Por Lourdes Álvarez Nájera
La Asamblea Universitaria por el Rescate de la Universidad de San Carlos de Guatemala formalizó una petición para que se aparte de su cargo al rector Murphy Paiz y a Estuardo Gálvez como representante docente ante el Consejo Superior Universitario (CSU), por sus antecedentes y la resolución que los ligó a un proceso penal en el caso Comisiones Paralelas 2020.
El documento que fue respaldado por 300 sancarlistas entre estudiantes y profesionales, deriva de diferentes análisis y reuniones sobre la situación por la que atraviesa esa casa de estudios superiores, así como por la crisis institucional que la universidad sufre desde hace décadas, enfatizó Carlos Samayoa, secretario general del Sindicato de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas.
Samayoa dio lectura al documento presentado y detalló que la petición al CSU se deriva de las acciones de Paiz y de Gálvez, en sus cargos de rector y como representante docente, debido a que incurrieron en actos cuestionables que desviaron el rol histórico y la función estatal que le corresponde a la USAC.
Señaló que la crisis también se refleja en el incumplimiento de las autoridades universitarias en la mayoría de los 18 acuerdos derivados de la toma de la universidad en el 2019, por parte de estudiantes y colectivos en resistencia pacífica.
“Entre esos acuerdos está el uso adecuado de las instalaciones de la universidad, el resguardo documental de los archivos históricos, priorizando el del archivo histórico de la Policía Nacional Civil y un reglamento del Ejercicio Profesional Supervisado, para no desvirtuar los fines y la naturaleza del mismo”, añadió Samayoa.
Los sancarlistas también piden la destitución de los puestos de personas de dudosa reputación y ligados con actos violentos en contra de estudiantes, además del cumplimiento de una política de seguridad con enfoque de género apegada al respeto de los derechos humanos y la dignidad de la comunidad sancarlista, que no tolere la violencia o acaso de ningún tipo hacia las mujeres, entre otros.
Otro de los puntos que destaca en el documento entregado al CSU es la ilegitimidad de las actuaciones de la actual administración universitaria que derivan en la inestabilidad laboral en el Centro de Aprendizaje de Lenguas (CALUSAC) y en varias unidades académicas, por anomalías en los procesos de contratación y promociones docentes no adecuadas.
Eduardo Velásquez, docente e investigador del Centro de Estudios Universitarios Regionales (CEUR) reiteró que el CSU debe dar cumplimiento a sus funciones y proceder a la inmediata desvinculación de los cargos universitarios de Paiz y de Gálvez, además “todos deben colaborar con la Fiscalía Especial contra la Corrupción, la Contraloría y demás instancias gubernamentales para el pronto esclarecimiento de las actividades de corrupción”.
Velásquez también hizo un llamado a la organización y articulación de estudiantes, trabajadores, docentes e investigadores, para el rescate de la universidad pública, nacional y autónoma.
“Es una cruzada pasa sacar a los corruptos de la USAC y que se mantengan presos como ahora están por tanta corrupción que ha hecho tanto daño. Que el pacto de corruptos sepa que en la universidad de San Carlos todavía existen universitarios dignos, honrados y decentes que estamos para defender la autonomía de nuestra tricentenaria”, puntualizó Velásquez.
El Ministerio Público señaló a Paiz y Gálvez por formar parte de una estructura que habría realizado maniobras fuera de ley para definir a los aspirantes a magistrados de salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia y el caso es reconocido como Comisiones Paralelas 2020.
Paiz y Gálvez se encuentra en prisión preventiva en la cárcel militar Matamoros mientras se fija una fecha para el inicio de las audiencias.
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