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Créditos: Prensa Comunitaria.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Juan Calles

Personas en prisión por crímenes que no cometieron, una de ellas  murió en prisión acusada falsamente, testigos amenazados, un estado de sitio en San Rafael Las Flores y la justicia arrinconada, entre otros, son los resultados de la manipulación que Rony López promovió como fiscal contra el crimen organizado.

La fiscalía contra el crimen organizado del Ministerio Público (MP) estuvo dirigida por Rony López durante varios años; casos paradigmáticos como el caso Siekavizza por ejemplo, estuvieron bajo su cargo. Personas cercanas a los procesos investigados por esa fiscalía aseguran que el poder de Rony López en el MP era muy grande, tanto que era visto como una persona intocable.

Sin embargo, el viernes 18 de marzo de 2022 ese poder no fue suficiente para evitar que se le condenara a seis años de prisión inconmutables, al ser encontrado culpable de desviar la investigación por el asesinato de José Armando Melgar Moreno para acusar y culpar a personas inocentes.

Melgar Moreno era padre de los ex militares Erick Melgar Padilla y Hérber Armando Melgar Padilla, ex director de la DIGECAM y ex diputado del extinto partido político FCN Nación, respectivamente. Por este caso, Erick Melgar Padilla fue señalado de manipular testimonios y testigos con la finalidad de acusar a su tío, Oscar Melgar Gramajo, del asesinato de su propio hermano, todo en medio de un litigio de tierras familiares. Melgar Gramajo murió en prisión acusado por sus sobrinos de asesinar a su hermano.

Hoy, con la condena de Rony López, se sabe que las acusaciones eran falsas.

Rony López criminalizó a comunitarios en resistencia antiminería

El abogado Rafael Maldonado, que en el 2013 fue representante legal de comunitarios organizados en resistencia contra la minera San Rafael, en el municipio de San Rafael, Las Flores, Santa Rosa, indicó que Rony López acusó falsamente a líderes comunitarios, sacerdotes y abogados, a solicitud del departamento de seguridad de la mina.

“Era un entramado de criminalización dirigido desde la gerencia de seguridad de la Minera San Rafael, administrada por Alberto Rotondo, un militar peruano formado en la Escuela de las Américas; solo las personas que habían ejercido acciones legales contra el proyecto minero fueron criminalizadas”, informó Maldonado.

El abogado agregó que estos hechos quedan demostrados pues la misma fiscalía dirigida por Rony López incluyó en el expediente del caso, un documento elaborado por la empresa minera en donde se listaba con fotografías, alias y datos personales, a un grupo de personas de la resistencia antiminera que fueron perseguidas judicialmente por las acusaciones falsas imputadas por López, a pedido de la mina San Rafael.

“En ese documento, que es un álbum de fotografías de todas las personas que se oponían al proyecto minero, se incluyó a sacerdotes, al menos a tres alcaldes municipales de la zona, abogados y lideres comunitarios, incluso por este caso en el 2013 se implantó un estado de sitio en San Rafael y al menos cinco personas guardaron prisión injustamente durante seis meses”, aseguró Maldonado.

Para el abogado, la sentencia contra el exfiscal Rony López confirma lo que ellos denunciaron desde el 2013, “Nosotros se lo denunciamos a la fiscal general del MP en ese tiempo, Claudia Paz y Paz, pero Rony López tenía mucho poder y no se podía hacer nada, ahora con su sentencia se evidencia que ese fiscal manipulaba los expedientes a solicitud de sectores poderosos, en este caso, quien corrompió el sistema de justicia fue la minera San Rafael”, concluyó.

La sentencia contra Rony López no está en firme. Aún puede apelar la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo “A” en su contra, sin embargo, con el proceso judicial que ya emitió resolución condenatoria se demuestra que la justicia en Guatemala es fácilmente manipulada cuando hay intereses económicos de por medio.

Mientras se evidencia este extremo por parte de fiscales corruptos, otros fiscales y jueces que han dado la batalla contra estos abusos, sufren de criminalización y hostigamiento, y como ha sucedido en los últimos días, estos operadores de justicia deben salir al exilio pues temen por su vida.

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