Las organizaciones alertaron sobre un nuevo intento “por dejar en la impunidad los delitos cometidos en el Caso Molina Theissen”.
Por Alexander Valdéz
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Robert F. Kennedy Human Rights, WOLA, Impunity Watch y BeJust, expresaron su rechazo a la resolución que dictó la Corte de Constitucionalidad (CC) y que favorece a los militares en condición de retiro, Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Manuel Benedicto Lucas García, quienes fueron condenados por el caso Molina Theissen.
Dicho fallo recomienda a la Sala Primera de Mayor Riesgo que otorgue arresto domiciliario a los condenados, pese a los graves delitos cometidos en contra de Marco Antonio y Emma Molina Theissen en 1981.
“Alertamos que el fallo de la CC podría conllevar la liberación inmediata de estas personas, lo que constituye un grave retroceso al cumplimiento de lo ordenado por la CorteIDH, causando un grave daño en el acceso a la justicia, sobre todo considerando que la sentencia nacional no se encuentra aún en firme”, indicaron las organizaciones.
Asimismo, recordaron que en mayo de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, declarando responsable al Estado de Guatemala. Sentencia que ordenó reparaciones que incluyen la obligación de investigar todos los hechos, identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales.
“Los exgenerales Lucas García y Callejas y Callejas enfrentan, además, juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil. El inicio del juicio oral y público estaba programado para el 9 de enero de este año, pero fue suspendido. Todo eso ocurre en un contexto de cooptación del sistema de justicia en Guatemala. Recordamos al Estado de Guatemala su obligación de cumplir con lo ordenado por la CorteIDH”, añadieron.
Impunidad
En la resolución, la CC ordenó que la Sala Primera de Mayor Riesgo emita un nuevo fallo, tomando en cuenta las recomendaciones de este fallo que favorece a los militares. “La autoridad denunciada deberá emitir la resolución que en Derecho corresponde, debiendo pronunciarse conforme lo considerado en este fallo, lo cual deberá realizar dentro del plazo de cinco días contados a partir de que reciba la ejecutoria…”.
“Derivado de la descripción de la situación de salud de cada uno de los ahora amparistas, puede afirmarse que la Sala, al momento de resolver la petición de revisión de la medida de coerción, por las características o condiciones de los procesados, debió tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las citadas personas, quienes por su avanzada edad padecen de enfermedades crónicas, aunado a la situación que aún persiste derivada de la pandemia provocada por el virus denominado SARS-CoV-2 “COVID-19” y sus variantes, y que, pese a estar recluidos dentro de un centro médico, está latente el peligro de contagio, el cual eventualmente podría ocasionarles la muerte”, falló la CC.
Condenas por delitos graves
En mayo de 2018, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo C condenaron a 58 años de prisión al general Lucas García, exjefe del Estado Mayor Presidencial; Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia y a Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia; y a 33 años de cárcel a Gordillo Martínez, excomandante de la zona militar “General Manuel Lisandro Barillas”, en Quetzaltenango, por los delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen; y violación con agravación de la pena en el caso de Emma Molina Theissen.
