Por Simón Antonio Ramón
En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ presentó ayer un informe de observación sobre la situación de las mujeres q’eqchi’ durante el estado de sitio vigente en el municipio de El Estor, Izabal, una de las principales conclusiones fue normalización de la represión, la criminalización, el miedo y el terror en las comunidades visitadas.
Esta serie de observaciones surgen a partir de una misión de verificación que realizaron varias organizaciones junto a la Asamblea Social y Popular, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej. Días después, la alcaldía indígena de Palín también realizó una visita de verificación. En este municipio Maya Q’eqchi’ los días 22 y 23 de octubre el Estado de Guatemala reprimió a los cuatro Consejos Ancestrales que exigen la suspensión del proyecto minero Fénix de la empresa ruso suiza Solway y que se suspenda el proceso de consulta que inició el Ministerio de Energía y Minas MEM sobre dicho proyecto.
Las violaciones que conlleva el estado de sitio
Después de un mes de vigencia del estado de sitio, el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ concluye que en las comunidades de El Estor visitadas, observaron una normalización de la represión, la criminalización, el miedo y el terror. “Se ha violentado los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, se ha visto vulnerados: el derecho a la vida de las mujeres, de la niñez y de los pueblos, se incumplió la obligación del Estado, de garantizar el fin suprema del bien común”, se informó.
En el mismo sentido, el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ denunció la violación de convenios internacionales en materia de derechos humanos. Señalaron que se violentó la Convención Americana de Derechos Humanos, así como normativas internacionales de protección de los derechos humanos, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDWAW) y la Convención de los Derechos del Niño.
“No se ha respetado la dignidad y la vida de las mujeres y la niñez, la violencia psicológica impuesta por las fuerzas de seguridad en la vida de las mujeres y la niñez, son parte de las estrategias del Estado para silenciar la protesta social”, se indicó.
En la presentación del informe también se denunció que el estado ha priorizado los intereses corporativos de carácter empresarial, violentando varios derechos entre ellos, los derechos colectivos, la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas. También se denunció delitos de lesa humanidad como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato contra personas menores de edad y violencia contra la mujer.
El estado de sitio que manifiesta una multiplicidad de violencias
“En este país hay una violencia estructural institucional y legal, no vamos a ir muy lejos como lo que viven las mujeres q´eqchi´ con los últimos desalojos. Que es una violencia que se realiza a nivel institucional”, dijo Juana Sales Morales, integrante del movimiento de Mujeres Indígenas Tz´ununija’.
Durante la presentación se tuvo la intervención de la abogada Wendy López, del Bufete para los Pueblos Indígenas, Alida Vicente de la Alcaldía Indígena de Palín y Dorotea Gómez, Defensora de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
“Vemos la parcialidad del Estado a favor de las empresas, las garantías constitucionales ahora casi ni se puede acudir a ellas, porque desde hace un mes se han presentado exhibiciones personales y no han sido activas por el juez”, denunció la abogada del Bufete para los Pueblos indígenas.
Por su parte Alida Vicente dijo que junto a las autoridades indígenas recorrieron el territorio de El Estor. “Durante un mes se ha usado el estado de sitio para reprimir a la población, es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo, pudimos ver el odio a los pueblos indígenas por su oposición al modelo extractivo”, subrayó.
Por su parte Dorotea Gómez manifestó la preocupación de la PDH por el uso exagerado y excesivo de los estados de sitio y las violaciones que conlleva. “Se violan los derechos de las mujeres como la privación a la salud, al agua y a la locomoción. Y a los niños se le niega su derecho a la libertad y decidir sobre su territorio”, denunció.
