“Mi papá es, claramente, un perseguido político. El Estado lo tiene secuestrado”. Hijo de Jose Rubén Zamora.
Por Paolina Albani
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció este 24 de octubre algunos casos de ataques a la prensa y a periodistas independientes que, a grandes rasgos, dejan a la vista que la situación de libertad de expresión en Guatemala está en riesgo y es más compleja de lo que las autoridades del gobierno actual quieren admitir.
En una audiencia virtual, la CIDH escuchó a organizaciones y oenegés relatar el hostigamiento, persecución, agresiones y criminalización que varios periodistas y medios de comunicación han sufrido por su labor informativa. Pero los ataques no son los únicos que “ponen en riesgo la libertad de expresión”, según Edgar Pérez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), sino también lo han sido los proyectos de ley.
Entre estas iniciativas de ley se encuentran la “Ley de Prevención y Protección de la Ciberdelincuencia” y “Ley Para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”. Además de esto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha firmado un convenio de cooperación interinstitucional con la institución armada para brindar seguridad en las elecciones de 2023, provocando algunos cuestionamientos en la sociedad civil sobre la posibilidad de militarizar el proceso.
Hasta junio de 2022, seis periodistas reportaron su salida del país por el acoso sufrido y por las pocas garantías para continuar ejerciendo su labor. 66 agresiones fueron registradas, de esas, al menos el 66% fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado. Solo en las jornadas de manifestación del 21 y 28 de noviembre de 2020, cinco periodistas fueron heridos por la policía. Como resultado, uno de ellos sufrió un trauma craneal, según Evelyn Blanck, periodista de la Red Rompe el Miedo Guatemala.
Los casos presentados a continuación han revelado patrones de actuación. Por ejemplo, la inusitada celeridad de los procesos penales y que el anunció de las medidas judicializadoras siempre ha sido difundidas por netcenters, quienes manejan información privilegiada que solo el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ) podrían tener. Además de la participación de organizaciones paraestatales, como el caso de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
Casos de periodistas en riesgo
Entre los ejemplos que fueron expuestos en la audiencia está el del periodista, fundador y director del medio elPeriódico, José Rubén Zamora, acusado por el MP y, específicamente, por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
Un proceso que su hijo, José Carlos Zamora, quien participó en la audiencia de la CIDH, denominó como un caso exprés que fue fabricado en 72 horas, con ayuda de un sindicado que está buscando un trato favorable del MP, y una fiscalía señalada por corrupción.
Zamora lleva más de 80 días en prisión y su hijo aseguró que es el resultado de “los ataques sistemáticos del régimen de -Alejandro- Giammattei”.
“No es solo la persecución de una voz crítica e incómoda. elPeriódico ha publicado 145 investigaciones de corrupción vinculadas a Giammattei. -Su encarcelamiento- es un mensaje contundente a todos los periodistas de Guatemala de que serán perseguidos”, expresó.
El hijo del periodista también relató que su padre ha sido sometido a confinamiento solitario y que ha sufrido tortura psicológica. “Han introducido chinches a su carceleta, en ocasiones, no ha tenido agua. Además, entran a su celda para hacer revisiones innecesarias y hasta han hostigado a los abogados de mi padre. Vamos ya por el cuarto abogado, lo que obstruye el derecho de defensa y el desarrollo de una estrategia legal”, manifestó.
“Mi papá es, claramente, un perseguido político. El Estado lo tiene secuestrado”, aseguró.
Otro de los casos expuestos fue la agresión por parte de policías contra el periodista Sonny Figueroa, quien el 11 de septiembre de 2020, después de haber sido asaltado frente al Palacio Nacional, fue acusado falsamente y agredido físicamente por policías.
Figueroa, junto al periodista Marvin del Cid, se convirtieron en actores incómodos para el gobierno después de que publicaran una serie de investigaciones periodísticas que vinculaban al presidente Alejandro Giammattei con posibles hechos de corrupción. Por ello, se cree que la agresión no fue un hecho aislado, sino dirigido.
Inicia juicio contra los dos policías que agredieron y detuvieron al periodista Sonny Figueroa
La periodista comunitaria Anastasia Mejía fue detenida en septiembre de 2020, señalada de haber participado en una protesta que terminó en el incendio de la sede de la Municipalidad de Joyabaj, Quiché. Mejía tuvo que esperar 36 días antes de ser escuchada en primera declaración y fue hasta un año después, que se le concedió una medida sustitutiva.
En la audiencia con la CIDH se supo que el abogado de Juan Luis Font, director del medio radial ConCriterio, solicitó al MP información pública para saber si estaba siendo investigado. Cuando el MP se negó a contestar, tuvo que presentar un amparo y solo así se confirmó que estaba bajo investigación. Aunque Font colaboró con las autoridades, tuvo que abandonar el país por el constante acoso por su labor informativa.
Al finalizar su intervención, los representantes de sociedad civil pidieron a la CIDH cuatro cosas: que revise el marco normativo vigente; al Estado que derogue las leyes que atenten contra la libertad de pensamiento y acción; la liberación de Zamora y que detengan el hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación.
Pedro Vaca, relator especial de libertad de expresión, identificó que hay un abismo entre los actores de sociedad civil y las autoridades estatales. “Guatemala atraviesa un momento crucial respecto al respeto, promoción y garantía a la libertad de expresión”.
“Hablamos con muchos periodistas y alegan que no hay buenas condiciones para ejercer. Hay temor a represalias y con los procesos judiciales activados no hay garantías. La confianza de la prensa en las instituciones es algo que debe ir más allá de lo declarativo. Los procesos penales y la cárcel no puede ser el lugar en el que sus representantes resuelven sus diferencias”, señaló.
Para el Estado no está pasando nada
Ramiro Contreras, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh), se concentró en abordar los señalamientos contra el gobierno en representación del Ministerio de Gobernación, Cancillería, Ejército, Procuraduría General de la Nación, MP, TSE, Corte Suprema de Justicia, Congreso y la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (una comisión que fusionó a la extinta Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Secretaría de Paz).
Contreras negó de tajo los señalamientos de que el gobierno esté limitando la libertad de expresión y alegó que la policía, que ha protagonizado actos violentos contra los periodistas, también está a servicio de la protección del gremio y que incluso presta servicios de análisis de riesgo.
“A pesar de que solicitantes aseguran en su comunicación que se utiliza a la policía como mecanismo de represión y persecución contra periodistas y personas críticas… no se cuentan con denuncias formales ante el MP”, dijo.
Añadió que la Inspectoría General de la Policía no ha registrado procesos disciplinarios en sus filas por acciones cometidas por las fuerzas de seguridad en las manifestaciones del 21 y 28 de noviembre de 2020.
En el caso de Rubén Zamora, aseveró que el proceso que el periodista enfrenta se debe a acciones que no están ligadas a su rol como comunicador. Incluso dijo que como Copadeh han realizado 18 visitas a Mariscal Zavala, donde se encuentra detenido Zamora, para constatar que se encuentra bien y que no ha sufrido tratos crueles, inhumanos ni degradantes.
Sobre Font se limitó a decir que, de las tres denuncias en su contra, dos fueron desestimadas, y la tercera se encuentra en investigación y bajo reserva.
Para desvincular al Estado de toda responsabilidad el comisionado dijo que todas las denuncias fueron colocadas por terceras personas y no por el MP. “Reiterando que no es el Estado quien los persigue”.
Utilizó el mismo argumentó para desvincular al Estado del uso de netcenters, pues “corresponden a cuentas no manejadas por autoridades estatales y además estas pertenecen a terceras personas”.
En el caso de la periodista Mejía, eligió ignorar el tiempo que la periodista estuvo detenido injustamente y solo mencionó que se le otorgó medida sustitutiva y que se respetaron sus derechos humanos.
Contreras, además, dijo que el convenio firmado entre el TSE y el Ejército para la seguridad de las elecciones de 2023 es para “facilitar la depuración del padrón electoral”, pero no aclaró si difundirá el contenido del convenio como lo solicitaron las organizaciones de sociedad civil.
Antes de terminar la intervención del Estado, el comisionado de la Copadeh dijo que “la libertad de expresión no es un derecho absoluto” y señaló que la sociedad civil quiso utilizar la audiencia para “lanzar acusaciones sin sustento” y pedir a la CIDH que no se les acuse de criminalización, pues consideran que el gobierno no tiene control sobre la judicialización de los casos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
Esto pese a que el actuar de las fuerzas de seguridad está regulado por políticas de estado, y que, en el mejor de los casos, los órganos que tenían un mayor nivel de independencia, como el MP, han presentado síntomas de alinearse a la voluntad del “Pacto de Corruptos”.
“El diálogo está roto”
Después de la intervención de las partes, varios comisionados preguntaron si todavía es posible el diálogo y cuál sería la base que lo sostenga, pero Edgar Pérez y Evelyn Blanck fueron claros al decir que “los puentes de diálogo se han roto” y que “el Estado suele vernos como enemigos”.
“Estamos tratando de construir, de fortalecer lo que nos queda de democracia… no es posible que todo lo quieran resolver por el uso de la fuerza punitiva en el Estado. Tener un proceso penal es tener una pistola en la cabeza. Ya vivimos una etapa en donde se construyó un enemigo interno y pareciera que estamos regresando a esas etapas oscuras, donde alguien por decir dos palabras se convierte en enemigo”, dijo Pérez.
La comisionada Margarette May Macaulay, expresó su preocupación por la postura del Estado, pues “hay una completa negación… Actúan como si estuvieran en una prueba… también me preocupa que un periodista lleve más de 80 días en prisión. Es un tiempo irrazonable para estar detenido sin enfrentar juicio. Me preocupa que el Ejército esté llamado a intervenir contra los civiles que pelean por sus derechos humanos. Esto es inaceptable, el Ejército está para pelear con enemigos de otros países. Y esto no es el caso. Tenemos que encontrar una respuesta para sentarnos juntos y hablar abiertamente”, sentenció.
Antes de finalizar la audiencia, la representación de la sociedad civil solicitó que la CIDH realice una visita in situ para que haga sus propias evaluaciones de la situación y para que pueda entrevistarse con el periodista José Rubén Zamora.
