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Créditos: Quimy De León
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

Una apelación en la CC abre la puerta a militares condenados en el caso Molina Theissen, para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva nuevamente un amparo con el que buscan medidas sustitutivas argumentando como motivos la COVID-19.

Por Regina Pérez

La Corte de Constitucionalidad (CC) dio con lugar una apelación a la abogada Karen Fisher, después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no le otorgó un amparo provisional que buscaba que tres militares condenados en el caso Molina Theissen tuvieran de arresto domiciliario.

Esto significa que la CSJ tendrá que dictar una nueva resolución para otorgar o no el amparo, explicó el abogado Héctor Reyes, mandatario de la familia Molina Theissen, quien advirtió que cualquier trámite que regrese a la CC puede favorecer a los condenados.

Es posible que puedan ser beneficiados con arresto domiciliario, según lo indica en la resolución el magistrado Roberto Molina Barreto por razones humanitarias, sin embargo aún en trámite, dijo el abogado.

La línea actual de la CC es resolver a favor de militares y de algunos exfuncionarios juzgados por corrupción y ahora otorgando la protección del amparo provisional para dejar sin efecto la resolución de la CSJ, dijo.

La solicitud de la abogada Fisher se planteó durante la pandemia de COVID-19, en 2020, con el argumento de que los militares podrían contagiarse. Según el abogado Reyes, consideran que ese amparo está quedando sin materia porque la situación de la pandemia no es similar a la que existía en 2020.

En mayo de 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo C condenó a 58 años de prisión a Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor Presidencial; a Manuel Callejas, exjefe de inteligencia y a Hugo Zaldaña, exoficial de inteligencia; y a 33 años de cárcel a Francisco Luis Gordillo, excomandante de la zona militar “General Manuel Lisandro Barillas”, en Quetzaltenango, por los delitos contra los deberes de humanidad, violación con agravación de la pena y desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen.

En 2020, los militares pidieron a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo revisar las condenas y otorgarles arresto domiciliario lo cual les fue denegado. La Sala argumentó que no podía entrar a conocer la solicitud, porque los tipos penales por los cuales los militares fueron condenados no contemplan medidas sustitutivas.

Posteriormente acudieron a la CSJ que no les otorgó el amparo provisional.

En noviembre de 2022, la familia Molina Theissen acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para exponer que el Estado de Guatemala incumplió con la búsqueda de los restos del niño y en la procuración de justicia, ya que si bien hay una sentencia en el caso esta condena no se encuentra firme por los recursos que se han presentado en contra de la misma.

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