En el periodo 2017-2022, Honduras, El Salvador y Guatemala profundizaron los rasgos del régimen híbrido en Centroamérica.
Isela Espinoza
En los últimos cinco años (2018-2022) los sistemas democráticos de Centroamérica se han debilitado y una de las tendencias es el autoritarismo en donde las cortes de justicia son utilizadas para fines políticos. En este contexto, Guatemala, El Salvador y Honduras han sido clasificados con democracias híbridas, es decir, los poderes de contrapeso del Estado (Asamblea legislativa, sistemas de justicia incluyendo las fiscalías, instancias electorales e instituciones que auditan los presupuestos públicos) son capturados por los gobernantes que adoptan retóricas de confrontación y tratan a los opositores como enemigos.
“Los rieles sobre los que ha transitado la democracia en Centroamérica han sido débiles e inseguros y, en los últimos cinco años cayeron en franco deterioro. Esta crisis se incubó al mismo tiempo que se instalaban los paradigmas de la globalización en la última década”, afirma Edgar Gutiérrez Girón, autor de La democracia bajo amenaza, diagnóstico y propuesta para una nueva Centroamérica.
Este texto preliminar escenifica el contexto político, económico y cultural en el que la región ha transitado con gobiernos vinculados al crimen organizado, el aumento de la migración y las violaciones de los principales derechos humanos sobre todo en procesos electorales recientes en Nicaragua y actualmente el que se desarrolla en Guatemala.
Índices mundiales de las democracias identifican tres tipos de regímenes en el istmo. Costa Rica, Panamá y República Dominicana se encuentran bajo un régimen democrático. El Salvador, Guatemala y Honduras en un híbrido y Nicaragua abiertamente autocrático.
“Centroamérica está volviendo al debate internacional con otro problema bajo el brazo: la regresión democrática, que refuerza las migraciones irregulares hacia el hemisferio norte e introduce otras amenazas a la seguridad internacional. Los regímenes híbridos y autocráticos son cada vez más susceptibles a entablar una relación simbiótica con el crimen organizado, esto significa que diluyen la línea divisoria entre autoridad del Estado y el crimen, y se nutren mutuamente”, enfatiza el texto.
Para el autor, la vena autoritaria comenzó su camino en Nicaragua cuando Daniel Ortega “sofocó brutalmente” las masivas protestas sociales en 2018. Además, consolidó su poder en 2021 al reelegirse por quinta vez consecutiva tras encarcelar a siete candidatos presidenciales de la oposición y desaparecer los medios de prensa independientes.
Por otra parte, señala que a partir de 2019 los gobiernos de Nayib Bukele en El Salvador y Alejandro Giammattei en Guatemala “emprendieron una ruta que ha llevado a la captura de todos los poderes de contrapeso del Estado y de restricción sistemática de las libertades civiles”.
Y aunque en 2021, Honduras logró recuperar la confianza en el voto después de 12 años de anormalidades democráticas como el golpe de Estado ocurrido en 2009, la independencia de los poderes del Estado sigue siendo frágil.
“En los tres países se ha debilitado la certeza jurídica y ha aumentado el temor de
controles, la autocensura, las amenazas y agresiones presumiblemente orquestados por fuerzas oficiales”, enfatiza el autor en el texto preliminar. Agrega que los procesos electorales registran irregularidades que dañan el pluralismo político, la competencia electoral y la integridad del voto.
Propuestas de política
Según el Sistema de Integración Centroamericana, más del 70% de la población centroamericana nació y creció en democracia. Sin embargo, encuestas como el Barómetro de las Américas reflejan que la insatisfacción social con el sistema político va en aumento por lo que a la ciudadanía le es indiferente el establecimiento de un gobierno democrático o uno no.
A este descontento se suma la crisis económica y social que dejó la pandemia del COVID-19 con el aumento de la pobreza, la desigualdad y el hambre en la región.
En el informe preliminar “La democracia bajo amenaza”, el autor plantea propuestas de política en: internacionalizar la crisis de Centroamérica, atender las especificidades dentro de la región, promover una agenda para la reforma integral de la democracia, elaborar estrategia y tácticas congruentes, fomentar la resiliencia democrática, reenfocar las políticas de drogas y de migraciones y construir un nuevo pacto social.
Según plantea, la crisis migratoria puede superarse en el corto plazo al mitigar las tensiones ideológicas y atender los impulsos del mercado de trabajo formal en Estados Unidos. La propuesta plantea que el programa de visas temporales de trabajo se pueda multiplicar por diez y convertirse en política.
“La migración documentada de los países que reúnen los requisitos básicos de democracia, calificarían al ciclo de migración circular segura-ahorro familiar y retorno confiable, desatando un círculo virtuoso. En menos de dos décadas los migrantes regulares harían el milagro centroamericano de robustecer unas clases medias impulsadas desde el exterior, siempre que estén vinculadas y reasentadas en sus países”, manifiesta.
Con relación a los regímenes híbridos, el objetivo inmediato debería impedir su deriva autoritaria. El autor recomienda que las fuerzas democráticas no den por perdido ningún espacio de libertades ni de participación y que la comunidad internacional refuerce sus acciones de demanda de rendición de cuentas como elecciones legítimas, respeto a la independencia de poderes, mecanismos de transparencia, entre otros. “Eso implica establecer metas y mecanismos de cumplimiento, en los que participan como observadores y deliberantes diversas elites políticas, económicas y sociales”, agrega.
Por otra parte, señala la importancia de elaborar estrategias de mitigación de las desigualdades, gestión de los recursos naturales para el bien común, preservación de las libertades y plena participación de las mujeres y pueblos indígenas en cada nación.
El documento concluye que en los próximos diez años las élites políticas, sociales y empresariales, así como la cooperación internacional deben enfocarse en mejorar el Estado de derecho y el acceso a educación y salud de calidad. “Con ello no solo se estaría enfrentando la desigualdad, sino que también se estaría atendiendo una de las raíces fundamentales del descontento democrático”, puntualiza.
