Por Diego Petzey y Lourdes Álvarez
En Guatemala, cada cierto tiempo, la población enciende la voz de alarma e indignación sobre la grave contaminación de los ríos, pero hasta el momento no hay acciones políticas que resuelvan esa problemática. Desde 1950 a la fecha, por conveniencia o por desinterés, se han promovido entre 40 y 50 iniciativas para aprobar una ley de aguas en el país que propongan un instrumento para sanciones o rutas de abordaje, pero ninguna ha sido aprobada en el Congreso de la República.
El pasado 9 de octubre, fue la población de la colonia el Progreso, en la zona 4 de Escuintla, la que una vez más denunció que el río Cusmajete se tiñó de un fuerte color rojo. No es la primera vez que esto sucede y no es el único río de Guatemala que se encuentra en peligro. Según informes científicos del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad de la Universidad Rafael Landívar (IARNA) entre el 95 y 98% de las fuentes de agua del país presentan alarmantes índices de contaminación.
Raúl Maas, director del IARNA, asegura que la contaminación es más extrema en algunos casos, porque los ríos son cuerpos dinámicos y la contaminación se mueve. El caso más dramático se sitúa en el río Motagua cuando empiezan las temporadas de lluvia.
La mayoría de cuerpos de agua transportan agentes contaminantes que van diluidos en las aguas como las bacterias de heces fecales, de agroquímicos, bioquímicos y desechos sólidos. Además, la mayor parte de sistemas de drenaje van a dar a los cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento, indica el experto.
Río de colores tóxicos
Francisco Fuentes, vecino de la colonia Sebastopol, menciona que el río Cusmajete se tiñe de un color diferente cada cierto tiempo y el día que esto sucede empieza a cambiar de color a partir de las 6 de la mañana.
Otras personas que también usaron las redes sociales para expresar su descontento, indicaron que posiblemente la causa sea por las descargas, a través de las tuberías de aguas residuales que realiza la fábrica de dulces Colombina, que está cercana al lugar y piden que la municipalidad de Escuintla y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realicen una inspección, porque sucede constantemente.
Entretanto, la municipalidad de Escuintla a través de una publicación en Facebook dijo que ese mismo día la Unidad de Gestión Ambiental Municipal y la Policía Municipal de Tránsito realizaron una inspección ocular en los cauces de los ríos Cusmajete y Pacayá que pasan por el área urbana.
Durante la inspección, dijeron que encontraron una tubería de drenaje que descarga agua de color oscuro en el río Cusmajete, que podría venir de una empresa cercana al campo de la feria de la localidad, sin especificar mayores detalles.
El 13 de octubre, Prensa Comunitaria se comunicó a la municipalidad de Escuintla para obtener mayores detalles, pero no se obtuvo una respuesta y la persona que atendió la llamada dijo que no tenía el aval para brindar la información sobre este caso. Se indicó que la encargada de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal era la única persona que podía brindar la información y cortó la llamada diciendo: “No me quiero meter en problemas mejor llame otro día”.
El jueves 14 de octubre, en una nueva llamada a la municipalidad de Escuintla, para conocer las acciones realizadas, nuevamente atendió una persona que dijo ser del área de Recursos Humanos, pero contestó que quien tiene a su cargo la Unidad de Gestión Ambiental había solicitado permiso laboral, porque tenía una cita programada en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
En esa misma comunicación, se logró hablar con alguien que se identificó únicamente como “Ingeniero Montepeque”, quien dijo que ellos no tienen ninguna autorización para dar información y que la única persona que podría dar hacerlo era el señor Elmer Geovanny Cua Ortega, de relaciones públicas de la municipalidad, al solicitar el teléfono de esta persona dijeron que no tiene y que lo mejor era que les dejara un número de contacto y ellos devolverían la llamada.
También se intentó obtener una respuesta de Guillermo Lemus, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de la Colonia El Progreso, pero no atendió a pesar de que se había acordado un horario para entrevistarlo.
Nadie se hace responsable
Para Maas, las acciones inmediatas o las que más se han difundido a nivel mediático, consisten en la renuencia de las municipalidades a tratar las aguas servidas, por uso industrial, comercial o domiciliar.
Según lo establece el Reglamento de Tratamiento de Aguas Contaminadas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), son los gobiernos municipales los que deben construir las plantas de tratamiento de aguas residuales y ese reglamento otorga un plazo para que asuman esa responsabilidad. Sin embargo, cada 4 años se amplía el plazo para que las municipalidades atiendan esta obligación, pero siempre se posterga.
“Existe el instrumento, pero hay una incidencia política fuerte por parte de los gobiernos municipales para que ese reglamento no entre en vigencia. Es una respuesta inversa, en lugar de asumir el compromiso están haciendo esfuerzos para retrasar la entrada en vigencia del compromiso”, indicó Maas.
No obstante, hay algunos gobiernos municipales que sí han implementado plantas de tratamiento, pero son pocos y por lo general está asociado a iniciativas financiadas por cooperación internacional, indica Maas.
Esas plantas están en San Marcos y fueron construidas con fondos de cooperación española, pero una vez finalizo el flujo de fondos para el funcionamiento, las municipalidades no invierten recursos para el mantenimiento y quedan en desuso.
Municipalidades como la de Mixco o San Miguel Petapa, que también tienen este tipo de iniciativas, van en la línea de protección del lago de Amatitlán, En el departamento de Sololá están asociadas a la conservación del lago de Atitlán.
Algunos grupos empresariales también atienden el tema y tratan los desechos industriales que salen de sus instalaciones. Así como algunas universidades, también las utilizan como instrumentos de aprendizaje para los estudiantes que llevan algún tipo de cursos.
Pese a esas acciones, Maas considera que “la inversión que se hace no tiene escala adecuada a la magnitud del problema, porque se invierte muy poco”.
Sin ley
Pese a la gravedad de la situación, en Guatemala no existe una ley de aguas y los problemas asociados a la contaminación van en ascenso.
“Guatemala tiene los más altos niveles de mortalidad infantil en el continente Americano, los niños mueren por gastroenteritis, amebiasis, infecciones gastrointestinales, pero se enferman por consumir agua en mal estado. El agua contaminada mata personas, esto genera un gasto en atención a salud pública, que podría evitarse si la población consumiera agua en buenas condiciones”, enfatizó el experto.
Para el director del IARNA aprobar una ley de aguas también tiene que ver con la gestión de un bien público y si no hay un instrumento que disponga la manera en que se accede al agua se generan muchas tensiones que derivan en conflictividad.
“La ausencia de la ley de aguas tiene muchos elementos para desestabilización del sistema, y contribuye a que determinados sectores puedan hacer uso indiscriminado, apropiación o contaminación, sin que exista un mecanismo que incluya sanciones drásticas o justas”, agrega Maas.
Esa ausencia de ley podría favorecer a ciertos sectores de la sociedad a los que no les conviene que haya regulación, que a su vez, también intentan frenar o criminalizar las expresiones sociales organizadas que se articulan en su defensa.
En consideración de Maas, existe un incremento significativo de luchas comunitarias y territoriales para asegurar el acceso al agua y esto está disperso por todo el país, porque son los más afectados por esta ausencia de normas. “Pero desde el otro extremo, se desacredita este tipo de acciones”.
Frente al cambio climático
Sin una ley de aguas y con reglamentos que no se cumplen por parte de los actores a quienes les corresponde, a la ciudanía le queda poco por hacer más allá de presentar las denuncias y exponer a quienes no están acatando las normas.
El calentamiento global incide en las condiciones ambientales y de variación sobre la disponibilidad de agua a nivel mundial, pero en un país que depende grandemente de ciclo de las lluvias, la vulnerabilidad como sistema es muy alta. “Los análisis de los impactos del calentamiento global revelan que uno de los elementos que está sujeto a una variabilidad más intensa en los próximos años es la lluvia. Mucha de la vida de las comunidades y de los emprendimientos agroindustriales está asociada a la disponibilidad de agua, las investigaciones revelan que el 70% del producto Interno Bruto está asociado al uso del agua. La seguridad alimentaria y nutricional en el país está asociada a la disponibilidad de agua”, concluye Maas.
Las actividades económicas productivas y los medios de vida en general de las comunidades dependen del agua, pero el calentamiento global y sus efectos ponen a las poblaciones más vulnerables frente a un futuro incierto y de inminente peligro, por el que al momento no se está proyectando alguna política nacional de contingencia con carácter urgente.
