víctimas y casi todas las personas de Totonicapán estuvieron ese día, hay una serie de discursos en los medios corporativos que los cubrió, pero la gente sabe muy bien lo que ocurrió y porqué ocurrió”, señaló la socióloga.
A pesar de que el diseño de la seguridad pública militarizada estaba estructurado desde el alto nivel del gobierno del extinto Partido Patriota, nunca se vinculó en el proceso al presidente Otto Pérez Molina, a Ulises Anzueto, ministro de la Defensa; tampoco a Héctor Mauricio López Bonilla, quien era ministro de Gobernación, pero serán llamados a declarar sobre la masacre cometida por sus subordinados.
