Tras la acusación de la hidroeléctrica Santa Teresa, los comunitarios fueron apresados y la construcción del megaproyecto sobre el río Nahualate continúa su marcha, a pesar de la negativa de la comunidad.
Por Juan Calles
Misael Sen Soc, Eliseo Neftalí Sapón Jeteya y Nicolás Díaz Pacach, defensores de derechos humanos, fueron criminalizados, ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva, acusados de instigación a delinquir y robo agravado. Los tres guardan prisión en Suchitepéquez desde el 21 de febrero de este año.
La acusación fue realizada por la hidroeléctrica Santa Teresa, que construye otro proyecto en San Antonio Suchitepéquez, en donde se pretende usar el caudal del río Nahualate para producir energía eléctrica.
La empresa tiene proyectos similares en Alta Verapaz, en donde utiliza el río Cahabón para generación de electricidad, dicha empresa ha sido acusada por desalojos contra comunidades y criminalización de dirigentes Q´eqchi´.
Nos encontramos verificando la situación de derechos humanos y vulnerabilidad de las 40 familias de la comunidad Q'eqchi Nuevo Chitun, en Tucuru #AltaVerapaz #Guatemala amenazados de ser desalojados por personal de la #Hidroelectrica Santa Teresa pic.twitter.com/ksDKwXvfsy
— UVOC (@UVOCGUATE) October 26, 2020
Los dirigentes criminalizados han destacado, por su trabajo en favor de la comunidad. En el caso de Misael Sen Soc, desde niño se vio involucrado en el trabajo comunitario, su familia impulsó la construcción de la escuela en su localidad e incluso en su casa se impartieron las primeras clases, mientras se conseguían los recursos para la construcción del centro escolar. En las elecciones pasadas participó como candidato a diputado por la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Hostigamiento, amenazas y criminalización
Desde 2019, cuando Misael Sen Soc era secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural, Cocode, fue acusado de violencia contra la mujer. En 2021, la empresa Energuate también lo denunció.
Estos señalamientos iniciaron luego de que la comunidad de San Antonio decidiera rechazar la construcción de la hidroeléctrica en su territorio; a pesar de ello la empresa continuó con el ingreso de maquinaria, utilizando la finca El Edén.
Ante ello, la comunidad decidió organizarse evitando el paso de la maquinaria pesada con la que comenzarían la construcción. Durante esos días de resistencia, según la versión de la empresa, se perdió un arma de fuego y maquinaria, por lo que se acusó a Misael Sen Soc, Eliseo Neftalí Sapón Jeteya y Nicolás Díaz Pacach, de robo agravado e instigación a delinquir.
No obstante, los días en los que la empresa señala que se perdió el arma y la maquinaria ninguno de los tres defensores de derechos humanos se encontraba en el lugar.
La hidroeléctrica continúa su construcción, mientras los dirigentes de las comunidades esperan juicio y guardan prisión preventiva. Será hasta en abril próximo, cuando se realice la primera audiencia de etapa intermedia y que los acusados se puedan presentar ante el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra la Vida de Suchitepéquez.
