El presidente Alejandro Giammattei recién designó a María Consuelo Porras Argueta para volver a ocupar la jefatura del Ministerio Público (MP), en Guatemala, por cuatro años más. La noticia ha sorprendido a algunos políticos y ha provocado el rechazo abierto de un influyente medio estadounidense. Desde la capital estadounidense varios actores han condenado el nombramiento de Porras, entre otras cosas, porque ella está incluida en la Lista Engel de actores corruptos, que tienen prohibida la entrada a EE.UU. Las reacciones de rechazo están cimentadas en que la corrupción, bajo su mando, podría florecer. Hay quienes han instado al gobierno a revertir la decisión.
Por Paolina Albani
Dos de las voces más influyentes que se han pronunciado son las de los congresistas demócratas Gregory W. Meeks y Albio Sires, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes el primero y presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de ese cuerpo legislativo, el segundo. Meeks y Sires se cuentan entre los representantes más escuchados en Washington en temas latinoamericanos.
“Nos decepciona ver que el presidente Giammattei ha designado a María Consuelo Porras Argueta para que se desempeñe nuevamente como fiscal general de Guatemala. Su liderazgo frente al Ministerio Público ha estado marcado por graves retrocesos en los esfuerzos anticorrupción en Guatemala y el Departamento de Estado de los EE. UU. la ha designado como antidemocrática y corrupta”, escriben Meeks y Sires en un comunicado que publicaron este 19 de mayo.
Añaden los congresistas: “Ella ha socavado activamente el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- y destituyó al fiscal principal, Juan Francisco Sandoval, el verano pasado. Además de presuntamente ordenar a los fiscales que ignoren los casos en función de consideraciones políticas e intereses especiales, se alega que ella confabuló con objetivos de investigaciones de corrupción”.
Los representantes no se quedan contentos con advertir del grave retroceso que la designación de Porras significa, sino que piden revertir el nombramiento.
“Estamos unidos en la búsqueda de la rendición de cuentas y la justicia en el hemisferio occidental, y denunciamos de manera uniforme la perpetuación de la corrupción en las instituciones encargadas de defender el estado de derecho. Instamos al presidente Giammattei a poner los intereses del pueblo guatemalteco en primer lugar aprovechando la gama de vías legales para revertir esta decisión y revitalizar la lucha contra la corrupción oficial”, indica el comunicado.
Los representantes demócratas también estiman que, desde 2018, Porras ha supervisado la demolición de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que desde el comienzo de su mandato, 24 jueces y fiscales guatemaltecos han tenido que huir del país. Esto como resultado de los esfuerzos de la Fiscal General ha realizado para despojar de toda protección a quienes luchaban contra el crimen.
“Celebramos a la administración Biden por la rápida designación de Porras y sus familiares inmediatos, haciéndolos no elegibles para ingresar a los Estados Unidos y demostrando el compromiso del gobierno de los Estados Unidos para combatir la corrupción y apoyar al pueblo de Guatemala en su lucha por defender la democracia y restaurar la fe en sus instituciones democráticas”, refieren Meeks y Sires.
Por su lado, Washington Post, el periódico más influyente de la capital estadounidense y uno de los más importantes del país, en un artículo publicado por el consejo el 17 de mayo, hizo un repaso de cómo la consolidación de la corrupción en el sistema de justicia, después del cierre de la CICIG (promovida por el expresidente de Jimmy Morales), ha llevado a los gobiernos a desproteger a los operadores de justicia que investigaban grandes casos de corrupción que implicaban a la élite guatemalteca, los cuales han tenido que exiliarse para salvar la vida. Esta corrupción, dice el Post, tiene influencia directa en la migración irregular hacia EE.UU., al igual que la pobreza, el tráfico de drogas y la violencia.
“El gobierno de Biden ha presionado para combatir la corrupción en Guatemala, llegando incluso a censurar oficialmente a la fiscal general, María Consuelo Porras, quien ha obstruido investigaciones clave”, lee el editorial.
En las visitas de representantes de Biden a Guatemala, el gobierno estadounidense ha recalcado la importancia de combatir la corrupción como una forma de enfrentar la migración irregular hacia Estados Unidos.
“No lograremos avances significativos si persiste la corrupción en la región”, le dijo a Giammattei la vicepresidente Kamala Harris en una visita oficial en junio de 2021.
A pesar de las presiones, Porras fue nombrada para cumplir un segundo período como jefa del Ministerio Público y esto “sería una señal de que la corrupción en Guatemala seguirá floreciendo”, anota el Washington Post.
“Los guatemaltecos que se han beneficiado del statu quo, incluidas figuras militares, políticas y empresariales influyentes, han seguido anulando investigaciones e intimidando a quienes las han impulsado. Parecen decididos a estancarse con la esperanza de que Donald Trump, o un republicano de su molde, recupere la Casa Blanca. Ese resultado es inaceptable. La administración Biden debería redoblar sus esfuerzos y ejercer presión sobre un país donde la impunidad ha sido la regla durante demasiado tiempo y la migración con demasiada frecuencia el resultado”, concluye el editorial.
Reino Unido duda de la idoneidad de Porras
El rechazo por la designación de Porras es compartido por el Reino Unido. En un comunicado del 18 de mayo, la ministra para América Latina Vicky Ford expresó preocupación por la reelección de Porras al cargo de Fiscal General, por haber sido sancionada en la Lista Engel, pero también porque “existen otras razones serias para dudar de su idoneidad para este importante papel”.
“El Reino Unido continuará trabajando en estrecha colaboración con socios internacionales para alentar al Gobierno de Guatemala a fortalecer el estado de derecho y apoyar y respetar la independencia judicial”, refiere Ford.
