Los Pueblos Indígenas del Abya Yala en coordinación con las estructuras propias de los Pueblos Indígenas presentes en el VI Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación que enfrentan los Pueblos Indígenas frente a las actividades extractivas y la violación de nuestros derechos individuales y colectivos. Este escenario se ve agravada por la pandemia y la flexibilización de las salvaguardas ambientales y sociales como medidas de reactivación económica.
En este contexto, la Ruta de Implementación de los Principios Rectores debe incluir el avance de la protección de los Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos Indígenas y los mecanismos de salvaguarda considerando fundamental que los Estados ratifiquen el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. Asimismo, deben reconocer e implementar los derechos consagrados en la Declaración Americana y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia del Sistema Interamericano, entre otros que salvaguardan los sistemas de vida de los Pueblos Indígenas. Esto incluye la regulación de la debida diligencia en las actividades empresariales.
Las empresas, en el cumplimiento de su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos, deben:
- Aplicar la debida diligencia para prevenir y remediar los impactos negativos sobre los derechos de los Pueblos Indígenas cuando operen en -o cerca- de territorios indígenas.
- Abstenerse de implementar proyectos de cualquier tipo en zonas de conflictos (por ejemplo, Colombia) donde se ubican tierras y territorios de los Pueblos Indígenas ya que acrecientan la violencia y las violaciones a sus derechos.
- Respetar el derecho a la autodeterminación, la gobernanza y las normas propias de los Pueblos Indígenas que establecen los procedimientos para obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), mecanismos de resolución de conflictos o que prohíben proyectos extractivos en sus territorios.
- Establecer mecanismos de rendición de cuentas de la aplicación de los Principios Rectores y de las medidas adoptadas para asegurar cumplir con su responsabilidad de respetar los Derechos de los Pueblos Indígenas cuando afectan los territorios Indígenas.
Además, hacemos un llamado a los Estados para:
- Eliminar la impunidad e injusticia en los asesinatos de defensores indígenas de derechos territoriales, ambientales no han encontrado justicia. Los Estados deben adoptar las medidas pertinentes que permitan implementar de manera transparente, integral, accesible y con pertinencia cultural para lograr una remediación jurídica efectiva.
- Asegurar el establecimiento de mecanismos de reclamación con la participación de los Pueblos Indígenas y garantice su accesibilidad, independencia y transparencia en la revisión de los casos y/o quejas presentadas por las víctimas. Resaltamos la importancia del Acuerdo de Escazú, al ser uno de los pocos instrumentos puede ayudar a solucionar graves conflictos socioambientales de manera pacífica y justa.
- Coordinar con las organizaciones indígenas su participación plena y efectiva en la elaboración de diagnósticos y líneas de base y Planes Nacionales para la aplicación de los Principios Rectores. Así mismo, las acciones de remediación deben realizarse en consulta y participación con los pueblos afectados respetando sus formas propias de decisión.
Las “violencias” hacia las Mujeres Indígenas que vienen desde las actividades empresariales que son una combinación de vulneración de derechos individuales (cuerpo) y colectivos (territorio), han incrementado el riesgo en las comunidades, estas deben recibir especial atención de organizaciones responsables del cumplimiento de los Derechos de la Mujer.
En la segunda década de implementación de los Principios Rectores, se debe disminuir las brechas de género y darle un “rostro de mujer”. Los Estados deben cumplir el derecho a la participación de las mujeres y especialmente de las Mujeres Indígenas en espacios de toma de decisión cuando se trate del derecho a la consulta libre, previa e informada.
Hacemos un llamado a los Estados y a las empresas a abandonar las prácticas de promover la estigmatización, la persecución, la criminalización, el ataque y el asesinato de líderes y lideresas indígenas que defienden los derechos colectivos de sus pueblos frente las actividades de las empresas. Alrededor de dos tercios de los asesinatos a defensores de la naturaleza ocurrieron en América Latina. Por ello, llamamos al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos a priorizar en su trabajo para la próxima década la protección y la búsqueda de una justicia efectiva para los y las defensoras indígenas, así como el respeto a sus territorios.
Finalmente, hacemos un llamado al Grupo de Trabajo a garantizar que los Pueblos Indígenas tengan voz y participación en los próximos foros sobre Empresas y Derechos Humanos.
Co-facilitadores del Caucus Indígena de Abya Yala:
Benito Calixto Guzmán
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
– CAOI
Reina Corea
Movimiento Indígena Lenca de Honduras
