Por Lourdes Álvarez
Al 16 de julio, en Guatemala las citas para realizar la gestión de emisión o renovación del pasaporte se están generando para febrero del 2022. Una situación que vulnera derechos asociados al trabajo, a la salud, a la educación y a una migración documentada y regular en condiciones adecuadas, según Úrsula Roldán directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar (URL).
En redes sociales la población ha manifestado los diversos inconvenientes y los casos particulares por los cuales necesitan salir del país. Algunos, como el caso de Robin Chávez, de Huehuetenango, quien obtuvo una beca de estudios en Estados Unidos, pero en mayo no podía continuar con el trámite porque le dieron una cita para gestionar su pasaporte hasta octubre, cinco meses después de iniciar la gestión.
Chávez indicó que se vio obligado a grabar un video para lograr viralizar su mensaje y llamar la atención de las autoridades. Aunque finalmente pudo resolver su problema y desde el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) se informó que se le otorgaría el pasaporte, para otras personas como Liliana Alba, usuaria del sitio www.change.org existen diversas anomalías que no se resuelven y que parecerían hasta intencionales para evitar que el proceso se agilice.
La petición que ella generó en esa plataforma digital que solicita a la población sumarse con firmas digitales ya acumula 1 mil 574 firmas para exigir al IGM, a la PDH y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que intervengan para solucionar de inmediato la situación.
En la petición se solicita que “todos los guatemaltecos puedan obtener este documento en un término de tiempo razonable (no más de una semana) y sin tener que enfrentar el vía crucis que desde hace años, representa ir a hacer la gestión”.
Además, denuncia que “en el exterior del Centro de Emisión de Guatemala o a través de conocidos, te ofrecen “servicio VIP” por una suma que ronda entre los Q250 y Q500, para agilizar el proceso”.
Al mismo tiempo se solicita que se creen medios para reportar irregularidades como la “solicitud de coimas o mordidas, comisiones o cobros extras que terceras personas o funcionarios de la institución puedan estar solicitando a los ciudadanos y que sea investigada y castigada cualquier practica corrupta dentro de esta dirección que pudiese estar provocando un proceso voluntariamente ineficiente, afectando a todos los ciudadanos que necesitamos movilizarnos fuera del país”.
Crisis institucional se evidencia en pasaportes
La migración es un derecho universal que tenemos todos los seres humanos, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde hace más de cinco décadas y se ha legislado mucho sobre ese derecho, sobre todo a salir de nuestro propio país y regresar, comentó la directora del IDGT.
Aunque aclaró que existe controversia sobre el derecho a ingresar a otros países, por la autonomía que poseen los Estados sobre decidir quién entra o no a sus territorios, existe toda una legislación internacional que habla sobre la no discriminación, el derecho a la protección internacional por los estatutos de refugiados y el derecho a regular el ingreso a otros países, por condiciones extremas que pueden estar motivando la migración en determinados contextos.
Esas y otras pautas nacionales e internacionales mínimas y máximas, revisadas y acordadas durante varias décadas, otorgan garantías sobre la migración de las personas, pero a criterio de Roldán, existe actualmente una serie de condiciones que afectan de manera particular sobre los servicios que el Estado de Guatemala debe brindar a su población.
“La corrupción en las empresas que han ofertado el servicio de pasaportes al Estado guatemalteco, lamentablemente se ha convertido en un negocio difícil de auditar”, agregó.
Esa problemática se ve reflejada en una crisis muy fuerte de institucionalidad de Gobierno, que a criterio de la experta, implica en una baja legitimidad, asociada a acciones de corrupción, que afecta a todos los servicios del Estado, uno de ellos la emisión o renovación de los pasaportes.
“Esto afecta lo que se denomina una migración documentada y regular, porque es el mínimo derecho a salir de nuestro país en el tiempo oportuno y regresar en esas mismas condiciones, pero con esos meses que son de espera – para las citas- estamos afectando a muchos otros derechos, esto es sumamente grave porque refleja la crisis de institucionalidad pública”, opinó Roldán.
La experta añadió que la burocracia no resulta eficiente y al poner en peligro otra serie de derechos para la población, instituciones como el Congreso de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) o la Contraloría General de Cuentas (CGC) deberían actuar.
IGM sigue recomendaciones de citas
Alejandra Mena, vocera del IGM informó que el sistema de citas implementado para los trámites asociados al pasaporte obedece a las recomendaciones del sistema de alertas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, “que nos permite atender hasta 40 personas por hora, razón por la cual se agenda 350 citas diarias”.
Según Mena la demanda por el pasaporte incrementó durante la pandemia de coronavirus, pero aseguró que los casos diarios de emergencias son atendidos.
Sobre la descentralización del servicio, Mena indicó que las autoridades realizan coordinaciones para descentralizar la atención de pasaportes, actualmente se atiende en Chiquimula, Petén y Quetzaltenango, sin embargo, se busca atender en nuevos espacios que permitan agilizar la emisión del pasaporte. En los próximos días se estará dando a conocer una nueva modalidad que permitirá atender los casos urgentes por tema de pandemia.
Y en relación a los señalamientos y denuncias que los usuarios realizan por las redes sociales, Mena dijo que se han atendido las recomendaciones emitidas por PDH y se tiene habilitado un número de denuncias 42149091 en donde la población puede denunciar actos de corrupción.
