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Créditos: PC
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En un mensaje pre grabado la Fiscal General atacó la publicación de El Faro y reivindicó las detenciones y acciones contra jueces, ex trabajadores de CICIG y fiscales y ex fiscales de la FECI. La jefa del MP anunció un nuevo pedido de levantarle la inmunidad a la jueza Erika Aifán. El Departamento de Estado de EEUU rechazó las afirmaciones de Porras y dijo que intenta perseguir a quienes combaten la corrupción.

Por Regina Pérez

La fiscal general, Consuelo Porras, salió a la defensa de los casos que ha emprendido en contra de fiscales y exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el antejuicio contra el juez Pablo Xitumul y arremetió contra una publicación del medio salvadoreño El Faro que reveló un posible soborno al presidente Alejandro Giammattei durante su campaña electoral. Aunado a eso, la FECI presentó un tercer antejuicio en contra de la jueza Érika Aifán, por el caso Cooptación y Corrupción Judicial.

En un mensaje que parecía pregrabado, Porras se refirió esta tarde a los casos por los cuales ha recibido más críticas de parte de la ciudadanía y que han levantado las alarmas a nivel internacional. Ella indicó que mediáticamente ha surgido desinformación sobre los mismos.

En el caso del juez de Mayor Riesgo, Pablo Xitumul, Porras dijo que las investigaciones en su contra no son por sus resoluciones judiciales sino por “actos ilícitos” de carácter personal. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) despojó de su inmunidad al juzgador la semana pasada tras una denuncia de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

En segundo lugar, la jefa del MP abordó el caso Cooptación y Corrupción Judicial, por el cual fueron detenidas la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leily Santizo y la exsubjefa de la FECI, Eva Siomara Sosa. En el caso de la última, la detención se concretó el pasado 15 de febrero. Ambas fueron enviadas al centro de detención Mariscal Zavala donde guardan prisión varios sindicados que ellas mismas procesaron.

Sobre este caso, Porras dijo que las ordenes de captura se basaron en indicios suficientes que el juez de Diligencias Urgentes, Víctor Hugo Herrera, autorizó. Estas denuncias fueron interpuestas por el grupo de extrema derecha, Fundación contra el Terrorismo, que no ocultan su apoyo a la jefa del MP.

Fotograma: video MP

La fiscal Porras anunció que por este mismo caso presentaría una solicitud para retirarle a la inmunidad a la jueza de Mayor Riesgo D, Érika Aifán, “por su posible participación en dicha acción ilegal”. Todo esto, según Porras, no constituye una criminalización ni venganza.

La solicitud en contra de la jueza fue presentada esta misma tarde por la FECI, que ya tiene dos expedientes en su contra, uno por el caso Comisiones Paralelas y otro por el caso Odebrecht.

“Quieren criminalizar un trabajo que ha representado esperanza”

Otro tema que abordó la Fiscal General fueron las capturas de dos fiscales en activo de la FECI y dos órdenes de detención giradas contra exfiscales, a quienes señala de coaccionar a una persona acusada en la investigación Comisiones Paralelas 2020, un caso sobre la manipulación de la elección de altas Cortes en 2019 y por el cual varios jueces y magistrados fueron denunciados por la FECI, en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval.

Porras también se refirió al artículo del medio El Faro, que recogió la versión de un testigo protegido que acusó al presidente Alejandro Giammattei de recibir sobornos de constructoras por 20 millones de quetzales, por medio del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.

De acuerdo con ese reportaje, el testimonio de dicho testigo está guardado en la caja fuerte del Juzgado de Mayor Riesgo D, que preside Aifán. A cambio del dinero recibido, Giammattei se habría comprometido con Benito a mantenerlo en el cargo y operar varios contratos de infraestructura.

Actualmente Benito enfrenta un proceso por lavado de dinero, en el Juzgado de Aifán y según Porras, el caso se encuentra en reserva total. “Es preocupable (sic) que se vulnere la investigación mediante la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso”, afirmó la jefa del MP.

Por este caso, Porras dijo que Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Delitos Administrativos, por la filtración de dicha información. La Fiscal General indicó que la persona a la que alude en la publicación como Testigo A, presentó una denuncia en el MP donde dijo que fue coaccionado y presionado para prestar declaraciones de hechos que no le constaban. La Fiscalía de Asuntos Internos lleva a cabo esta investigación.

Porras dijo que hay actores que buscan evadir su responsabilidad penal o que pretenden instrumentalizar la justicia, con el fin de que se instruyan investigaciones por motivaciones políticas o ideológicas. “Tratan de confundir a la población guatemalteca y diversos sectores del ámbito internacional argumentando que existe persecución en su contra”, afirmó.

Según la Fiscal, esto es falso y es un argumento “artificioso” construido para garantizarse impunidad y acuerpado por grupos con intereses políticos.

Finalmente invitó al relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayáan, a Samantha Power, administradora de USAID, y a Brian Nichols, subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, para que se acerquen al MP a conocer la veracidad de las investigaciones y les pidió no dejarse sorprender por un pequeño grupo de personas “que tienen un interés particular de desestabilizar al país”.

Recientemente Power reaccionó en su cuenta de Twitter a las capturas de personal que estuvo en la CICIG y la FECI. “Terrible: en lugar de proteger a los guatemaltecos de los criminales y la corrupción, la Fiscal General Porras utiliza su despacho para intimidar y perseguir a los jueces y fiscales que defienden el Estado de Derecho”, señaló.

En tanto, García-Sayán ha expresado su rechazo a los ataques y persecución en Guatemala contra jueces, fiscales y abogados, “destinados a despojarlos de sus inmunidades, forzar sus renuncias o su exilio, y su derecho a la defensa técnica ante la justicia”. El retiro de la inmunidad al juez Pablo Xitumul y la amenaza similar que enfrenta la jueza Aifán desafían los estándares sobre inamovilidad que buscan proteger su independencia, afirmó el relator en su cuenta de Twitter.

Por ser un mensaje pregrabado, Porras no pudo ser cuestionada por la prensa sobre los diversos casos que se han conocido en los últimos días y en la cuenta de YouTube donde se transmitió el mensaje se deshabilitaron los comentarios. En la red social de Facebook, el MP no pudo censurar a los cientos de usuarios que vieron el mensaje y quienes mayoritariamente se expresaron en contra de la Fiscal.

Porras arrecia ofensiva contra funcionarios que lucharon contra la corrupción

Los comentarios en Facebook no constituyeron el único mensaje de rechazo al mensaje de Porras. Pocas horas después del mismo el Departamento de Estado de EE.UU. señaló que está “profundamente preocupado por el maltrato inaceptable y el abuso persistente del MP de Guatemala contra exfiscales y fiscales independientes”.

Según la declaración del Departamento de Estado, “bajo el liderazgo de Porras, el MP de Guatemala utilizó registros y arrestos basados en acusaciones bajo reserva y selectivamente ha filtrado información de los casos con el intento aparente de castigar a guatemaltecos que están combatiendo la impunidad y promueven la transparencia y la rendición de cuentas”. “Respetar los derechos constitucionales de los guatemaltecos es esencial para proteger el Estado de Derecho para todos”, señaló el Departamento de Estado a través de su cuenta de Twitter.

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