Acoso judicial, intimidación, intento de censura y de afectar económicamente a periodistas y medios de prensa independientes.
Durante una audiencia desarrollada ayer, 28 de febrero, el Juez “B” Décimo Penal, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, ligó a proceso al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín por el delito de obstrucción de la justicia y, además, aceptó la petición de la fiscal Cinthia Monterroso de investigar a columnistas y periodistas por su presunta complicidad con Zamora. El juez también decidió que se investigue a todos los medios que han publicado sobre los juicios contra Zamora por, entre otros aspectos, la procedencia de su financiamiento.
La fiscal Monteroso solicitó a Bremer vincular a proceso al columnista Égdar Gutiérrez, a los directivos Gonzalo Marroquín Godoy y Julia Corado y a los periodistas Gerson Ortiz, Cristian Velix, Alexander Valdez, Rony Ríos y Denis Aguilar, para que se investigue “cómo, cuándo, dónde, quién es la persona que les dio esa orden (de indagar a jueces y fiscales) y organizaciones que los financian (a los periodistas)”, ya que según ella “todo esto está orquestado por más gente”. Lo mismo, dijo, debería hacerse con otros medios independientes.
En sus razonamientos, el juez Bremer indicó que en un estado democrático no se puede perseguir a la prensa, pero que “indudablemente esa emisión (del pensamiento) conlleva responsabilidades”. Agregó que: “si el periodista se aparta de su labor de comunicar lo que está pasando e incurre en delitos, evidentemente, también tiene responsabilidad”. Por tanto, el juez decidió aceptar lo solicitado y ordenó que la investigación sea asignada a un nuevo fiscal por el proceso interno de sorteo del MP.
Estas nuevas actuaciones de la fiscal Monterroso y el juez Bremer no solo muestran el acoso judicial al que está sometido Zamora Marroquín, sino que también el intento por acallar a medios independientes y, específicamente, a columnistas y periodistas de elPeriódico. Lo actuado puede desencadenar en censura y afectar económicamente a medios independientes, al ahuyentar a sus inversores y anunciantes, elevando a otro nivel la represión contra la prensa en Guatemala.
Exigimos que cese la criminalización y llamamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional a actuar para detener esta persecución contra la prensa guatemalteca. Estas acciones menoscaban el derecho de la población a estar informada.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de expresión y reiteramos que a pesar de los ataques y amenazas: ¡No Nos Callarán!
Guatemala, 1 de marzo de 2023.
