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Créditos: Nelson Chen
Tiempo de lectura: 4 minutos

Editorial

Prensa Comunitaria cumple 11 años este día. Es más de una década contando, desde el periodismo, lo que pasa en las comunidades del país que durante siglos han estado sometidas a la marginalidad, a la explotación, al racismo, al olvido y a la fuerza bruta del Estado y los empresarios extractivistas y de todo rasgo que les han despojado. Desde las ciudades, con un periodismo comprometido con la libertad de expresión, el libre ejercicio periodístico y en este momento contra el autoritarismo instalado en el país.

Este 2022 que está por terminar fue un año especial para nosotros, lleno de retos y del acoso al que nos sometieron quienes pueblan el pacto de corruptos que gobierna Guatemala, incluidos sus políticos, sus fundaciones y sus fiscales, sus jueces y su fuerza pública. Pero también fue un año en el que, a pesar de todo, reiteramos nuestro compromiso de hacer periodismo independiente y comunitario.

Los retos no empezaron ahora, surgieron desde el momento mismo en que publicamos por primera vez como Prensa Comunitaria. Desde el principio nuestra prioridad fue poner en el centro del medio el periodismo de los colegas que ejercen desde el territorio, que desde sus comunidades informan y explican lo que en ellas está ocurriendo. Nunca creímos en contar Guatemala solo desde la capital, porque eso también es racismo y clasismo; nuestro fin siempre ha estado marcado por lo comunitario, por contar desde las comunidades.

Una parte importante de este reto ha sido visibilizar el periodismo comunitario, entre las fuentes, en las mismas comunidades, en el gremio e incluso entre las élites académicas de la capital, que siempre han visto de menos, incluso con rasgos de mentalidades colonialistas, lo que no se hace en la gran ciudad. Con el costo alto de la criminalización, persecución penal y cárcel de periodistas comunitarios.

También, desde el principio, nos tildaron de activistas. Nunca nos dio miedo esa palabra: al periodismo comunitario le toca muchas veces sumarse a la denuncia por los derechos de aquellos cuyas historias cuenta. Sabemos que el método es esencia del periodismo, mucho más de las modalidades del de investigación en el que nos hemos envuelto cada vez más, y a él nos atenemos. Pero entendemos también que somos parte de un país, de una sociedad y de una cultura en el que un periodismo soso, elitista y pretencioso no deja de ser un adorno de escritorio.

En estos últimos años, desde que Guatemala vive en la regresión autoritaria que empezó en 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales, y se ha agravado sin pausa durante toda la administración de Alejandro Giammattei, nos hemos convencido aún más que no podemos dejar de denunciar, que estamos obligados a ser activistas de la democracia. No podemos guardar silencio ni pretender ser neutrales ante las violaciones constantes de los derechos de las comunidades Q’eqchi’ de El Estor, a lo largo de todo el Valle del Polochic, Santa Rosa, Jutiapa, Chiquimula, San Mateo Ixtatán, Barillas, Santa Eulalia, Huehuetenango, por mencionar algunos, como tampoco podemos contentarnos con ver desde un podio hechos como el encarcelamiento de Jose Rubén Zamora o la persecución sin piedad a mujeres como Virginia Laparra o Leily Santizo.

2022 fue un año de retos, sí, pero también de enriquecimiento. En marzo publicamos, junto a colegas de todo el mundo, nuestra parte de la investigación Mining Secrets, sobre las minas de níquel gestionadas por rusos y guatemaltecos en Izabal y Alta Verapaz. En realidad, para nosotros, esa investigación fue la culminación de un proceso de conocimiento multidisciplinario que emprendimos a inicios de la década pasada y que entendemos como el modelo de periodismo comunitario de investigación que queremos seguir haciendo.

Empezamos a reportar sobre El Estor y la mina de níquel desde finales de la década de 2000, y a estudiar, desde el terreno, los fenómenos comunitarios, sociales, económicos -marcados por el extractivismo-, políticos -por el modelo contrainsurgente- y culturales que han surgido alrededor del Proyecto Minero Fénix y las luchas de resistencia del pueblo Q’eqchi’ en la zona. Con todo lo acumulado nos unimos al proyecto periodístico internacional que inició en 2019 con Green Blood y luego en 2021 tras la filtración de millones de documentos de la transnacional ruso-suiza Solway, CGN y Pronico, tres de las mineras. El resultado fue una investigación multiplataforma que nos valió la nominación al Premio Gabo de Periodismo 2022. Otro producto de aquella investigación fue el documental XIW, que recién ganó un Premio Ícaro.

Este año también cubrimos -no hemos dejado de hacerlo- todo el proceso de fraude en la elección del nuevo rector en la Universidad de San Carlos. Entendimos que los métodos utilizados ahí para afianzar un resultado que violó las normas internas de la universidad e impuso por la fuerza al candidato del oficialismo son el anuncio de algo más. Siempre pensamos que el fraude en la USAC era un prólogo de lo que las fuerzas corruptas y criminales de Guatemala intentarán hacer en las elecciones generales de 2023.

Nos despedimos de 2022 con preocupación. Sabemos que los retos que se vienen para el periodismo en Guatemala, y para la democracia del país, son enormes. Sabemos que el mero hecho de hacer periodismo crítico, de denuncia, comprometido, sobre todo desde las comunidades, es peligroso. Y sabemos que quienes se ven amenazados por este periodismo no dejarán de perseguir y acosar. Pero, como ya hemos escrito en otros editoriales, el único camino para nosotros es seguir, consigna con la que sacamos a luz la Red Centroamericana de Periodistas, para hacerle frente a los autoritarismos en nuestra región.

Cumplimos 11 años ya en este camino y entramos al año 12 con determinación. Gracias a todos y a todas por leernos, por vernos, por informarse e interactuar con nosotros en las redes sociales y en todas las plataformas. ¡Seguimos!

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