Las Autoridades Indígenas de Nebaj presentaron una denuncia ante el Ministerio Público porque el desalojo del 1 de septiembre violó un acuerdo municipalidad, además porque un grupo de personas retuvo a cuatro alcaldesas en la sede de la Alcaldía Indígena de Nebaj.
Por Francisco Simón Francisco
La tarde de este martes, el Ministerio Público (MP) ordenó a la municipalidad de Nebaj, Quiché, entregar los bienes de la Alcaldía Indígena Ixil que fueron sustraídos en un desalojo del 1 de septiembre. El alcalde municipal, Virgilio Gerónimo Bernal, buscaba dejar sin espacio e intentaba desaparecer la figura de la autoridad ancestral, sin embargo, la intención no se concretó por ser ilegal.
Para ello, las autoridades indígenas fueron convocadas a eso de las 2 de la tarde en el salón municipal. Al llegar solicitaron una copia del acta notarial del inventario de los bienes extraídos, pero al parecer el MP no la tiene, porque el señor Mynor Moisés Ventura Marroquín, juez de Asuntos Municipales se negó a entregarla.
#AlertaNebaj ?Autoridades de la Alcaldía Indígena de Nebaj exigen que la Municipalidad devuelva los bienes extraídos de sus oficinas durante el allanamiento ilegal realizado el pasado jueves 1 septiembre.
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— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) September 7, 2022
La intención del juez municipal era que las autoridades llegaran a recoger sus bienes. Aseguró que recibió órdenes de no trasladarlos a la oficina de la Alcaldía Indígena Ixil, ubicada en el edificio de la municipalidad, lugar donde fueron sustraídos. Únicamente dijo que entregaría lo que “resguardaron” en el salón municipal.
A pesar de la oposición de Mynor Moisés, las autoridades indígenas insistieron y finalmente lograron la entrega de sus bienes en la sede de la oficina.
El 1 de septiembre la municipalidad de Nebaj, Quiché, intentó desalojar a la Alcaldía Indígena Ixil de la sede que ocupa desde el 2012. En la diligencia los trabajadores de la municipalidad rompieron la puerta del local y un grupo de personas que acompañaban a un síndico y a un juez de asuntos municipales, agredió a varias personas y autoridades acusándolas de ser “guerrilleras” y de “oponerse al desarrollo”.
El día que los trabajadores se llevaron los bienes, las autoridades indígenas presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, porque dijeron, los funcionarios estaban realizando un desalojo ilegal sin ningún procedimiento adecuado.
“Presentamos la denuncia porque tenemos un acuerdo municipalidad que se incumplió, además porque habían encerrado a cuatro de nuestras compañeras de la alcaldía dentro de la oficina”, dijo una de las autoridades Ixil. Las oficinas que ocupaban las autoridades ancestrales fueron autorizadas por la misma municipalidad en 2012 y ratificada en 2015 a través de un acuerdo municipal.
Según una de las autoridades, las cuatro compañeras llegaron a trabajar a la oficina y sin previo aviso, los empleados municipales cercaron la entrada al edificio con reglas y láminas, mientras abrían con máquinas eléctricas la puerta principal de la oficina para intentar desalojarlas.
Los bienes secuestrados fueron transportados en un picop sin placa, sin embargo, algunos fueron rescatadas por la sociedad civil. “Detuvieron a estos vehículos porque fue un robo. Se logró rescatar más de 100 varas (símbolo de autoridad), solo dos no, pero después las ubicamos”, dijo la autoridad.
Los materiales que no lograron rescatar, dijo la autoridad, fueron ubicados en el salón municipal y poco tiempo después fueron notificados por el director de Servicios Públicos de la municipalidad para que los recogieran.
“Nosotros los Principales nos opusimos, pedimos que entregaran los bienes en la oficina de donde los habían sacado. Pero el juez municipal se negó a entregarlos en el lugar, porque su intención era hacerlo en el salón y quería que nosotros los moviéramos”, agregó.
Finalmente, los trabajadores de la municipalidad dejaron en la puerta de la oficina los bienes que se habían llevado. “Pero ya no se les dejó entrar en la Casa, porque el ladrón no vuelve a entrar”, dijeron los Principales.
Razones que motivaron la expulsión
Según la autoridad consultada, el alcalde Bernal promueve la violencia, incluso cuando regresaron los bienes, algunas personas le gritaron Elq’om (ladrón en Ixil), “es lo que es, lo que ha sido siempre”, agregaron.
El intento de desalojo de la Alcaldía Indígena de parte del alcalde Virgilio Bernal, dicen las autoridades, evidencia una represalia en contra de los Principales Ixil. “No es solo por el antejuicio presentado, también nos hemos opuesto a las acciones ilegales de la municipalidad, a través de pronunciamientos y comunicados, principalmente por los productos sobrevalorados que compró el alcalde para algunas familias en tiempo de pandemia en 2020”.
En agosto de este año, la Sala Regional Mixta, de la Corte de Apelaciones del departamento de Quiché, retiró el antejuicio al alcalde de Santa María Nebaj, Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, una medida que fue promovida por las comunidades y autoridades Ixil, organizadas en el B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a, Alcaldía Indígena de Nebaj, en diciembre de 2021.
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En 2020 también presentaron un amparo en contra de un reglamento de servidumbre y la construcción de torres eléctricas en propiedades públicas, sin consultar a la población. Según los Principales Ixil, el alcalde había negociado con TRECSA la instalación de esas torres que afectaría directamente a la población de la comunidad de Nebaj.
“El amparo fue declarado con lugar por la defensa del territorio; así hemos actuado en contra de las acciones del alcalde, siempre en el marco de la legalidad sin recurrir a la violencia, porque son acciones prepotentes que no buscan consultar a la población”, concluyó la autoridad indígena.
El 1 de septiembre trabajadores de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y el juez de Asuntos Municipales intentaron desalojar a las autoridades Ixil del espacio que ocupa la Alcaldía Indígena dentro de la municipalidad de Nebaj.
Un grupo de personas afines al alcalde Bernal agredieron a cuatro alcaldesas. Por la tarde, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Nebaj otorgó un amparo provisional y ordenó al alcalde municipal Gerónimo Bernal suspender el desalojo.
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