Los bienes de las cámaras y del COSEP quedan expuestos a confiscaciones y corren el riesgo de ser traspasados al Estado.
Por Isela Espinoza*
El diario oficial de Nicaragua, La Gaceta, publicó este lunes la decisión del régimen de Daniel Ortega de cancelar la personería jurídica de la principal cámara empresarial de ese país, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y las 18 cámaras que la integran por supuesto incumplimiento administrativo ante la Dirección General de Registro y Control del Ministerio de Gobernación.
El acuerdo, firmado por la ministra de Gobernación, María Coronel Kinloch, señala que se encontraron “inconsistencias en la información”. La medida afecta a las asociaciones de pesca, pequeñas empresas financieras, productores de café, agricultores, minería, industria y turismo.
Según informó el medio digital nicaragüense, La Prensa, el presidente del COSEP, Michael Healy, el vicepresidente Álvaro Vargas y el expresidente del conglomerado empresarial, José Adán Aguerri fueron desterrados de Nicaragua el pasado 9 de febrero en un vuelo hacia Estados Unidos junto a otros 200 presos políticos.
El acuerdo ministerial señala que canceló la principal patronal del país debido a que poseen “variaciones en cuentas sin justificar, diferencias de saldos sin soportes en cuentas. No reportan detalle de ingresos y gastos”. Según el régimen, con estas acciones “estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos”.
Antes de la crisis política del 2018, las cámaras empresariales mantenían su postura de “diálogo y consenso”. Sin embargo, luego de la represión de las protestas algunos líderes de las gremiales criticaron las violaciones a derechos humanos y comenzaron a ser perseguidos y encarcelados.
Bienes expuestos a confiscaciones
Tras la cancelación de la personería jurídica, todos los bienes de las cámaras empresariales quedaron expuestos a confiscaciones según la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro o Ley 1115.
El diario La Prensa explica que la normativa fue aprobada el 21 de marzo de 2022 y desde agosto del año pasado también regula a las organizaciones empresariales. La Ley 1115 establece en el artículo 47 que “cuando la cancelación (de la personería jurídica) se derive de las causas establecidas en los numerales del 2 al 9 de este artículo, el patrimonio pasará a ser propiedad del Estado”, dice La Prensa.
Aunque en el acuerdo el régimen afirma que el cierre se debe a que no completaron el proceso de convalidación de registro. La Prensa enfatizó que Gobernación “llevaba semanas negándose a recibir la documentación de las organizaciones empresariales, aduciendo inconsistencias en los reportes, que, aunque se corregían, los funcionarios insistían en no recibir los documentos”.
El 3 de febrero de este año, el régimen también canceló la personalidad jurídica a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua. Con el acuerdo de este lunes se cifran 20 organizaciones gremiales clausuradas en el país centroamericano.
La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (FECAICA) rechazó las acciones tomadas por Ortega ya que atenta contra el estado de derecho, la democracia, la libertad empresarial y la libertad de expresión.
En Guatemala, los principales gremiales también manifestaron su preocupación y rechazo por la “decisión arbitraria” de Ortega.
*Con información de medios internacionales
