Un reporte de la Comisión de Esclarecimiento Histórico señala que Fernando García es uno de los 40,000 civiles que se estima desaparecieron en manos de agentes del Estado durante los 36 años de guerra interna en Guatemala.
Por Alexander Valdéz
La jueza de mayor riesgo “B”, Eva Recinos, informó el motivo de su captura a Rolando Gómez Osorio, quien fue detenido la semana pasada luego de permanecer prófugo de la justicia durante 13 años.
Gómez Osorio es señalado de los delitos de lesa humanidad y desaparición forzada de Fernando García. Luego de conocer las razones de su aprehensión, fue enviado preventivamente a la cárcel de Mariscal Zavala. La jueza Recinos aún no programa la primera declaración.
El Ministerio Público (MP) informó que Gómez Osorio fue deportado. Por esa razón fue consignado al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo “B”, para audiencia de primera declaración y solventar su situación legal.
“En seguimiento a una investigación por el delito de desaparición forzada, la Agencia Fiscal de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, de la Fiscalía de Derechos Humanos, coordinó la aprehensión de Hugo Rolando Gómez Osorio”, añadió el MP.
La desaparición del estudiante universitario
García, fue un dirigente estudiantil y activista sindical que fue detenido por las fuerzas de seguridad guatemaltecas en 1984. Documentos desclasificados mostraron que la captura de García fue un secuestro político organizado y planificado desde los niveles más altos del gobierno guatemalteco.
La desaparición forma parte de una campaña de terror del Estado diseñada para destruir los movimientos sociales urbanos y rurales durante los años 80. El 18 de febrero de 1984, el líder estudiantil fue detenido en las afueras de un mercado cerca de su casa en la Ciudad de Guatemala, según el Archivo Nacional de Seguridad.
Los sospechosos fueron identificados usando evidencia encontrada en los extensos archivos de la extinta Policía Nacional. El masivo y deteriorado archivo fue descubierto por accidente por el Procurador de Derechos Humanos (PDH) en 2005, y desde entonces ha sido un medio de prueba clave para las investigaciones.
En 2009, el PDH entregó cientos de documentos al MP, los cuales contienen evidencia de la participación de fuerzas de seguridad del Estado en la desaparición de otros líderes estudiantiles entre 1978 y 1980.
