“Están anulando a las sobrevivientes”, dijo la abogada Haydeé Valey, por la decisión de la Sala Segunda de Mayor Riesgo de no permitir que se realizara una audiencia para conocer los argumentos ante las apelaciones hechas por expatrulleros y la PGN en el caso Mujeres Achi.
Por Regina Pérez
Cinco expatrulleros de Autodefensa Civil (exPAC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), apelaron la sentencia del caso de Mujeres Achi, del Tribunal de Mayor Riesgo A, que condenó a cinco exintegrantes de dichas fuerzas armadas por delitos de deberes contra la humanidad cometidos contra 36 mujeres Achi de Rabinal, Baja Verapaz. Sin embargo, la audiencia programada para que las partes presentaran sus alegatos de forma oral se canceló la semana pasada, porque los condenados y la PGN presentaron sus apelaciones de manera escrita.
Con ello dejan en estado de indefensión a las sobrevivientes, puesto que no hay otro momento para que sus abogadas puedan presentar sus argumentos y lo único que se espera es la sentencia de la Sala.
El pasado 7 de julio se tenía programada la audiencia en la Sala Segunda de Mayor Riesgo, para que las partes del proceso, condenados, PGN, Ministerio Público (MP) y abogadas defensoras de las sobrevivientes presentaran sus argumentos, sin embargo, debido a que los apelantes enviaron sus alegatos por escrito, esta audiencia ya no se realizó.
Contra la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo, que condenó a 30 años de prisión a los expatrulleros Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, Damián, Gabriel y Francisco Cuxum Alvarado, se presentaron cinco apelaciones especiales, cuatro de parte de los condenados y una por la PGN.
Haydeé Valey, una de las abogadas defensoras de las mujeres Achi, señaló que como representantes de las querellantes no presentaron alegatos por escrito porque esperaban que la audiencia se realizara de forma presencial ante los magistrados.
Esto era importante para ellas porque la audiencia era el momento ideal para que escuchar la defensa de las sobrevivientes. “No solo para los magistrados, sino también para las sobrevivientes que tienen derecho a conocer como está su proceso, que es lo que están alegando las otras partes en contra de la sentencia y por qué decimos que no tienen ninguna razón para impugnar dicha sentencia”, afirmó la abogada.
Para Valey, el hecho de no permitir que las abogadas presentaran sus argumentos es totalmente arbitrario, “están anulando a las sobrevivientes porque en qué momento ellas van a poder ejercer su derecho de defensa, ellas también tienen derecho a ser escuchadas, defender su sentencia”, indicó.
La entrevistada dijo que el momento de presentar un memorial es antes de que se venza el día y la hora fijada, que era el 7 de julio a las 10 de la mañana, sin embargo, a ellas se les informó minutos antes de que se venciera ese plazo, es por eso que considera que se trata de una decisión arbitraria de la Sala.
Ante ello, las tres abogadas impugnaron la decisión que consideran ilegal e inconstitucional y esperan que la Sala fije una nueva audiencia. Sin embargo, de no hacerlo, Valey dijo que tendrán que interponer un amparo alegando violación a derechos constitucionales.
¿Qué apelan los expatrulleros?
En sus apelaciones, los expatrulleros condenados y la PGN atacan varios puntos de la sentencia, como que no quedó probado que ellos en realidad hayan sido patrulleros, que hubiese un vínculo con el Estado y alegan que el Estado no es responsable porque esas personas no formaron parte de la estructura del ejército, por lo tanto no hay vinculación para responder por la reparación hacia las sobrevivientes.
También alegan que las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal son arbitrarias, dijo Valey.
La sentencia del pasado 24 de enero fue un logro para las mujeres Achi de Rabinal, Baja Verapaz, para alcanzar justicia por las violaciones sexuales cometidas en su contra por expatrulleros, entre 1981 y 1985.
El tribunal creyó en el testimonio de las mujeres maya Achi que relataron las violaciones sexuales a las que fueron sometidas en el contexto del conflicto armado interno, así como la esclavitud doméstica de las que fueron víctimas.
El caso fue presentado en 2011 con acompañamiento del Bufete Jurídico Popular de Rabinal y transcurrió una década para que un Tribunal condenara a cinco exintegrantes de las PAC, quienes ahora, junto al Estado, han apelado la sentencia.
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