El incremento del presupuesto nacional se ha traducido en aumentos del gasto público en rubros con altos riesgos de corrupción.
Por Isela Espinoza
Una democracia debilitada y el desmantelamiento de la infraestructura institucional para combatir la corrupción es el contexto en donde se desarrollarán las elecciones generales 2023, señaló este martes Edie Cux, director de Acción Ciudadana, durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022.
Guatemala alcanzó en la medición a nivel mundial 24 puntos de 100, el puntaje más bajo que ha obtenido y que lo ubica entre los cinco países peores calificados de América Latina (Honduras, con 23; Nicaragua, 19; Haití, 17 y Venezuela, 14).
Según Cux, los últimos 12 años liderados por los gobiernos de Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Alejandro Giammattei “han desmantelado la infraestructura institucional para combatir la corrupción” ya que del puesto 91, en 2010, cayó al 150 en 2022.
“Estamos en una situación crítica junto a países que tienen problemas democráticos como Nicaragua y Venezuela en donde hay prácticamente autoritarismo”, dijo Cux y agregó que el país se encamina a un Estado fallido.
Además, la persecución y el exilio de los operadores de justicia, fiscales y jueces ha llevado a que Guatemala pierda la capacidad de combate a la corrupción, lo que ha significado impunidad para los actores corruptos y criminalización para los activistas anticorrupción.
En el contexto electoral, aunque el Índice es de 2022, podría acentuar el debilitamiento de la democracia, la capacidad de combatir la corrupción y el Estado de derecho. Para Cux la compra de votos y la obstaculización de ciertas candidaturas a través de negar finiquitos, nulidades o del Sistema de Justicia son dos fenómenos que empiezan a observarse en los últimos días.
“La compra del voto es el fenómeno que prácticamente ha manipulado al sistema político electoral. No creo que se dé un riesgo respecto a la transmisión de datos, como en 2019, sino que a la manipulación”, agregó el Cux.
Círculo de corrupción
En 2022 se aprobaron Q17 mil millones al presupuesto, el mayor monto fue asignado al Ministerio de Comunicaciones, con Q10 mil millones; y Q6 mil millones aproximadamente, para los Consejos de Desarrollo. Cux advirtió que “estos bolsos de corrupción pueden incidir en las elecciones” ya que impacto se verá reflejado en el financiamiento de los partidos.
“El 55 por ciento del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones fue destinado a contratar empresas con vínculos de actores políticos (exdiputados, financistas, personas vinculadas a partidos o clanes políticos) esto va a impactar en el financiamiento de los partidos”, aseveró.
