En Guatemala se persigue y se criminaliza el ejercicio independiente del periodismo; los casos de Palas Luin, Anastasia Mejía, Robinson García, Lesby Esmeralda Catún, periodistas comunitarios que han guardado prisión se suman a los casos de Carlos Choc y Juan Luis Font que continuan con casos abiertos en su contra, además de Sonny Figueroa y ahora Jose Rubén Zamora que enfrentan procesos por acusaciones espurias, sin embargo, todos los días se publican noticias y reportajes a pesar del miedo y el hostigamiento, bajo el lema No Nos Callarán
Por Juan Calles
La detención del periodista Jose Rubén Zamora, director de El Periódico, provocó que los medios de comunicación independientes en el país se pronunciaran sobre el tema de la libertad de expresión y libertad de prensa en Guatemala, la cobertura que se hizo desde el viernes muestra la importancia que el tema adquiere; un grupo de periodistas de varios medios protestaron, el sábado 30 de julio, frente a Torre de Tribunales y los titulares mostraran solidaridad con el periodista perseguido y detenido un día antes en un operativo, que él mismo señaló tuvo muchas irregularidades.
La detención de Zamora y los cargos hechos por Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), se suma a la persecución que han enfrentado periodistas a nivel comunitario, departamental y nacional, por la publicación de piezas periodísticas en las que han estado involucrados empresarios, políticos y militares.
La respuesta que, desde al menos cinco años, ha ofrecido el Ministerio Público (MP) ha sido la construcción de casos, en la que se intenta involucrarlos por hechos, en apariencia, que no están vinculados a su ejercicio periodístico, como el caso de Jose Rubén Zamora, de quien el fiscal Curruchiche dijo, estaba involucrado en hechos relacionados al lavado de dinero.
En algunos casos periodistas mantienen un proceso penal abierto, en otros se les ha encarcelado y en otros han tenido que salir del país para evitar ser perseguidos.
La criminalización ha sido un fenómeno que se ha implementado para quienes desde el periodismo han reportado, escrito, locutado o fotografiado hechos en los que están involucrados algunos de los que integran esta convergencia de empresarios, políticos, militares y crimen organizado, para denunciar los abusos de poder.
“Yo hago periodismo porque me gusta y porque es mi derecho”
La periodista Norma Sancir fue detenida en 2014, durante una cobertura que realizaba en Camotán, Chiquimula, mientras una manifestación pacifica era reprimida por la Policía Nacional Civil (PNC), fue arrestada, acusada falsamente de varios delitos. Al final de ese proceso, cuatro agentes de PNC fueron acusados y llevados a juicio por los delitos de abuso de autoridad, violación al derecho de la libertad de expresión y de opinión y obstaculización de la labor periodística e intimidación, pero ese proceso judicial ha sido retrasado maliciosamente por varios años, vedando así otro derecho a la periodista, el de acceso a una justicia rápida y cumplida.
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Suspensión de audiencia de periodista Norma Sancir retarda el acceso a la justicia
“Cuando estuve en prisión estaba muy indignada, muy molesta, no entendía el nivel de agresividad y violencia, se supone que estaba ejerciendo un derecho y además haciendo lo que me gusta, además que también es un derecho de la comunidad estar informados de lo que pasa, especialmente cuando se están vulnerando derechos, además se me estigmatizó por no ser parte de un medio corporativo de marca”, comentó la periodista.
Al ver hacia atrás y recordar la experiencia de su detención, encarcelamiento y luego su lucha por obtener justicia, Norma Sancir recordó también que sintió mucho miedo por su integridad fisica, sintió que se le estaba atacando por ejercer su profesión y eso le generó temor.
“En este país se usa cualquier tipo de acción en tu contra, la disfrazan de cualquier cosa para agredirte, entondes te podés imaginar lo peor. Si la PNC hace uso de su uniforme, de su autoridad para saltarse las trancas, cuando un periodista informa algo que va en contra de sus intereses te convertís en una amenaza, porque la población con tu información se empodera y reconoce a quien abusa, por eso les molesta que les tomés una foto, que saqués tu celular para grabar y reportar lo que está sucediendo”.
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Periodista Norma Sancir: su detención violenta la libertad de expresión
Otros casos en los que periodistas se han visto perseguidos
De la misma forma y por diferentes delitos, otros periodistas han sido atacados y perseguidos. En diciembre de 2019, el periodista comunitario Q’anjob’al Francisco Lucas Pedro, fue encarcelado durante 14 días, por una denuncia hecha por la empresa española Ecoener Hidralia Energía / Hidro Santa Cruz y acusado de terrorismo y otros delitos.
El 3 de enero de 2020 fue puesto en libertad, porque un juez dictó la falta de mérito a favor del periodista comunitario, luego que el Ministerio Público (MP) confirmara que esa denuncia penal había sido cerrada desde el 2016.
El 22 de septiembre de 2020, fue detenida la periodista y comunicadora maya K’iche’, originaria del municipio de Joyabaj en Quiché, Anastasia Mejía, quien fue ligada a proceso por los delitos de sedición, incendio y atentado agravado, por una denuncia del alcalde Florencio Carrascosa, quien fue incluido la lista Engel, de 2021, señalado de socavar procesos o instituciones democráticas al intimidar y encarcelar injustamente a opositores políticos.
A finales de marzo de 2022, el periodista comunitario Carlos Choc, fue denunciado por su presunta participación en un ataque contra policías, durante una manifestación en el municipio de El Estor, Izabal, en octubre del año pasado. Su persecución responde a su labor para visibilizar las problemáticas generadas por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en ese lugar y la oposición de parte de la población hacia su operación.
La orden de captura contra Choc fue autorizada el 14 de enero de este año por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Izabal, por el delito de “instigación a delinquir”.
En 2017, CGN, la compañía subsidiaria de Solway Investment Group denunció falsamente al periodista, de participar en una manifestación donde supuestamente se retuvo a empleados y familiares. Esto provocó que el periodista saliera de su comunidad y que esté actualmente ligado a un proceso penal.
El 6 de junio de 2022, en Siquinalá, Escuintla, la policía detuvo al periodista Robinson Ortega, de Relax TV, y lo trasladaron al Juzgado de Santa Cotzumalguapa; fue dejado en libertad una semana después de su detención. En el mismo hecho también intentaron detener al periodista Carlos Paredes de Prensa Libre y Guatevisión.
El jueves 14 de abril, de 2022, la periodista Lesby Esmeralda Catún, de la Revista Retenamit, fue detenida en San Pedro Carchá por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Minutos antes, los policías habían estado en una venta de licor, por lo que ella y otros vecinos llamaron a la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Inspectoría General de la PNC. Catún fue retenida y llevada en una patrulla a una comisiaría de Carchá, Alta Verapaz, en donde le exigieron el pago de 3 mil quetzales para dejarla en libertad.
Cuatro periodistas indígenas bajo agresión penal, defienden la libertad de prensa
En la ciudad capital, los periodistas Sonny Figueroa y Juan Luis Font, han sido hostigados y perseguidos por la PNC.
En 2020, Figueroa fue agredido y llevado a prisión por supuestamente agredir a agentes de policia que luego se demostró que fueron ellos quienes lo habían agredido y fueron a juicio por el delito de abuso de autoridad. Figueroa y su colega del medio Vox Populi han sido víctimas de acoso judicial, sin embargo, ambos continuan investigando y publicando casos de corrupción durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
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Guatemala: Acoso sistemático contra los periodistas Marvin Del Cid y Sonny Figueroa
En el caso de Juan Luis Font, luego de acoso judicial por señalamientos calificados por el periodista como espurios, debió salir del país, desde donde continúa haciendo periodismo, pues considera que no se garantiza su seguridad en Guatemala.
Font, quien dirige el medio de comunicación “ConCriterio” tuvo conocimiento de que el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, lo denunció por segunda ocasión en menos de seis meses. Ahora Sinibaldi lo señala de haberse coludido con la exjueza de mayor riesgo, Erika Aifán (quien desde hace cuatro meses salió al exilio para proteger su vida), con el fin de detener una investigación en su contra.
Guatemala ha vivido periodos oscuros en su historia, luego de 36 años de conflicto armado interno y de firmada la paz, el país continúa bajo la amenaza de regímenes totalitarios que utilizando mecanismos de criminalización intentan silenciar a las y los periodistas que no se plegan a sus intereses acusando, intimidando y hostigando, sin embargo, los medios de comunicación y periodistas han respondido en reiteradas ocasiones con un hashtag en redes sociales que dice #NoNosCallarán.
