Por Francisco Simón Francisco
En Santa Cruz Barillas la población Q’anjob’al del Movimiento de la Sociedad Civil conmemoró este sábado 10 de abril, 8 años de historia de lucha y de la Resistencia Pacífica Poza Verde, ante la llegada de la empresa Hidro Santa Cruz subsidiaria de la empresa transnacional Ecoener Hidralia, propiedad del empresario español Luis Castro Valdivia.
Hidro Santa Cruz tenía a su cargo la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Q’anb’alam, que empezó a hacer de forma arbitraria, violenta y sin consulta. Tenía dos licencias autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) incumpliendo lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
La imposición de este megaproyecto, la población de Barillas recuerda que ocurrió en el 2012. Se hizo desconociendo la postura, opinión, realidad y necesidades de los comunitarios que habitan en el área, donde se pretendía ejecutar la construcción de esta hidroeléctrica. Además se hizo con un Estudio de Impacto Ambiental fraudulento.
Esta situación los motivó a organizarse un 7 de abril de 2013 en resistencia de una forma pacífica, un plantón permanente que ocupa el lugar denominado Poza Verde para impedir la entrada de constructores, ingenieros y maquinarias de la citada empresa.
Durante los 8 años de resistencia, ocurrieron asesinatos, encarcelamientos, detenciones ilegales, persecución penal y la incursión de elementos de la Policía Nacional Civil y el ejército en contra de la población en resistencia que exigían que el Estado de Guatemala y las empresas atendieran sus demandas.
No obstante, en diciembre de 2016 a través de un campo pagado Hidro Santa Cruz anunció su retiro en el país argumentando que había renunciado a los derechos otorgados por el Estado de Guatemala para la ejecución de su proyecto en Santa Cruz Barillas.
Esta empresa en lugar de llevar desarrollo a la región, generó en la sociedad un ambiente de conflictividad y división comunitaria con las lógicas de violencia, control y dinámicas de despojo, dejando en la población cicatrices de abusos y violación a los derechos humanos que alteraron sus condiciones de vida, relación, comunicación y participación política.
A 8 años de la resistencia, todavía hay personas con persecución política y órdenes de captura. La comunidad sigue exigiendo justicia y en defensa del territorio y los recursos naturales.