La fiscal Cinthia Monterroso acudió al manual que escriben los nuevos autoritarismos centroamericanos para pedir a un juez que investigue a cinco periodistas y dos columnistas guatemaltecos por hacer su trabajo, que ha sido reportear y explicar los abusos y la corrupción del poder político y económico en Guatemala. El juez aceptó.
Por Héctor Silva Ávalos
Jimi Bremer, el juez B del Juzgado Décimo Penal, pasará a la historia, entre otras cosas, por haber avalado, desde esa sede judicial, la persecución y criminalización de periodistas y medios independientes de Guatemala. Aunque ya en el pasado reciente el Ministerio Público que dirige Consuelo Porras ha arremetido contra la prensa crítica, e incluso ha anunciado que irá tras sus fuentes de financiamiento, fue hasta el 28 de febrero pasado que Bremer oficializó la judicialización de la censura y el acoso a los periodistas.
Bremer es solo un peón más en una larga lista de funcionarios a los que Porras, la fiscal general a la que Estados Unidos califica de funcionaria corrupta y antidemocrática, y otros líderes de las élites políticas guatemaltecas han encargado la aniquilación de cualquier voz crítica o disidente. Con su resolución reciente, el juez cumplió con su rol.
Bremer resolvió ir contra los periodistas en una audiencia en que también ordenó que Jose Rubén Zamora, el exdirector de elPeriódico y director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), enfrente un segundo proceso penal en su contra por “conspiración para obstruir la justicia”. El argumento del MP en este caso contra Zamora es que el periodista ocultó el origen de unos US$26,000 utilizados para el funcionamiento de elPeriódico.
Cinthia Monterroso, la fiscal asignada al caso de Zamora, aprovechó la audiencia para pedir al juez Bremer la persecución de los periodistas, a quienes acusó de esparcir desinformación durante la cobertura del proceso contra el exdirector de elPeriódico, y de poner en riesgo la vida de operadores de justicia implicados con el caso. Y, aprovechando el momento, Monterroso también solicitó investigar, en general, el financiamiento de medios independientes en Guatemala. El juez avaló.
Como Bremer, la fiscal Monterroso es también peón en el tablero de la justicia guatemalteca, pero ella es, de hecho, una operadora destacada, cuyo rol Consuelo Porras empezó a esculpir hace casi dos años.
El 21 de julio de 2021, Cinthia Monterroso fue llamada a una reunión en el MP. La convocaba Porras, su jefa, para hacerle un anuncio. A partir de aquel día, la fiscal se haría cargo de todos los expedientes que hasta entonces estaban en poder de la Agencia 8 de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y que incluían dos en los que uno de los sospechosos de cometer crímenes era Alejandro Giammattei, el presidente de Guatemala.
Porras encargó aquellos expedientes a Monterroso a pesar de que la jueza contralora en varios de los casos que llevaba la Agencia 8 de la FECI era Erika Aifán, la jueza de Mayor Riesgo D. Desde 2019, Aifán ha acusado a la fiscal de delitos graves como substraer evidencia del tribunal y de suplantar pruebas para forzar la destitución de la jueza. Monterroso también denunció a Aifán luego de que la juzgadora rechazó argumentos de la fiscal en un caso por corrupción en el Ministerio de Salud.
Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la FECI, también estuvo en aquella reunión del 21 de julio de 2021. Fue él quien recordó a la fiscal general Porras que, producto de las denuncias de Aifán a Monterroso, la fiscal tenía prohibido litigar en el Tribunal de Mayor Riesgo D. Porras no se inmutó y se mantuvo firme en su orden. Dos días después, el 23 de julio, Sandoval fue destituido y salió al exilio. La misma suerte correría Aifán poco después.
La complicidad entre Porras y Monterroso no empezó ahí. En un tuit publicado en la cuenta de elPeriódico daba cuenta de que la fiscal había detenido una orden de captura emitida contra Monterroso.
El 24 de julio de 2021, Jose Rubén Zamora escribió un tuit en el que reveló que Porras había transferido a Monterroso algunos expedientes de la FECI. El 29 de julio de 2022, un años después, la fiscal obtuvo su venganza: fue ella quien dirigió el operativo de captura de Zamora aquel día y ha sido ella la que ha llevado la acusación contra él en los tribunales.
En la audiencia del caso contra Zamora realizada el 28 de febrero, Monterroso extendió su petición de investigar a más periodistas, en específico a columnistas y reporteros de elPeriódico que habían cubierto todo el caso contra el exdirector. Frente a ella estaba el juez Bremer, otro con una historia interesante en la saga de operadores de justicia guatemaltecos con manchas en su pasado.
En diciembre de 2022, Bremer anuló una orden de captura contra su excolega Mynor Moto, quien en 2021 intentó asumir como magistrado de la Corte de Constitucionalidad tras una controvertida elección, pero no pudo hacerlo por investigaciones penales en su contra por una de las cuales había sido girada la orden de arresto. Sin poder asumir en la CC, Moto se dio a la fuga aquel año, pero su excolega Bremer lo sacó del apuro.
Uno de los casos por los que Moto había sido investigado es el que la FECI, cuando la dirigía Juan Francisco Sandoval, nombró Comisiones Paralelas 2020. Este expediente está relacionado a un grupo de operadores de justicia, abogados y funcionarios, entre ellos Moto, que intentaron influir de forma irregular en los nombramientos para las altas cortes del país para el periodo 2019-2024. Ese caso también estaba a cargo de la Agencia 8 de la FECI, cuyos expedientes heredó Cinthia Monterroso por orden de Consuelo Porras dos días antes de la destitución de Sandoval.
La deriva autoritaria
En las marañas del poder judicial en Guatemala, los nombres de quienes han emprendido persecuciones contra exoperadores de justicia como Sandoval y Aifán, y en los últimos meses contra periodistas como Zamora, suelen repetirse. Los más destacados son los de Consuelo Porras y los de dos de sus subalternos más fieles, el de Rafael Curruchiche, el jefe actual de la FECI, y el de Cinthia Monterroso.
De Porras el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) ha dicho que bloquea investigaciones a sus aliados políticos mientras promueve el acoso a aquellos que investigan a esos aliados.
“Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”, escribió el DOS en un comunicado de mayo de 2022 en el que anuncia la inclusión de Porras en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos y antidemocráticos.
Pocos nombres explican mejor a lo que se refiere el Departamento de Estado como el de Cinthia Monterroso. Desde que ella recibió los casos que atañen a los aliados políticos de la fiscal general, incluido el presidente Giammattei, esos expedientes quedaron enterrados, y ha sido ella una de las que ha abanderado la persecución contra jueces como Erika Aifán y contra algunos de los periodistas y columnistas más críticos de Guatemala.
El 28 de febrero, cuando el juez Bremer avaló la petición de criminalización de periodistas que le había hecho Monterroso, algunas alarmas se encendieron. Varios periodistas guatemaltecos llenaron las redes sociales con mensajes de indignación. Algunas organizaciones de derechos humanos en el mundo también se pronunciaron.
“Guatemala: estamos siguiendo, con enorme preocupación, la solicitud de la fiscal Monterroso de investigar a varios periodistas por su cobertura del caso contra Jose Rubén Zamora. El ejercicio del periodismo es un derecho, no un delito. La democracia guatemalteca está en crisis”, tuiteó Juan Pappier, subdirector adjunto interino para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Ana María Méndez Dardón, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) dijo que preocupan “los ataques contra la libertad de expresión y de prensa en Guatemala. Ninguna democracia se puede sustentar con un poder judicial que reprime el derecho de la ciudadanía a estar informado y a periodistas de ejercer su labor sin presiones externas”.
Desde los tinglados diplomáticos estadounidenses ha imperado el silencio por ahora, como suele ocurrir en los últimos meses, salvo contadas excepciones, ante desmanes de presidentes y gobiernos autoritarios en Centroamérica, sobre todo cuando estos ocurren al norte de Nicaragua.
Pappier, de HRW, se refirió a la dimensión regional de las violaciones a la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo como las promovidas por la fiscal Cinthia Monterroso en Guatemala: “Mientras (Daniel) Ortega (de Nicaragua) y (Nayib) Bukele (de El Salvador) hacen todo lo posible por garantizar que sus violaciones a los derechos humanos sean conocidas por el mundo, su vecino Giammattei progresiva y silenciosamente va destruyendo la democracia guatemalteca de la mano de actores corruptos”.
Como en El Salvador, donde Bukele ha mantenido ataques sostenidos contra periodistas críticos, o en Nicaragua, donde Ortega he encarcelado y desterrado comunicadores, en Guatemala informar, desvelar, publicar información crítica al poder o ejercer el ejercicio de contraloría social que las principales escuelas del oficio en el mundo atribuyen al periodismo también se ha convertido en un delito.
El exfiscal Sandoval lo señaló el mismo día en que la dupla Monterroso-Bremer arremetió contra los reporteros y columnistas en el proceso contra Jose Rubén Zamora.
“¿Por qué la fiscal usó su cargo para intimidar a periodistas y columnistas? ¿Por qué el juez admitió la petición de esa fiscal? Están vulnerando un derecho humano fundamental y transgrediendo una disposición constitucional. No constituyen delitos las denuncias, las críticas o imputaciones a funcionarios por actor efectuados en el ejercicio del cargo”, escribió Sandoval parafraseando el Artículo 35 de la Constitución de Guatemala que garantiza la libertad de la emisión de pensamiento.
En la Guatemala de Consuelo Porras y Cinthia Monterroso, sin embargo, no parece que los límites constitucionales sean garantías: a partir de ahora, por una resolución dada en sede judicial, en la que preside el juez Jimi Bremer, criminalizar a quienes hacen ejercicio del derecho constitucional de expresar y emitir su pensamiento es más posible que antes. Es un paso más de Guatemala al despeñadero democrático.
