Por Francisco Simón Francisco / Nelton Rivera
En varias ocasiones Rigoberto Juárez Mateo ha sido objeto de amenazas de muerte. Se le interpela constantemente por su autoridad en el territorio norte de Huehuetenango. Los ataques se hacen desde varios perfiles falsos en redes sociales, perfiles que, aparentemente, se muestran afines a los intereses de la empresa Energía y Renovación, S.A. Esos perfiles también lanzan ataques en contra de periodistas de Prensa Comunitaria y otras autoridades como Lucas Jorge de la comunidad Nuevo San Mateo y Julio Gómez de San Mateo Ixtatán.
Este netcenter, que está formado por unas 11 cuentas con perfiles falsos, reproducen la misma información; mientras que otras cuatro en apariencia pertenecen a trabajadores de la empresa: Amílcar González, Abigael Mauricio, Gaspar Francisco y Mingo Diario.
El hecho más reciente ocurrió con la publicación de una fotografía presuntamente tomada por el abogado José Estuardo Luna Santos, representante legal de la empresa, en la que aparece Rigoberto Juárez junto al periodista Francisco Lucas Pedro durante la audiencia del proceso abierto en contra Julio Gómez Lucas, el 26 de enero en el Centro de Administración de Justicia (CAJ), en Santa Eulalia. La foto fue utilizada para una nueva campaña de difamación en contra de ambos.
Las fotografías tomadas fueron publicadas un día después en un perfil de Facebook con el nombre de René Medina, una cuenta que se ha utilizado en otras ocasiones para criminalizar, atacar y desprestigiar a personas que defienden los recursos naturales y el territorio en los tres municipios en donde operan estas empresas.
A criterio de Juárez Mateo, “existe una manipulación de la información de parte de la empresa en mención que pretende instalar una hidroeléctrica en el municipio de San Mateo. En varias ocasiones se ha utilizado cuentas en Facebook para difamar y estigmatizar mi labor de defensor de la vida y el territorio. Y en algunas ocasiones se han utilizado para realizar amenazas de muerte. Lo que me lleva hacer la denuncia de los hechos ocurridos el día 26 de enero del año 2021, en la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia en el Centro de Administración de Justicia, ubicado en el municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango”.
Esta de campaña de desprestigio, ataques y difamación en contra Rigoberto Juárez Mateo, ocurrieron posteriormente al cierre de un caso penal promovido en su contra por la empresa Cinco M, propiedad de la hidroeléctrica San Luis, en el que tuvo que esperar seis años para el juicio de debate oral y público. Para que pudiera cobrar su pleno derecho de libertad, junto a Domingo Baltazar, otro de los sindicados, se acogieron a un proceso abreviado que implicaba que pedir disculpas públicas a los agraviados en un proceso penal que inició desde 2014, cuando Iván Ovalle Altuve, representante de la empresa, los denunció por los delitos de detención ilegal, amenazas, coacción y detención ilegal, luego de una manifestación de oposición en contra de la hidroeléctrica San Luis.
La lista de agravios en contra de Rigoberto
En 2011 después de que la empresa Energía y Renovación S.A, logró obtener la licencia de dos plantas hidroeléctricas en el territorio de la población chuj y q´anjob´al, en la zona norte y fronteriza del municipio de San Mateo Ixtatán. Se implantaron mecanismos de agresión criminalización, represión, persecución, detenciones ilegales, aprensión y una serie de asesinatos en contra de la población, sus autoridades comunitarias rechazaron la llegada de megaproyectos en la microrregión de Yichk´isis, conformada por ocho comunidades y tres caseríos.
Como ocurre en otras latitudes del país, los oriundos de San Mateo Ixtatán, a raíz del abuso, la prepotencia y la violencia ejercida por esta empresa para imponer sus proyectos, se organizaron para defender los recursos naturales y el territorio; en colectivo eligieron a sus autoridades para que fueran la voz de su lucha en instancias judiciales, constitucionales e internacionales.
Las agresiones contra las autoridades locales y ancestrales se hacen cada vez más visibles, constantes y de diversos modos. Tres de ellos sufren este tipo de violencia. A nivel regional se encuentra el caso de Lucas Jorge García, presidente de la microrregión de Yichk´isis, electo democráticamente en asamblea por alcaldes auxiliares, Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocodes) y por otros comités. Actualmente dirige la región de forma administrativa por un periodo de dos años y la resistencia social de forma organizativa, acompaña los procesos de reuniones, asambleas y todo lo relacionado a las luchas de la población chuj y q´anjob´al en contra de empresas hidroeléctricas en el territorio.
A nivel municipal, Julio Gómez Lucas es reconocido como autoridad ancestral de la Nación chuj y actualmente tiene un proceso penal abierto por los delitos de instigación a delinquir, reuniones o manifestaciones ilícitas y agrupaciones violentas. Acusado por la empresa Energía y Renovación, S.A. y por dos de sus operadores por su posible participación en una manifestación pacífica en la microrregión de Yichk´isis, el 19 de junio de 2018. Lucas Gómez, vive en el área urbana del municipio, a 43 kilómetros de la microrregión, lo que nos lleva a pensar que fue imposible vincular su participación en la manifestación.
Por su liderazgo y convicción asumió la representación de personas que decidieron organizarse para rechazar la operación de la empresa Energía y Renovación, S.A. Ha enfrentado varias agresiones, en 2019 fue detenido contra su voluntad y secuestrado junto a su esposa por un grupo de personas vinculadas a los intereses del actual alcalde municipal en la aldea Tz´ununkap, mientras entregaba materiales para la construcción.
El caso más emblemático se trata de Rigoberto Juárez Mateo, a quien se le ha acusado, detenido y encarcelado de todo tipo de delitos por su activa participación, representación y legitimidad que ostenta en la región norte del departamento.
