“Las empresas quieren extraer todo lo que produce el subsuelo, en la cultura maya no es así”, refirió Gregoria Emilia Ulario, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá. En Guatemala, los pueblos indígenas han tomado la batuta para defender su territorio, a costa de su vida y su seguridad. Muchas veces, las empresas responden con amenazas, asesinatos y procesos judiciales.
Por Regina Pérez
El 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, designada así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009, pero su origen se remonta a 1970, un periodo en donde la protección del medio ambiente no era una prioridad en la agenda política. Si bien este día es un llamado para reflexionar sobre el uso y cuidado de los recursos naturales, en Guatemala estos bienes se encuentran amenazados principalmente por las empresas, algunas de ellas transnacionales, según dirigentes indígenas.
Representantes de pueblos indígenas en Guatemala, desde Alta Verapaz, hasta Jutiapa, Sololá y el área ixil, en Quiché, expresaron lo que para ellas y ellos significa este día. “Desde mi cultura, nuestra vida está bastante vinculada a la tierra, no podemos desligarlo, porque de eso vivimos”, señaló Luz Gregoria Ulario Zavala, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, Sololá.
Ulario expresó que los pueblos indígenas saben que todo lo que le ocasionan a la tierra es un daño a la misma población. “No somos ambiciosos en generar dinero, a costa del maltrato de la Madre Tierra, las empresas quieren extraer todo lo que produce el subsuelo, en la cultura maya no es así”, señaló. Esa forma de valorar los recursos naturales es lo que hace que haya un equilibrio, agregó.
Para Aleisar Arana, presidente del Parlamento Xinca, todos los días se involucran en la defensa de sus bienes naturales. Quisiéramos que las personas fueran más conscientes de que necesitamos cuidar nuestra tierra, los bienes naturales, como el agua, manifestó.
Los costos de defender la Madre Tierra
En cada región del país, la amenaza a los recursos proviene de diversos frentes. En Alta Verapaz, uno de los problemas más latentes son la problemática agraria y los intereses de empresas nacionales y extranjeras, expuso Carlos Morales, dirigente de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) para quien esta fecha debería celebrarse todos los días.
Entre estas figuran las empresas de palma de aceite, así como hidroeléctricas y petroleras. Según un estudio de la organización ambientalista, Colectivo Madreselva, de 2019, las empresas de palma tienen sembradas 165,510.53 hectáreas de tierra en las regiones sur, nororiente y norte del país, de las cuales el 11.86 % está ubicada en el departamento de Alta Verapaz.
Morales señala que el accionar de estas compañías provocan desalojos, asesinatos, desaparición forzada y migración. El tema de desalojos en Alta Verapaz fue un problema constante en 2022. Del año 2000 al 2023 la UVOC ha registrado 254 desalojos, solo en ese departamento.
En el municipio de San Juan Cotzal, en el área ixil, de Quiché se vive una situación similar. Maximiliano Poma, catedrático y cargador de la Alcaldía Indígena de San Juan Cotzal, refirió que por muchos años vivieron un conflicto por las actividades de la hidroeléctrica Palo Viejo.
Por ello cree que las acciones de empresas hidroeléctricas o generadoras de energía son las más dañinas a la población, contaminando fuentes de agua. “Desvían los ríos, causando problemas a los animales acuáticos y silvestres”, refirió.
En la región ixil funcionan las hidroeléctricas Palo Viejo, de la italiana Enel Green Power; Hidro Xacbal, de la empresa hondureña Grupo Terra; y Delta y Xacbal Delta, del grupo empresarial Energía Limpia de Guatemala S.A. La simple presencia de esas compañías ha causado varios conflictos en esa región.
En carne propia, Poma ha sufrido los daños colaterales. En 2011 junto a otras personas fue denunciado y se le giró una orden de detención, ya que ellos defendieron su territorio para evitar el ingreso de trabajadores de la empresa Palo Viejo.
El alcalde indígena señaló que tuvo que esconderse para evitar ser arrestado. Posteriormente los pobladores realizaron una negociación con el Estado y la empresa tras lo cual se llegó a un acuerdo para retirar esa orden en su contra.
En Quesada, Jutiapa reside Aleisar Arana, del Parlamento Xinca. Arana identifica como amenazas las licencias otorgadas a mineras en territorio xinca, pero también la operación que realizan otras compañías que amenazan los bienes naturales.
En 2016 Arana fue denunciado por la empresa Alternativa de Energía Renovable S.A. que pretendía sembrar 900 árboles de eucalipto en la entrada de la finca Argelia, ubicada en la aldea La Pava, en Quesada de ese departamento.
El dirigente xinca contó que la población se opuso a la siembra de dichos árboles porque amenazaba el bosque nativo de la región lo cual iba a afectar las fuentes de agua que abastecían a la comunidad. La población realizó una resistencia pacífica de 2 años y 9 meses, tras lo cual dicha compañía se retiró. “Lo logramos detener, el proceso llegó hasta la Corte de Constitucionalidad y ordenó que se repararan los daños causados”, explicó.
Morales, de UVOC, en Alta Verapaz, señaló que recibir amenazas e intimidación son algo constante por el trabajo que realizan al defender la tierra y el territorio. Se generan órdenes de detención o incluso se desaparecen a defensores de derechos humanos. Uno de esos casos es el de Carlos Coy, miembro de esa organización campesina, quien se encuentra desaparecido desde 2020.
El dinero se acaba, la tierra no
En Sololá, Gregoria Ulario señala que uno de los mayores problemas que ha enfrentado son las actividades de la empresa Transportada de Energía de Centroamérica, S.A. (TRECSA), filial de la colombiana Grupo de Energía de Bogotá. La presencia de dicha transnacional ha causado conflictividad en su municipio porque la población no está de acuerdo con sus operaciones “en lugar de traer un beneficio, trae daño”, anotó.
Las empresas pueden pagar miles de quetzales y luego se acaba, la tierra siempre se mantiene ahí y si uno cede el derecho, se perdió, dijo la alcaldesa indígena, quien indicó que dicha Alcaldía se involucra en la defensa del territorio haciendo conciencia a la población sobre las consecuencias de vender sus terrenos.
La situación de criminalización en contra de las y los defensores del territorio no es única de estas regiones. En El Estor, Izabal, la población Q’eqchi’ ha sido objeto de persecución penal por defender el Lago Izabal de la minera Fénix, de la empresa suizo-rusa Solway Group.
Y en Huehuetenango, la empresa guatemalteca Energía y Renovación S.A. amenazó la forma de vida del pueblo chuj, en Yich’kisis en San Mateo Ixtatán con la construcción de dos hidroeléctricas. En 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que retiraría la inversión.
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Morales de UVOC finaliza con una reflexión sobre el papel que juegan los pueblos indígenas para conservar los recursos naturales. Señaló que siempre piensan desde su cosmovisión, analizando la relación de la naturaleza con el ser humano. “No es negocio, es nuestra Madre y la tenemos que defender” expresó.
