Human Rights Watch y WOLA piden a Guatemala revisar la decisión de inhabilitar a binomios presidenciales como el conformado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del partido MLP.
Por Isela Espinoza
Los esfuerzos por excluir o iniciar procesos penales contra candidatos opositores en las elecciones generales 2023 en Guatemala generan condiciones desiguales que podrían impedir que se lleven a cabo elecciones justas y libres, advirtieron este lunes Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
En un comunicado de prensa, ambas organizaciones se refirieron a los casos de los candidatos a la presidencia Thelma Cabrera y Jordán Rodas por el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), así como el de Roberto Arzú y David Pineda del partido Podemos.
“La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de impedir la participación de candidatos está basada en fundamentos dudosos, pone en riesgo derechos políticos y menoscaba la credibilidad del proceso electoral”, resaltaron.
Para Human Rights Watch y WOLA “no hay fundamentos creíbles” para impedir la participación de Cabrera y Rodas por lo que sugieren a las autoridades revertir la decisión de negar su inscripción como binomio presidencial por el MLP. Calificaron de “naturaleza infundada” al momento en el que el procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, presentó la denuncia contra Rodas, ya que se dio después que este solicitara su inscripción como candidato a la vicepresidencia del MLP.
Además, recordaron que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificados por Guatemala, protegen los derechos de los ciudadanos a participar en asuntos públicos, a votar y a ser electos. Agregaron que el Comité de Derechos Humanos, que supervisa si los países cumplen con el PIDCP, ha señalado que las restricciones al derecho a postularse a cargos públicos deben basarse en criterios “objetivos y razonables”.
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Por otro lado, también expusieron el caso de Arzú, luego de que el 6 de febrero los magistrados del TSE también negaron su candidatura por supuestamente violar la prohibición de hacer campaña antes del inicio oficial del proceso electoral de este año y no pagar una multa relacionada por violación de las normas electorales durante la campaña de 2019.
Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de WOLA, enfatizó que “las autoridades de Guatemala deben revisar con urgencia estas decisiones y asegurar condiciones justas para todos los candidatos”, ya que inhabilitar a estos candidatos podría menoscabar los derechos de toda la población guatemalteca.
Un llamado a observadores internacionales
Human Rights Watch y WOLA también realizaron un llamado a los observadores internacionales, en particular de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que se involucren en el proceso electoral desde el actual contexto y examinen “exhaustivamente” las condiciones electorales “incluida la exclusión de candidatos y la utilización de cargos penales espurios en su contra”. Además, les sugieren que monitoreen y denuncien los señalamientos de financiamiento electoral ilícito por parte de empresarios y de grupos de criminalidad organizada.
También piden a los gobiernos de la región, de Europa y Estados Unidos, exigir públicamente que en Guatemala se celebren elecciones justas y libres.
“El escrutinio internacional es clave para proteger la democracia y el derecho de los guatemaltecos a votar y a postularse a cargos públicas”, resaltó Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
En un primer informe divulgado a finales de enero, ambas organizaciones ya habían advertido que las elecciones de este año se desarrollan en un contexto de deterioro del Estado de derecho, en el cual las instituciones responsables de supervisar las elecciones tienen escasa independencia o credibilidad.
