La jueza de mayor riesgo “B”, Eva Recinos, informó que un amparo otorgado a Jacobo Salán Sánchez, impide continuar con el ofrecimiento de pruebas. Para que el proceso continúe primero debe acatarse la decisión de la Sala, que suspendió el fallo que envió a juicio a nueve acusados.
Por Alexander Valdéz
Por segunda ocasión, la jueza de mayor riesgo “B”, Eva Recinos, no pudo realizar la audiencia de ofrecimiento de pruebas de los acusados en el caso del Diario Militar. Esta vez, la diligencia no pudo celebrarse por el amparo que fue otorgado a favor de Jacobo Salán Sánchez y que suspende la orden de enviarlo a juicio.
Recinos, antes de comenzar la audiencia de este miércoles, dijo a los abogados de la defensa, al Ministerio Público (MP) y a los representantes de las víctimas, que el amparo que suspendió la decisión del exjuez Miguel Ángel Gálvez, del 2 de mayo del 2022, donde se había ordenado juicio, favorece a todos los procesados.
Los representantes de las víctimas mostraron su oposición a que la diligencia se aplazara. En la audiencia solicitaron que debía continuar, y que a su criterio, se debía dejar en suspenso únicamente lo relacionado con Salán Sánchez.
No es la primera vez que esa audiencia se suspende. El pasado 17 de abril, Toribio Acevedo, uno de los acusados a quien le habían revocado las medidas sustitutivas, se ausentó de la audiencia.
En esa ocasión, los abogados del acusado justificaron que por ser una audiencia de ofrecimiento de pruebas del Ministerio Público (MP), él podía ser representado, según ellos, así se había resuelto previamente. Pero tanto la Fiscalía de Derechos Humanos como los querellantes se opusieron.
El caso se entrampaba con el amparo
Con lo indicado por la jueza de mayor riesgo “B”, el proceso no podrá continuar hasta que se acate el fallo de la Sala Primera de Mayor Riesgo y se dicte una nueva resolución de apertura a juicio.
Ese amparo fue concedido el 14 de noviembre del 2022, en la resolución de la Sala se indicó que el juez Gálvez no profundizó respecto a alegatos vertidos por la defensa de Salán Sánchez en la etapa de apertura a juicio.
Con esa resolución, el caso quedará detenido, y se corre el riesgo de que la audiencia de apertura a juicio deba repetirse, debido a que Gálvez ya no integra ese juzgado y es quien debía fundamentar nuevamente su decisión.
Un caso en retroceso
El 27 de mayo de 2021, la Fiscalía de Derechos Humanos informó de la captura de 11 exmilitares señalados de la detención ilegal, tortura, desaparición forzada, asesinato y violencia sexual de aproximadamente 195 personas, durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1983 y 1985.
Según la fiscalía, el archivo que se investigó en 1999, recoge registros de asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 183 personas. Este caso estuvo a cargo de Miguel Ángel Gálvez, pero renunció a seguir en el Organismo Judicial (OJ), por el hostigamiento y criminalización del que fue víctima a raíz de fallos dictados en ese expediente.
