58 familias maya Q’eqchi’ de Cobán, que habitaron una finca, que aparentemente pertenece al Ejército de Guatemala están en situación de precariedad y abandono, tras el desalojo que sufrieron en manos de la PNC, el pasado 31 de agosto. Ese día perdieron sus viviendas, cultivos y animales.
Por Gilberto Cucul y Francisco Simón
Han pasado casi un mes desde que las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron a la comunidad de Nuevo Chicoyou, en Cobán, Alta Verapaz, para desalojar a 58 familias Q’eqchi’ que ocuparon en 2019, una finca que el Ejército de Guatemala reclamaba como propia.
El desalojo ocurrió el 31 de agosto, desde esa fecha, las familias se encuentran en situación de vulnerabilidad y abandono. Algunas aseguran que perdieron sus viviendas, cultivos y animales; han solicitado apoyo del gobierno, pero no les ha dado una respuesta. Por ahora, su futuro es incierto.
Ese día, más de mil agentes de seguridad llegaron al lugar, pero previamente se formaron en las calles aledañas al estadio Verapaz de Cobán para efectuar el desalojo de las familias que ocupaban la finca número 6611, que supuestamente pertenece al Ministerio de la Defensa, ubicada en el kilómetro 219, sobre la ruta que conduce al municipio de Chisec del mismo departamento.
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Una comunidad de Cobán fue desalojada de una finca que el Ejército reclama como propia
La acción judicial de desalojo fue autorizada por el juez Ricardo Isaías Caal Caal, del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Alta Verapaz.
Las familias de la comunidad de Nuevo Chicoyou, son las mismas de la finca San Luis Chicoyoguito, que perdieron sus tierras durante el conflicto armado interno. En aquel entonces, los pobladores que habitaban la finca fueron expulsados de forma violenta por el Ejército, para instalar la que en su momento fue conocida como Zona Militar 21, sitio donde actualmente funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en el que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala ha exhumado decenas de osamentas.
¿Qué se sabe de las familias después del desalojo?
Un equipo de Prensa Comunitaria viajó al lugar y documentó la situación de las 58 familias con sus voces y relatos, para conocer sus propias vivencias después del desalojo, entre ellos menores de edad, mujeres, campesinos y personas adultas, que se quedaron sin techos y cultivos como fuente de alimentación.
María Tzir, una madre soltera con tres niños, dijo que sus abuelos eran originarios de la finca Chicoyoguito, por eso se vieron obligados a exigir sus derechos y el reconocimiento del terreno. Sin embargo, “el Estado no tuvo piedad por nosotros”, comentó. Ahora, ella se vio obligada a juntarse con otras familias para rentar una casa en la lotificación de Chajchucub.
“Al siguiente día vimos que no teníamos a donde ir, nos juntamos con cuatro familias en una sola casita, por nuestros hijos estamos rentando, porque no podíamos dejarlos en la calle bajo la tempestad. Si realmente tuviéramos viviendas y un pedazo de terreno no estaríamos aquí”, dijo Tzir días después del desalojo.
“En esta casita somos 25 integrantes entre nuestros hijos y madres, no tenemos camas ni colchones”, agregó doña Marta, madre de tres menores. Ella aseguró que sus pertenencias se quedaron en la comunidad. “Si uno pasa por esa calle se ve tirado nuestras pertenencias”, lamentó.
La habitación que está alquilando Marta Tzir junto a cuatro familias más, tiene una medida aproximadamente de tres por cinco metros cuadrados, con materiales de madera sin división. El lugar no cuenta con servicio de luz, tampoco con agua, que alberga a 25 personas, entre menores de edad. En el piso del hogar solo se observa una colchoneta con niños jugando. “Exijo al Estado un pedacito de tierra para tener un techo digno”, concluyó doña Marta.
El señor Valerio Pacay, un miembro de la comunidad desalojada, comentó que contaba con una diversidad de siembras para su propia alimentación, como el maíz, frijol, malangas y hortalizas, pero no pudo recuperar su cosecha y ahora lo perdió todo. El año pasado, recordó, logró buenos productos de las cosechas y no hubo necesidad de ir al mercado. “Pero ahora tenemos que preocuparnos de conseguir más plata para comprar en el mercado, porque ahí (Nueva Chicoyuo) se quedó nuestra cosecha y creo que los militares ya limpiaron el área”, dijo.
Tras el desalojo, entre los pobladores de Nueva Chicoyou existe una preocupación alarmante, ahora deben enfrentar la inseguridad alimentaria, además de la carencia de viviendas y cosechas. “Lo único que queremos es tener un lugar para producir nuestra alimentación y una vivienda, pido al gobierno que escuche nuestras demandas por el acceso a la tierra, lo que está haciendo en este momento es solo apoyar al sector privado, necesitamos atención nosotros los campesinos”, exigió el comunitario.
Por su parte, Ana Victoria Tzir, de 23 años, también madre soltera, aseguró que salieron perjudicadas, ¿por qué el gobierno no pensó previamente dónde íbamos a ir con la familia?, cuestionó. “Solo nos dieron 30 minutos para que retiráramos nuestras pertenencias, lo que pude rescatar solo algunas ropas esenciales, unos utensilios para mi cocina y mi lámina, los demás se quedaron en la finca”, lamentó.
Recordó que cuando se asentaron en la comunidad de Nuevo Chicoyuo, era un lugar abandonado y descuidado. “El lugar estaba lleno de basura, porque las personas que pasaban con vehículos las tiraban acá, hasta en nuestras caras las tiraban, hasta que hemos ingresado en la comunidad hemos coordinado la limpieza, y todo el cuidado de los árboles, no es cierto que nosotros estábamos botando basura y cortando árboles”, anotó.
Respecto a los señalamientos contra la comunidad por la contaminación del área y tala de árboles, Ana Victoria, dijo que el Ejército sobrepasó el nivel de la mala información. “Hasta nos señalan de usurpadores, la gente debería de investigar antes de emitir una opinión, deberían de ponerse al día, porque ellos no saben nuestras historias”, agregó.
La demanda central de los pobladores era la recuperación de las tierras de sus abuelos que fueron usurpadas por el Ejército durante el periodo del conflicto armado, aquí nuestros abuelos eran nativos, destacaron.
“Estamos conscientes que la finca era de nuestros ancestros y somos los hijos que ahora estamos sin acceso a la tierra. Si las autoridades hicieran una investigación para determinar que somos parte de esas familias de nuestros abuelos, sabrían que ellos fueron los mozos colonos, a quienes les quitaron las propiedades”, agregó José Pop Cu, otro comunitario afectado.
Las 58 familias de la comunidad aseguran que seguirán con la demanda contra el Ejército y trabajadores de la municipalidad de Cobán, porque según dicen, arrancaron sus cultivos y les robaron sus pertenencias.
Después del desalojo, la municipalidad de Cobán publicó en su cuenta institucional de la plataforma de Facebook, que Chicoyuo es un área de reforestación, y que había sido un trabajo colaborativo con otras instituciones del gobierno.
Las autoridades llegaron a desalojarnos sin previo aviso, sin tomar en cuenta los daños que iban a causar en contra de las familias, abuelas y niños, lamentó Lourdes Esperanza Pop. “Hubo personas de buen corazón que nos dieron alojamiento, pero no fue suficiente, ya que al igual que nosotros, las familias están pasando momentos de crisis”, dijo.
Esperanza Pop destacó que derivado a la crisis económica que generó este desalojo, varias familias se formaron para alquilar habitaciones y casas de manera colectiva. “Hay muchas mujeres madres solteras que están trabajando en oficio de casa, como lavar ropa para atender a sus hijos, entonces cómo van a sobrevivir”, se preguntó.
De acuerdo a Sandra Calel, de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), existía un avance a favor de la comunidad, pero se sorprendieron por la acelerada ejecución del desalojo. Según la dirigente, por este caso se creó una mesa de diálogo donde participaba el Ministerio de la Defensa, la Vicepresidencia de la República, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y el Fondo de Tierra, pero se incumplió. También dijo que existen documentos en donde la comunidad se comprometió a desocupar la finca, siempre y cuando fueran trasladados a un lugar seguro, sin embargo, las dependencias del gobierno incumplieron con la promesa, aseveró.
En el área de la comunidad, actualmente se observan a varias radiopatrullas de la policía que se quedaron para vigilar el lugar. Según Lourdes Esperanza, “si uno pasa por el lugar nos intimidan los agentes de la PNC, cuando pasamos solo en la carretera nos dicen ‘¿qué están haciendo acá?’, no digamos si entramos a recoger nuestras pertenencias”. Tal como lo expresa Lourdes, ahora los pobladores se enfrentan a la vigilancia y acoso de los agentes policiales.
Tomasa Yat, una mujer de 73 años, dijo que sus padres y abuelos eran originarios de la finca San Luis Chicoyuo; incluso ella aún cuenta con su antiguo documento personal denominado “Cédula de Vecindad”, en él se consigna que es originaria de la finca Chicoyuo. “No es posible que nos sigan desalojando, porque somos originarios de la finca y fuimos mozos colonos, y también fueron mozos nuestros padres”, recordó.
Al igual que Tomasa Yac, varias familias indígenas Q’eqchi’ fueron mozos colonos de los finqueros alemanes, que llegaron a Guatemala en tiempos de Justo Rufino Barrios, ahora lamenta que el Ministerio de la Defensa los haya desalojado con violencia.
Héctor Poou, otro comunitario de Nueva Chicoyou, recordó que además de los daños psicológicos que este desalojo les dejó, también le tocó asumir junto a las demás familias la perdida de sus cultivos y de sus gallinas y cerdos. Para cubrir la propia alimentación, “al siguiente día del desalojo cuando aún no habían cortados los cultivos, quisimos ingresar a la comunidad para sacar un poco de mazorcas, pero los policías nos impidieron y dijeron que era una propiedad privada y nos podían capturar”, indicó.
Dentro de la carpeta judicial de desalojo que abrió el juzgado de Alta Verapaz, el Ejército de Guatemala, que fábrica municiones en una parte de esa finca, figura como agraviado, representado por el coronel William Oswaldo Sierra Sam. La orden fue solicitada por el Ministerio Publico (MP).
Sin embargo, las familias afectadas denunciaron que el desalojo ocurrió de manera sorpresiva, porque no tuvieron conocimiento previo de la orden, mientras por el lado de las autoridades, confirmaron que la comunidad estaba plenamente informada del caso. En el expediente se observa que, desde el 30 de junio pasado, dieron con lugar la diligencia del desalojo.
El abogado Jorge Luis Morales quien acompaño a la comunidad de Nuevo Chicoyou, señaló que el Estado le da más privilegio a la propiedad privada que la propia vida de los habitantes. “Lamentamos la actitud del gobierno de añadirle el privilegio del derecho de la propiedad privada que el mismo derecho de la vida, alimentación, salud, trabajo y vivienda, vulnerando estos derechos imprescindibles de los comunitarios”, concluyó.
Historia
Una nota de la periodista Regina Pérez, de Prensa Comunitaria, detalla como la historia de la comunidad Chicoyoguito está ligada al caso Creompaz, uno de los más grandes de desaparición forzada en América Latina, como lo describió el Ministerio Público el 6 de enero de 2016, cuando 14 militares de alto y medio rango fueron capturados por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos.
En la zona militar número 21, instalada donde antes era la comunidad Chicoyoguito y donde desde 2005 funcionan las instalaciones del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) del Ministerio de la Defensa y las Naciones Unidas, se localizaron 558 osamentas que se presume pertenecían a personas que fueron víctimas de desaparición forzada por parte del ejército. Esto como parte de una investigación que el MP realizó, a partir de declaraciones de testigos en el caso Plan de Sánchez, en 2012.
Según la información del caso Creompaz, la zona militar No. 21 se convirtió durante el conflicto armado interno en un centro de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones sexuales, hechos cometidos entre 1978 y 1990.
Caso Chicoyogüito: 21 personas criminalizadas enfrentan audiencia de declaración en Cobán