Ha pasado más de un año desde que las tormentas Eta y Iota llegaron al país; es decir, el 6 de noviembre de 2020. Las poblaciones campesinas, originarias y rurales no solo perdieron sus viviendas, cultivos y negocios, también les tocó enfrentar pérdidas humanas. Desde ese entonces aseguran que no han recibido ningún apoyo del gobierno, dirigido por el presidente Alejandro Giammattei.
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Por Francisco Simón Francisco
Con información comunitaria
En este contexto se escribe la historia de pobladores de los caseríos: San Juan, Nuevo San Julián y Cahaboncito, y otras familias del área urbana del municipio de Tactic, Alta Verapaz.
La mayoría de estas familias estuvieron dos meses en albergues durante las tormentas y otras alquilaron, sin recibir ningún tipo apoyo para la construcción de sus viviendas o la reubicación en un nuevo espacio.
Ante la desesperación y olvido; la mayoría de las personas damnificadas regresaron a sus casas dañadas y en condiciones de alto riesgo.
“Algunas personas siguen viviendo en las tres comunidades, porque no tienen otras opciones a donde ir, otras alquilando casas porque sus viviendas quedaron destruidas”, asegura una de las afectadas en una entrevista bajo el anonimato.
“Las familias que regresaron a sus casas están con alto riesgo, porque cada vez que llueve, por ejemplo un rato, un día o una noche, tienen que ver a donde ir, ya sea con vecinos pero tienen que estar en constante movimiento porque no tienen una vida segura”, agregó.
En un comunicado publicado por Prensa Comunitaria las familias y pobladores de estas comunidades, solicitaron al gobierno atención en vivienda y reubicación en un terreno municipal. Aseguran que, durante varios meses estuvieron en albergues y luego alquilando, sin respuestas de ninguna entidad estatal.
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