Por Prensa Comunitaria
El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (COFAQUI) manifestó su preocupación por las implicaciones que pueda tener un incremento en el valor de las licencias, registros sanitarios y permisos, por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), al considerar que dicho aumento es desmedido e injustificable, en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando, en su criterio, se deben garantizar las actividades industriales y comerciales, afines a la salud de la población guatemalteca.
Un comunicado de la junta directiva del COFAQUI recuerda que la propuesta fue hecha por la Dirección General de Regulación Vigilancia y Control de Salud (DGRVS), en conjunto con la Cámara de Industria de Guatemala, por lo que recientemente envió un oficio a dicho ente, para que se mantenga en suspenso la vigencia de los nuevos cobros, mientras se realiza un análisis técnico de las implicaciones que pueda tener.
En su criterio, dicho análisis debe incluir los impactos económicos de tal decisión, principalmente en el costo de los medicamentos, insumos médicos y en productos de higiene y cosméticos, entre otros, así como en el costo de los diferentes servicios que prestan los laboratorios y actividades afines.
Es preocupante que el próximo uno de junio tomen vigencia las nuevas tasas y aún no se haya emitido el acuerdo gubernativo respectivo que amplíe el plazo acordado verbalmente con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, indican.
A ocho días del referido plazo, la situación mantiene en incertidumbre a los profesionales agremiados a este colegio, que recurren a dichos servicios técnicos para el desempeño de sus importantes funciones en hospitales, clínicas, industriales y comerciales, entre otras, al no contar con certeza jurídica para sus gestiones.
Ante esto, el COFAQUI solicita al presidente Alejandro Giammattei y a su Gabinete de gobierno, firmar y publicar el acuerdo respectivo para postergar la vigencia de la medida hasta el 1 de enero de 2022, para continuar en los próximos siete meses con el análisis técnico interinstitucional.
Asimismo, solicita a la Procuraduría General de la Nación (PGN), agilizar las gestiones internas para que el anteproyecto enviado al Ministerio de Salud contenga las modificaciones correspondientes y el aval institucional para remitirlo a la Secretaría General de la Presidencia de la República.
El Ministerio de Salud debe continuar las gestiones ante el Ejecutivo, para que emita el acuerdo lo más pronto posible y dar cumplimiento así a los compromisos de las autoridades de la cartera con quienes se ha tenido comunicación directa.
