Mientras el caso Tactic llegó a sentencia condenatoria, en el proceso de Genocidio Ixil contra el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez no se logró celebrar audiencia. En la Universidad San Carlos de Guatemala se hizo un reconocimiento a 4 miembros de esa casa de estudios que fueron brutalmente asesinados o desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno, por fuerzas del Estado.
Por Juan Rosales
Caso Tactic
El pasado 24 de febrero se celebró la última audiencia en el Tribunal de Mayor Riesgo D, en la que los jueces Sara Yoc, Walter Eugenio Mazariegos Culpatan y Jorge Adolfo Díaz, por unanimidad, encontraron culpable de desaparición forzada al ex comisionado militar José Manuel Castañeda Aparicio. El delito de desaparición forzada fue cometido en contra de Jacobo López Ac, Francisco Guerrero López y Rodolfo López Quej. Jacobo López fue encontrado en una de las 85 fosas localizadas al interior del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ) , en Alta Verapaz, lugar en el que se ubicó durante el Conflicto Armado Interno la Zona Militar 21.
Para los representantes del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, el resultado condenatorio del proceso judicial es “dulce y amargo”, pues si bien se logró una sentencia condenatoria en contra de José Manuel Castañeda, ésta llega 40 años tarde. El camino que han recorrido los familiares ha sido demasiado largo y ya en otra ocasión el condenado había sido absuelto por otro tribunal. La fuerza de las familias de los desaparecidos y la tenacidad de los abogados de la Fiscalía de Derechos Humanos y los querellantes, evidenciaron que ese primer proceso fue viciado, con lo que lograron sentar una vez más al ex comisionado militar en el banquillo de los acusados y que fuera juzgado por otro tribunal. De esta manera se obtuvo justicia por la desaparición forzada de Jacobo López, Francisco López y Rodolfo López.
A José Manuel Castañeda Aparicio se le condenó a 45 años y 4 meses de prisión por los delitos de secuestro y desaparición forzada. Para los pueblos de Guatemala este caso y su sentencia condenatoria son un paso más en la búsqueda de justicia por los más de 45.000 desaparecidos en los 36 años de guerra interna.
Genocidio Ixil
El caso de Genocidio Ixil, en contra del general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, debía tener una audiencia para revocar la sentencia de una Corte de Apelaciones. La sentencia absolutoria a favor de Rodríguez Sánchez se dio hace más de 3 años, pero ni los querellantes, ni la Fiscalía de Derechos Humanos han dejado de buscar que sea revocada.
José Rodríguez Sánchez fue el Jefe de la sección de inteligencia en el Estado Mayor de la Defensa del gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt. Es por este rol que se le acusa de ser parte de las acciones que desembocaron en el Genocidio Ixil.
La audiencia fue suspendida debido a que la magistrada Delia Dávila, de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, se inhibió pues no había conocido casos de justicia transicional. La nueva fecha de audiencia será dada a conocer una vez que un nuevo tribunal sea integrado. Hasta ese momento los representantes de la Asociación Justicia y Reconciliación seguirán a la espera de justicia por los crímenes cometidos en contra de la población Ixil.
Reconocimiento a cuatro mártires de la USAC
En el marco de la conmemoración del Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, el día 22 de febrero, en la plaza de los Mártires de la Universidad San Carlos (USAC) se entregó a familiares de cuatro víctimas de la represión un reconocimiento por parte de Rectoría. Myrna Mack, Rubén Amílcar Farfán, Sergio Linares Morales y Julio Cesar Del Valle Cobar fueron reconocidos por el rector interino de la USAC, Pablo Oliva Soto, quien entregó a los familiares un acta de reconocimiento, luego se realizó una ceremonia, en la que se colocaron claveles en nombre de las cuatro víctimas.
En el acto, un representante de cada grupo familiar habló sobre los homenajeados y sobre los hechos que llevaron a la muerte a sus seres queridos. Se pudieron escuchar historias fuertes de la represión que se extendió no solo a las víctimas de asesinato o la desaparición forzada, sino a las familias que sufrieron cuando las autoridades se negaron a investigar los hechos de violencia. Los familiares también destacaron que han tenido que esperar más de 40 años para obtener justicia y en algunos casos ni siquiera existe una investigación de los hechos ocurridos.
